El economista e historiador Mario Rapoport sostiene que existe una continuidad entre el proyecto económico iniciado en 1976 y lo que aplicaron sucesivos gobiernos argentinos. En una entrevista con PERFIL estableció paralelismos entre varios periodos de la historia y lo que se está implementando en la actualidad. También se refirió al anuncio de los gobiernos argentino y estadounidense de un acuerdo comercial entre ambos países: “Hay que comprender al nuevo tratado comercial en clave geopolítica, como una acción defensiva de los Estados Unidos frente a la presencia China en Argentina y la región”, expresó.
–Dijo recientemente que el programa económico de Milei ya fue aplicado en la dictadura y en los años 90 con resultados desastrosos. ¿Cuáles son las similitudes que ve con aquellos modelos ya ensayados y cuáles las diferencias con el momento actual?
–Sí, hay una continuidad casi explícita con el programa económico implementado por la última dictadura militar. Para acercarnos a una posible respuesta es necesario hacer un rodeo histórico para comprender con mayor cabalidad la encrucijada en la que nos encontramos como nación. El país tuvo a lo largo de su historia económica tres etapas bien definidas desde la constitución del Estado Nacional en 1880: la etapa agroexportadora, aunque en el plano económico sus inicios son anteriores a esa fecha; la etapa de industrialización por sustitución de importaciones; y la etapa rentístico-financiera. En las dos últimas etapas nunca perdió “centralidad estructural” el campo en el sector externo para la obtención de divisas.
A mediados de los años 70 Argentina por intermedio de políticas neoliberales financiarizó su economía, lo que conllevó una progresiva destrucción de sus bases productivas. En nuestro país se impuso un capitalismo financiero, especulativo y excluyente por sobre un capitalismo industrial, productivo y con espíritu inclusivo. Las continuidades y objetivos compartidos en estos tres momentos del país se descubren cuando avanzamos con mayor detenimiento.
El objetivo del golpe de Estado de 1976, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas con complicidad de los grandes grupos económicos, fue la reestructuración sobre todo económica, pero también política y social de la Argentina. Esta reestructuración total sólo podía hacerse mediante una campaña sistemática para disciplinar, por medio del terror estatal, al conjunto social. Se prohibieron huelgas, asambleas, negociaciones colectivas y se abolió la Ley de Asociaciones Profesionales. Entre los objetivos del programa económico de Martínez de Hoz presentado el 2 de abril de 1976 se destacaban: elevar la eficiencia del sistema productivo, restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado, frenar la inflación y equilibrar la balanza de pagos. En este sentido, para elevar la eficiencia, como se argumentaba, había que aprovechar las “ventajas comparativas”, para lo cual la economía argentina debía especializarse en los productos de mayor aceptación en el mercado externo, abortando el proceso de industrialización. El instrumento central consistía en equiparar los precios internos con los externos, con lo cual los sectores ineficientes serían desplazados del mercado interno por las importaciones, mientras que los eficientes prosperarían. Casi punto por punto el programa económico de Milei.
Otro de sus objetivos centrales fue reducir el sector público y mantener en equilibrio las cuentas públicas. Para lograrlo se aumentó la presión tributaria y los precios de los servicios públicos, se redujeron salarios, se despidieron empleados estatales y se produjeron varias privatizaciones. Medidas, todas ellas que reaparecieron con renovada fuerza en la larga década menemista, en la administración de Macri y en el actual gobierno de Milei, aunque en intensidades, condiciones nacionales e internacionales distintas. Por eso creo firmemente que la decadencia de Argentina obedece a las políticas neoliberales aplicadas a partir de 1976.
El gobierno militar, a través de su equipo económico, se planteó desde el inicio producir una transformación profunda de las reglas de funcionamiento del sistema económico y una apertura acelerada al mercado internacional. Se alentó la retracción en la capacidad del Estado para intervenir en la economía, y esa intervención se dirigió en un sentido distinto al que se venía desarrollando en las décadas anteriores a la dictadura militar, favoreciendo a los sectores exportadores tradicionales, a la patria financiera y a los grandes grupos económicos locales. Un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera sólo posible por el disciplinamiento social que utilizó todos los recursos del Estado para arrasar con la oposición política.
