Según los últimos datos del INDEC, la inflación en marzo alcanzó al 4,8% mensual. Esto hace que en el 1° trimestre del 2021 el aumento de los precios sea del 4,2% promedio mensual. Frente a este escenario, IDESA elaboró un estudio donde señalan que si no se logra revertir esta tendencia, la inflación anual en el 2021 llegará al 60%. El doble de la meta planteada por el gobierno.
El aumento de la inflación observado en el 1° trimestre del 2021 hace presagiar que el salario real seguirá cayendo. Asociado a ello, se profundizará el retroceso social. Enfrentar la pandemia es lo urgente. Pero lo más importante es abordar un ordenamiento integral del Estado para recuperar la estabilidad y el crecimiento.
El proceso sorprende y preocupa porque el gobierno viene desplegando una amplia batería de acciones tendientes a reducir la inflación. El ritmo de devaluación y de actualización de las tarifas de los servicios públicos va por debajo del aumento de los precios. Se logró que la mayoría de las paritarias se alinearan con la meta oficial de 30% de inflación. Si bien el déficit fiscal es muy alto, se moderó respecto al año pasado y se viene aplicando una política monetaria conservadora. La mayor parte del déficit se financió con deuda y el Banco Central llevó al extremo la absorción monetaria con Pases y Leliqs.
Ante este escenario, IDESA cuestiona si con la aceleración inflacionaria el gobierno podrá cumplir la promesa de que los salarios crecerán por encima de la inflación. Para responder esa duda, se utilizaron datos del Ministerio de Economía. Así, se observa que:
- En el 2018 la inflación fue de 3,3% promedio mensual y los salarios crecieron a razón del 2,7% mensual.
- En el 2019 la inflación fue de 3,7% mensual y los salarios crecieron a razón de 3,0% mensual.
- En el 2020 la inflación fue de 2,6% mensual y los salarios crecieron a razón de 2,4% mensual.
Las medidas del Gobierno para contener la inflación son "parches", según consultoras
Por lo tanto, estos datos muestran que, más allá de la pandemia, la Argentina transita un nuevo ciclo de estancamiento con alta inflación y un impacto muy negativo en el salario real. La caída en el salario real de los trabajadores formales desde que se inició la crisis en el 2018 es del 15%. El resto de las remuneraciones, como las jubilaciones y los salarios informales, siguen la misma tendencia. Aunque los pronósticos sean de recuperación de la actividad productiva luego de la pandemia, con una tasa de inflación por encima del 4% mensual es imposible que los salarios le ganen a la inflación en el 2021.
Mientras la inflación se mantenga alta no hay posibilidades de revertir este proceso de regresión. Intentar compensar la inflación con mayores aumentos de salarios solo servirá para acelerar el incremento de los precios. Tampoco resulta eficaz “reprimir” la inflación para que los salarios le ganen a la inflación con atraso cambiario, congelamiento de tarifas públicas, controles de precios y contracción monetaria a través del aumento de la deuda pública.
Nuevo piso de haber mínimo | El consejo del salario se reunirá el 27 de abril
De acuerdo con el informe, la sostenida caída del salario real se origina en el mal funcionamiento de la economía que, a su vez, deriva del desorden en el sector público. Lo que viene prevaleciendo desde hace décadas es una propensión sistemática a gastar por encima de los recursos y a la degradación en la calidad de los servicios del Estado. Ni en el gobierno anterior ni en el actual hubo vocación por impulsar cambios de esta realidad. En el anterior, se consideró que alcanzaba con un plan gradual de reducción del déficit fiscal. En el actual, más allá de los gastos extraordinarios del Covid-19, se considera que es posible y deseable seguir expandiendo el gasto público sin mejorar la calidad de la gestión.
Lo urgente es enfrentar la segunda ola del Covid-19. Las prioridades son acelerar el plan de vacunación y encontrar las vías más eficaces para morigerar los contagios respetando los límites que impone el cansancio generalizado. Pero lo importante es aprovechar la crisis para abordar el ordenamiento del sector público. Se trata de un desafío enorme porque requiere sustento político y capacidad profesional para desplegar un ambicioso proceso de reconstrucción institucional.
