La firma Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que producía los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra por la Justicia comercial y dispuso el cierre definitivo de sus operaciones. La medida afecta directamente a unos 200 trabajadores en Córdoba, donde funcionaban una planta industrial y un centro de distribución que abastecía a toda la región.
El fallo fue dictado por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N.º 29, quien ordenó la liquidación final de la empresa luego de que fracasara el proceso de concurso preventivo abierto en abril de este año. La compañía no recibió propuestas de salvataje por parte de terceros, pese a que se mencionaron interesados como Inverlat —dueño de Havanna—, el grupo Werthein y el fondo CarVal.
ARSA también contaba con otra planta en Arenaza, provincia de Buenos Aires, que empleaba a unas 180 personas, además de una red logística de 165 distribuidores que llegaban semanalmente a más de 70 mil puntos de venta. En total, más de 400 trabajadores quedan ahora en una situación laboral incierta.
La láctea había sido transferida por SanCor al grupo Vicentin en 2016, en una operación valuada en unos 100 millones de dólares. Luego, su gestión pasó por distintos fondos vinculados al holding y, en los últimos años, quedó en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también propietarios de La Suipachense, a través de Maralac S.A. Desde entonces, el proyecto atravesó conflictos financieros y operativos que derivaron en la actual disolución.
Según fuentes gremiales, los problemas se habían agudizado durante los últimos meses: los empleados denunciaron pagos parciales y en efectivo, además de la falta de aportes a la obra social durante más de tres años. La empresa había prometido una reorganización productiva en mayo, pero nunca retomó la actividad ni cumplió con las obligaciones salariales pendientes.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) aseguran que la crisis de ARSA no responde a la coyuntura del sector, sino a "una gestión ineficiente y un proceso concursal irregular". El gremio ya había advertido sobre los incumplimientos y, ante la falta de respuestas, varios trabajadores decidieron darse por despedidos antes del fallo judicial.