El proceso abierto con el golpe de estado del 76 fue, en perspectiva histórica, el ataque más frontal y masivo contra todas las dimensiones de la densidad nacional que para Aldo Ferrer no era otra cosa que “el conjunto de circunstancias que determinan la aptitud de una sociedad de defender con eficacia sus intereses nacionales”. La cohesión social, los liderazgos con vocación de patria, las instituciones, el pensamiento propio y la convivencia civilizada en la sociedad argentina eran parte de dicho entramado afectado. Esto se verificó, también, con la puesta en práctica de una política económica y una política exterior que casi provoca una guerra con Chile y llevó al país a la guerra y a la derrota en Malvinas. En un período caracterizado por la intensificación de la globalización de los capitales especulativos y el inicio de la instalación del neoliberalismo en los países centrales, el deterioro de la densidad nacional generó las peores respuestas posibles a las nuevas tendencias de la globalización.
El modelo aperturista implementado por la dictadura tuvo un profundo impacto sobre la mayor parte de la población, no sólo a través de la caída del salario real, sino reduciendo la participación de los asalariados en el ingreso nacional del 45% al 27% entre 1974 y 1983. Este aspecto de la política económica afectó la capacidad de consumo de los trabajadores y dio lugar a un fenómeno que tendría continuidad: la pauperización de vastas franjas de la clase trabajadora y sectores medios. La disminución de establecimientos industriales y la reducción del personal ocupado, la liberación del precio de los alquileres, el aumento del trabajo precario cuentapropista y el desempleo oculto en un clima de represión dieron lugar a un deterioro general de las condiciones de vida.
Lo cierto es que la preocupación por reducir el gasto y el déficit fiscal no tuvo traducción en la realidad. En el ínterin, el proceso inflacionario no pudo detenerse y era lo único que seguía su curso. Estaba sucediendo todo lo contrario de lo que Martínez de Hoz quería lograr en su discurso inicial: el aparato productivo se resquebrajó, las condiciones de vida se deterioraron y la especulación se acentuó. Recordemos que desde 1976 comenzó, también, un proceso de apertura del comercio exterior caracterizado por la rebaja de aranceles, agravado periódicamente por la sobrevaluación de la moneda local.
Lo que quiero dejar en claro es que, a partir de marzo de 1976, se produce un verdadero punto de inflexión en la historia del país, que significa no sólo el terrorismo de Estado y la pérdida de futuras generaciones de líderes políticos o sociales, sino la convicción por parte de las elites tradicionales de que las proscripciones políticas ya no servían para neutralizar las alianzas populistas y sus peligros sobre el orden social establecido; era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica en la que se asentaba. La flamante gobernanza neoliberal también requería la reformulación del papel del Estado.
La gestión del presidente Carlos Saúl Menem se inicia en julio de 1989, luego del abandono anticipado del gobierno de Alfonsín frente a la debacle económica. En ese año se produjo la caída del muro de Berlín, que preanunció el fin de la URSS y la desintegración del bloque soviético y con él también del mundo bipolar. Este hecho unido a la globalización financiera, impulsada por cambios tecnológicos, una alta liquidez internacional y la expansión de los mercados especulativos, generó otra sobreabundancia de capitales financieros en el norte que contribuyó a un nuevo e incontrolable proceso de endeudamiento externo en los países emergentes. Un aspecto fundamental del proceso de liberalización durante el menemismo fue la apertura financiera y la desregulación del mercado de capitales. Ya en 1989 se estableció una total libertad de ingreso y egreso de capitales, y se autorizó la salida irrestricta de fondos en concepto de royalties, intereses, dividendos, etc. El mercado de capitales se vio favorecido por el ingreso masivo de inversiones financieras del exterior, que convirtieron a la Argentina en un nuevo “mercado emergente”. En materia de comercio exterior se dio un notable avance de las importaciones relacionado, en primer lugar, con el levantamiento de numerosas restricciones, tanto arancelarias como no arancelarias, utilizadas en el pasado para proteger a la industria nacional o para tratar de sostener un superávit comercial que generará divisas para el pago de los intereses de la deuda externa. La industria local sufrió una competencia cada vez más dura a partir del ingreso creciente de mercaderías extranjeras debido a que el tipo de cambio estuvo sobrevaluado en relación con las necesidades de los productores de bienes exportables y de bienes transables destinados al mercado interno. Con la combinación de apertura comercial y dólar barato se repetían así las condiciones del período de la “plata dulce” bajo la gestión de Martínez de Hoz, durante la dictadura militar. Tal como ocurrió en la segunda mitad de los años 70, primó en la orientación oficial un criterio de eficiencia microeconómica, sin interés por la necesidad de preservar y desarrollar una estructura industrial integrada.
El 1º de abril de 1991 se estableció la convertibilidad que fijó como paridad cambiaria sin límite temporal la de 10.000 australes por dólar. La ley dispuso la libre convertibilidad de la moneda nacional con respecto a cualquier moneda extranjera, y estableció que los contratos deberían ser cumplidos en la moneda que fijaran las partes. Se prohibió la emisión de dinero no respaldada en un 100% por reservas de libre disponibilidad (oro, divisas, títulos de otros países y títulos nacionales emitidos en moneda extranjera) y se anularon las indexaciones, intentando evitar la traslación de la inflación pasada hacia el futuro. El Banco Central fue autorizado también a cambiar la denominación del signo monetario. En consecuencia, a partir del 1º de enero de 1992 se estableció el peso como moneda de curso legal, equivalente a 10.000 australes, y se fijó el tipo de cambio de 1 peso por dólar. Pero a los pocos años de su implementación, se volvió insostenible al no ponderar las diferencias de poder adquisitivo de la moneda en cada país. Además, el esquema de convertibilidad dependía de un persistente ingreso de divisas del exterior, ya sea a través del superávit de la balanza comercial o de flujos positivos de capitales. El endeudamiento externo seguía comiendo divisas y la falta de emisión del peso para mantener su valor produjo una escasez monetaria que devino en la creación de monedas locales sustitutivas. El estancamiento de las exportaciones y el aumento exponencial de las importaciones provocaron fuertes déficits comerciales, mientras que los capitales tendieron a fugarse. Los ajustes fiscales del gobierno de De la Rúa agravaron la situación. El modelo de convertibilidad fracasó.
"La democracia inaugurada en 1983 juzgó al brazo ejecutor del terrorismo de Estado, pero no problematizó el modelo económico heredado"
A lo largo de la década menemista las políticas de apertura y desregulación se enmarcaban en el objetivo de dejar en manos del mercado la reasignación de los recursos productivos, bajo el supuesto de que aquél proporcionaba resultados más eficientes que otros tipos de regulación. Bajo este punto de vista, al someter al conjunto de las actividades productivas a la competencia externa, la forma de conquistar nuevos mercados y ampliar las exportaciones, consideradas como la llave del crecimiento económico, era en base al incremento de la competitividad. Para avanzar en este sentido, uno de los principales medios elegidos por la conducción económica para hacerle frente a las nuevas formas de organizar el trabajo fue la reducción del denominado costo laboral. Una reforma laboral largamente reclamada por los grupos empresarios, cuyos antecedentes también se encuentran en las políticas implementadas por la dictadura militar. Se trataba de eliminar, o acotar, las denominadas “rigideces” del mercado de trabajo, es decir, todas las normativas, los convenios colectivos de trabajo que limitaban las posibilidades empresarias de dirigir la fuerza laboral de acuerdo con su conveniencia. Esta situación que implicaba la eliminación de conquistas laborales, una precarización de las condiciones de trabajo y el sometimiento creciente de los asalariados al arbitrio de los empresarios, fue facilitada por la desmovilización social generada a partir de la situación recesiva y la hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín y en los primeros tiempos del gobierno de Menem, así como por el hecho de que una fracción importante de los dirigentes sindicales estaban comprometidos con este último gobierno.
De modo que con la dictadura se produce un momento de corte que cambia el patrón de acumulación de capitales, con la bicicleta financiera y la apuesta al dólar, provocando una derrota política por la aniquilación de varias generaciones de dirigentes y cultural porque se anulan deliberadamente los valores del pasado productivista e intelectual que movían al país. La democracia inaugurada en 1983, entre otras conquistas, juzgó al brazo ejecutor del terrorismo de Estado, pero no problematizó el modelo económico heredado y hasta la fecha se le presenta como su límite insuperable.
La presencia e influencia norteamericana en estos tres momentos que reconstruimos es notable. Del sustento ideológico y material de la Doctrina de Seguridad Nacional para los gobiernos militares latinoamericanos en los setenta; las “relaciones carnales” y el Consenso de Washington en los noventa; a este pleno alineamiento y subordinación de la Argentina de Milei con los Estados Unidos de Donald Trump.
–¿Cuáles podrían ser, entonces, los resultados de este modelo? ¿Es posible que estas ideas que no son nuevas produzcan resultados nuevos, teniendo en cuenta el contexto mundial y nacional en el que estamos?
–Argentina padeció, especialmente en los últimos 50 años, la reprimarización de su economía, un fuerte proceso de desindustrialización y el predominio del sector financiero, factores que, conjugados con la alta volatilidad de sus predominantes exportaciones agropecuarias –que en varios períodos estuvieron sujetas al deterioro de los términos del intercambio– explican el fuerte retraso en su desarrollo económico respecto, por ejemplo, de Australia y Canadá.
El objetivo fundamental de Milei cuando asumió la presidencia era acabar con toda institución reguladora de “la interacción humana” por fuera de las «leyes» de la oferta y la demanda. Convencidos de que «no existen fallas de mercado», los gobernantes de extrema derecha de los países periféricos anhelan una desregulación económica total, una mercantilización de la vida y la liquidación de la dimensión social de los Estados. “Todo auto puede convertirse en Uber y todo ser humano puede morirse de hambre”.
En estos últimos años se han dado varios pasos en esa dirección. La Ley de Bases mileísta reitera los mismos principios que orientaron el programa político-económico de la dictadura militar. Un plan de ajuste fallido, ejecutado sobre una montaña de trabajadores empobrecidos, perseguidos y desaparecidos, que procuraba, por medio de un endeudamiento sin precedentes, estabilizar la inflación y suprimir definitivamente cualquier intento de implantar una economía nacionalista y redistributiva. Esos mandamientos que Milei quiso imponer a los gobernadores como precondición de lo que llamó de manera grandilocuente el “Pacto de Mayo” no son más que la quinta remake doméstica ensayada por los neoliberales: la dictadura, Carlos Menem, De la Rúa, Mauricio Macri y, ahora, un Javier Milei decidido en avanzar en una reforma laboral a imagen y semejanza del poder económico. Lo preocupante, en este caso, es que su iniciativa política es una respuesta a un problema pospuesto en la agenda de los gobiernos populares. La extrema derecha intenta reformular el marco jurídico laboral no para ampliar la seguridad social sino para acentuar la precarización laboral. También ocurre que muchos creen que los derechos conseguidos son para siempre, y la historia demuestra lo contrario en toda su dramaticidad.
En términos de programa económico no hay mayores novedades en Milei, la novedad está en el modo de adhesión política y composición social de su electorado. Además de su extravagante adulación a Donald Trump, Milei constituyó un partido político que construyó en gran parte su masividad desde el lenguaje virtual y las derrotas ajenas, basado en un estilo iconoclasta y contestatario, y en el uso intensivo de trolls, discursos de odio y fake news, conquistando, primero, a una parte de la juventud y, luego, interpelando transversalmente a amplios segmentos sociales que buscan, en el horizonte de su descontento y expectativas de estabilización, una salida rápida al sinsentido, a la inflación endémica, y a la inseguridad de la Argentina. En este punto son fundamentales las investigaciones empíricas desde las ciencias sociales que aclaran que la adhesión a Milei no se da exclusivamente y mayoritariamente en términos de ideología libertaria, sino por un proceso de politización anclado en la experiencia, en términos de supuestos ideales de mejora económica, seguridad, combate a la corrupción e ineficiencia estatal. El fenómeno mileísta y su adhesión ideológica o electoral se debe a una articulación exitosa entre la convocatoria política y la estructura experiencial de ese potencial electorado. Milei, aunque no nos guste, supo conectar con los malestares y críticas de gran parte de la ciudadanía que se sentía agraviada por la acción “discrecional” del Estado. Pero una cosa es mostrar las inconsistencias de las políticas públicas tratando de mejorarlas y otra es llevar adelante un plan sistemático de eliminación y desmonte final de un cada vez más resquebrajado Estado Social.
"Muchos creen que los derechos conseguidos son para siempre, y la historia demuestra lo contrario en toda su dramaticidad"
–En su trabajo "La teoría de la decadencia económica y el neoliberalismo argentino” (2019) señala que la historia muestra que la decadencia argentina "obedece a las políticas neoliberales aplicadas a partir de 1976" y que la versión criolla del neoliberalismo propone mantenernos siempre dependientes de las grandes potencias. ¿Cree que de alguna manera el gobierno actual es una expresión más del neoliberalismo criollo o simplemente representa una nueva etapa en esa decadencia?
–Por su ubicación en la economía mundial, Argentina es particularmente sensible a los avatares de los países centrales. En los años setenta, mientras la industria brasileña crecía con el amparo estatal, las políticas económicas de Argentina siguieron la doctrina neoliberal, lo que resultó, como lo enunciamos, en la financiarización de la economía y la destrucción de sus bases productivas. De esta manera, hay una continuidad entre Martínez de Hoz, Menem, el fallido gobierno de La Alianza, que en su largo proceso terminó causando las crisis de 2001 y Macri y Milei, con el impacto de la crisis del 2008 y la crisis sanitaria del 2019/2020 que hace que el país, luego de recuperarse en algunos años con desendeudamiento y cierto impulso industrialista, vuelva a caer en crisis.
Convengamos que, en la Argentina, las caídas económicas se deben, sobre todo, al manejo de la economía por parte de los sectores más liberales, que son liberales de palabra, pero en los hechos siempre pujan por tener un sistema de convertibilidad (o dolarización) que les permita beneficiarse con una relación fija del tipo de cambio. Y cuando ya no les conviene, desplazan a los sectores dirigentes como ocurrió con Alfonsín. Cuando Martínez de Hoz llegó al poder en 1976, lo que prometió fue que iba a eliminar la inflación de la Argentina, y no lo logró en absoluto: se mantuvo, e incluso más tarde se produjeron dos fuertes hiperinflaciones.
Actualmente, el gobierno mantiene un régimen cambiario que semeja en algunos aspectos a la convertibilidad menemista. Hubo una fuerte devaluación del tipo de cambio que produjo una estabilización cada vez más precaria de la inflación. La estabilización del dólar completa ese proceso: ya hay una convertibilidad encubierta, pero sin una salida completa del cepo cambiario, lo que la hace muy inestable y dependiente del humor político y de nuevos endeudamientos que acentuarán las crisis del sector externo.
Es menester aclarar que la Argentina gobernada por las distintas variables políticas del neoliberalismo no se endeudó para hacer frente a un estrangulamiento externo que le impedía su desarrollo. Más bien lo hizo para satisfacer los intereses especulativos de reducidos sectores concentrados locales e internacionales. La dictadura de 1976 en el contexto de una banca internacional con alta liquidez y necesidad de colocar fondos –los “petrodólares”– en los países en desarrollo. En la década menemista el endeudamiento externo tuvo de nuevo un rol decisivo, y llevó directamente a la crisis de 2001. Luego, desde 2015 la vuelta política del neoliberalismo con la coalición Cambiemos fue también la vuelta del FMI, con una toma de deuda descomunal. Una fuerza política, recordemos, que se presentaba como “post ideológica” y superadora de la larga decadencia nacional. La fantasía de llegar a ser un “hipermercado del mundo”, acentuando la desindustrialización, se topó con sus propios límites. Finalmente, Milei desde que asumió no ha parado de tomar deuda, y es fundamentalmente producto de la crisis no solo económica sino política vinculada a las dos grandes coaliciones políticas que gobernaron luego del 2001. Su irrupción local se vincula con el desencantamiento ciudadano, en particular a las promesas incumplidas de los gobiernos populares en una economía que no crece desde el 2012, al interior del doble proceso abierto que dejó la crisis internacional del 2008 y su política de austeridad, y la pandemia mundial de Covid-19 en 2020.
–En varios de sus trabajos explica que, a principios del siglo XX, los superávits comerciales con el Reino Unido compensaban en parte los déficits comerciales con Washington. Hoy ese triángulo anglo-argentino-norteamericano que ya no existe, ¿podría reemplazarse por un triángulo similar que se compense con otros mercados, contando a China?
–Argentina formó parte de distintos triángulos comerciales y económicos. Desde la Primera Guerra Mundial, se configuró un triángulo comercial entre los tres países mencionados. Teníamos un superávit comercial con Gran Bretaña y un déficit comercial con los Estados Unidos. El superávit con Inglaterra se compensaba en parte con los excedentes financieros de las inversiones británicas, mientras que el déficit con los Estados Unidos se compensaba con la corriente neta de capitales a la Argentina, financiando sus importaciones con préstamos, con inversiones directas, o con parte del superávit con Gran Bretaña. El sistema funcionaba porque a nuestro país entraban capitales estadounidenses que equilibraban los posibles desajustes que podrían provenir del comercio bilateral con Gran Bretaña. Para explicar el comercio argentino-británico se aludía al lema “comprar a quien nos compra”.
Entre las dos guerras, Inglaterra comenzó a importar de los Estados Unidos mucho más de lo que exportaba hacia aquel país, y su déficit con Argentina contribuyó a aumentar su vinculación con la economía norteamericana. Por otra parte, el comercio triangular significaba, también, para Argentina, supeditar su estructura productiva y, en particular, su producción industrial a las manufacturas y bienes de capital norteamericanos, acrecentando su flujo en la economía local mediante la colocación de títulos públicos en el área del dólar o de inversiones directas, desplazando la influencia económica inglesa. El comercio triangular estaba significando, en realidad, un cambio en las esferas de influencia.
En la segunda posguerra, el funcionamiento del triángulo anglo-argentino-norteamericano se fue debilitando por la mayor competitividad entre las economías argentina y norteamericana, las políticas nacionalistas del gobierno argentino y las dificultades crecientes de la economía británica. La apertura de nuevos mercados, en especial los de la Comunidad Económica Europea a mediados de los años cincuenta, parecía dar una respuesta a esos problemas, aunque sin alterar en el fondo el esquema triangular vigente, pues las principales corrientes de insumos y capitales seguían viniendo de Norteamérica. Sin embargo, esta situación no pudo mantenerse porque la Comunidad Europea comenzó a proteger su producción agrícola obligando a buscar otros mercados. Es entonces cuando se desarrolla una nueva alternativa que en realidad había empezado en forma incipiente años atrás: el incremento de las relaciones con la URSS y los países del entonces bloque socialista.
Los vínculos económicos y comerciales argentino-soviéticos, que adquirieron cierta envergadura a partir de 1953, se afianzaron en la década de 1970 y llegaron a su punto de mayor desarrollo con los gobiernos militares. La principal consecuencia es que la URSS ocupó una posición en muchos aspectos similar a la que tenía en el pasado Gran Bretaña dentro del esquema de triangulación que caracteriza el sector externo argentino, pero la caída del bloque soviético en los años noventa obligó a la Argentina a reconfigurar su política exterior.
En este nuevo escenario, las relaciones de China con América Latina, y en particular con la Argentina se intensificaron, destacándose el intercambio comercial, la creación de obras de infraestructura y los swaps de monedas que posibilitaron una ampliación de nuestras reservas monetarias facilitando la compra de productos chinos.
El dilema esencial en este sentido es si se restablecerá una relación con China distinta a la desarrollada con Gran Bretaña o la Unión Soviética en el pasado, caracterizada por la venta de productos primarios, antes carne y trigo (ahora soja), y la compra de bienes manufacturados o inversiones en infraestructura llevando a la primarización de la economía argentina. El comercio con China podría aumentar el nivel de intercambio permitiendo, quizás, colocar en ella manufacturas nacionales sencillas a cambio de bienes de capital y nuevas tecnologías. Esta “pluralidad de imperios” se debe enfrentar con articulaciones regionales que aspiren a reequilibrar las relaciones asimétricas entre los estados-nación. Sólo se puede avanzar profundizando en otros términos el entramado económico-comercial que China y Argentina gestaron a través de décadas. Por eso no se puede ahogar el multilateralismo comercial desde arriba, priorizando las cuestiones ideológicas a los intereses concretos; y alertando que el carácter aparentemente errático, cambiante o discontinuo que con frecuencia asume la política exterior argentina es la expresión de conflictos sociopolíticos tanto entre la sociedad y el Estado como en el seno de las clases y sectores dirigentes, conflictos que se manifiestan también en divergencias y pugnas por el rumbo de la conducta internacional del país.
"El comercio con China podría aumentar el nivel de intercambio permitiendo, quizás, colocar en ella manufacturas nacionales sencillas a cambio de bienes de capital y nuevas tecnologías"
La globalización neoliberal, como tendencia, atentó siempre en contra de la democracia obligando a los Estados nacionales a obedecer los deseos de los organismos internacionales y las corporaciones con el fin de atraer capitales externos y condicionar sus economías, desprotegiendo los empleos y los ingresos de sus ciudadanos. La única posibilidad de solucionar estos defectos es el de lograr algún tipo de regulación democrática de los mercados o rehacer los acuerdos de comercio e inversión para dar mayor espacio a las decisiones democráticas a nivel nacional. En cambio, cuando la globalización no permite desviarse de sus reglas, la política doméstica queda reducida a definir entre Coca y Pepsi.
–¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Qué resultado podría tener para Argentina en materia de equilibrio comercial? ¿Qué es lo que Argentina debería hacer, qué lecciones podemos aprender de la historia?
–Hay que comprender al nuevo tratado comercial en clave geopolítica, como una acción defensiva de los Estados Unidos frente a la presencia China en Argentina y la región. El acuerdo comercial con los Estados Unidos es anunciado luego del salvataje financiero llevado adelante por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el apoyo público de Trump hacia Milei en las elecciones nacionales de medio término. Lo que hay que considerar es que, más allá de su posible aprobación parlamentaria por contar con las alianzas necesarias, se debatirá en el Congreso, dándose a conocer la letra chica del acuerdo. Tampoco la palabra “acuerdo” sería la más adecuada, más bien estamos hablando de la imposición económica de los Estados Unidos hacia nuestro país.
El “acuerdo” incluye la reducción de aranceles para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco. Todas, detalla el comunicado, medidas orientadas a impulsar un supuesto “crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente”. Es un tratado profundamente regresivo para el país donde, entre otras medidas, la Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para exportaciones de bienes que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una variada gama de productos agrícolas. El gobierno anunció el acuerdo comercial con Estados Unidos negociado en secreto y sin participación social, lo que vulnera la soberanía nacional y pone en riesgo derechos, empleo y producción. Para decirlo brevemente; EEUU elimina aranceles sobre lo que de todos modos iba a comprar, mientras Argentina cede capacidad regulatoria, abre todo su mercado y se subordina geopolíticamente.
"Hay que comprender al nuevo tratado comercial en clave geopolítica, como una acción defensiva de los Estados Unidos frente a la presencia China en Argentina y la región"
Después de la crisis internacional del 2008 el mundo asiste a una mayor diversificación en la economía y en la política mundiales. Al interior de las disputas por la hegemonía del mercado mundial se produjeron procesos separatistas de la Unión Europea como el Brexit, la aparición de los BRICS, los procesos de integración regional, la continuación de invasiones y guerras y la competencia económica entre China y Estados Unidos muestran la existencia de un mundo más multipolar. En ese mundo podría haberse incorporado la Argentina, con un gobierno distinto al de Milei, pero las relaciones privilegiadas con Estados Unidos abortan temporalmente esta alternativa. A su vez, la multipolaridad contemporánea no significa per se, como señalan algunos, la apertura y oportunidad a nuevos proyectos emancipatorios desde las periferias, sino más bien las posibilidades de un nuevo poder estructurado como pluralidad de imperios. Esta pluralidad de imperios operaría en la periferia como la capacidad de romper con un imperio, apoyándose en otros. Sin embargo, si todos los imperios son perniciosos y clausuran nuestro desarrollo, apoyarse en Rusia o China para contrarrestar la influencia de Estados Unidos no sería conveniente por las características imperiales y de dominación de aquellos, pero sí supondría una mejor complementación de las economías periféricas con específicos márgenes de autonomía. La política internacional de un país no es la suma o resta de las vinculaciones con los poderes estatales mundiales, y tampoco se trataría de desplazar el locus de dominación. Existe interacción estatal con actores transnacionales, políticos, militares o económicos, gubernamentales o privados, con los entes regionales, con las corporaciones multinacionales, con los organismos financieros internacionales y con diversos tipos de organizaciones criminales. Por eso, una forma de leer la coyuntura es desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Su análisis combinado con la dimensión coyuntural está determinado por acciones subjetivas que llevan adelante dirigentes y gobiernos para intentar profundizar tendencias estructurales de largo plazo.
En este marco se vuelven imprescindibles las apuestas políticas que aboguen por procesos de integración regional, como UNASUR y CELAC, que permitan sumar la fuerza de varios estados –en un mundo cambiante e incierto donde existen puntos ciegos en los esquemas imperiales y nuevos bloques como los BRICS–a fin de lograr mejores negociaciones. Además, desde la óptica del país, todos los imperios no son lo mismo; la geografía y los recursos económicos juegan un rol importante y cada poder imperial tiene su “patio trasero”. Fue el caso de nuestra larga relación con Gran Bretaña, y ahora con Estados Unidos. En los dos casos, con distintos gobiernos, se jugaron las cartas de Rusia y China para contrarrestar la influencia de Londres y Washington, que no dieron lugar a políticas más autónomas sino a la inserción en otras formas de dependencia. Pero esto no tiene que ver solamente con el carácter de las potencias imperiales sino también, y principalmente, con el de los intereses internos y los modelos productivos en disputa. Es desde esta tesitura que hay que señalar el proyecto antinacional que encarna La Libertad Avanza. La política exterior está modelada por la política interna y solo se logrará avanzar en el mundo si ésta última es la adecuada.
Detengámonos un momento sobre el desafío político que suscita el liderazgo libertariano. Milei cada vez más se nos aparece como el contrapunto radical de delimitación política. En su figura se condensa el punto de vista belicoso del poder político y el poder económico de los que se creen los dueños de la Argentina donde son los mismos resortes democráticos los que están siendo desplazados para incidir en el rumbo productivo del país. Ese desplazamiento opera con un doble movimiento: consolidación política de la extrema derecha y una fenomenal transferencia de riqueza de los sectores populares a los sectores del poder económico concentrado. Pero también resultan preocupantes las formas que adquieren los procesos de politización. Milei se montó sobre la lógica polarizadora –ya en marcha– con discursos y prácticas antidemocráticas, limitando el disenso e instancias de negociación; intentando restituir de forma autoritaria, beneficios y jerarquías sociales tradicionales supuestamente en peligro o en camino acelerado a su “desaparición”. Por eso, como señala Bercovich, la utopía neoliberal del “Estado mínimo” termina siendo la de un Estado gendarme del capital.
En un mundo profundamente desigual donde la extrema derecha avanza contra toda forma de igualitarismo, vaciando a la política de su instancia conflictiva, la pregunta sería cómo nominar y analizar críticamente ese legado doctrinario, que desborda en su movimiento la categoría de neoliberalismo y entronca con estudios actuales que reactualizan la categoría fascismo. En este punto, desde mi oficio de historiador, se abre la discusión sobre las formas de nombrar y categorizar el devenir económico y sociopolítico que estamos describiendo y atravesando. Cristian Buchrucker, en referencia a los estudios históricos sobre el fascismo, expresaba que el paso del tiempo y el cambio de escenario aseguraba la “necesaria distancia crítica” entre la labor de los historiadores y los intereses cambiantes del poder político. Creo que el “fascismo” como noción productiva puede alumbrar algún aspecto de la extrema derecha del presente, poniendo en tensión esa distancia crítica. A finales del 2002 me preguntaron si podía surgir un modelo con rasgos autoritarios en la política argentina. No me pareció una pregunta totalmente descabellada. “No sé si un Hitler, porque el mundo está demasiado alerta para que revivan esos tipos de fantasmas, pero puede surgir un dictador de su estilo” (3 Puntos. pp, 25, diciembre 2002). Lo que me parece acertado es enfatizar en una cuestión central: el autoritarismo social, a diferencia de los fenómenos políticos del norte, no es una mera reacción al avance de los valores identitarios, sino que se deben comprender a través del modo en el que las diferentes generaciones han procesado el propio pasado dictatorial. De modo que el avance del negacionismo, la proliferación de discursos de odio, la estigmatización, persecución y hostigamiento a diferentes grupos sociales, políticos, religiosos, culturales y científicos son prácticas sociales fascistas que logran articular políticamente frustraciones y descontentos.
Una manera de ir a contracorriente de la incertidumbre y del anticienticismo imperante se relaciona con el gesto de cartografiar. La práctica de la investigación, en sus diversos registros, va adquiriendo mayor protagonismo, desarrollando formas de denuncia que la sociedad exige en su autocrítica. En Robo para la corona, pieza de investigación periodística de un linaje más largo, ya se advierte que lo novedoso de la corrupción (en este caso menemista) no es su ejercicio sino el debate público que gira en torno a ella. Creo que estamos todos de acuerdo en que la denuncia –fundada e infundada– de la corrupción se ha convertido en un instrumento privilegiado de acción política y económica, dentro de un sistema aceptado por el conjunto de los participantes. El problema es que; primero, la agenda de demandas es más amplia, y segundo; ese sistema político se torna cada vez más acotado y tendencialmente menos representativo del conjunto de la población, creciendo en sus márgenes el descontento social y la desafección política. ¿Cómo se recobra ese lazo de confianza entre la sociedad y la política?
–Señaló también recientemente en una entrevista que, mientras Gran Bretaña asimilaba productos argentinos (y aunque luego imponía condiciones financieras y económicas), respecto a la economía de Estados Unidos no existe tal complementariedad. ¿Es posible establecer cierto paralelismo entre este tratado que todavía debe ser ratificado y el Pacto Roca-Runciman, pero entendido como un acuerdo que impondrá condiciones financieras y económicas?
–Sí, es posible pensar en cierto paralelismo entre ambos, primeramente, por la situación de declive hegemónico en la que se encontraron Gran Bretaña en los años treinta y los Estados Unidos en la época actual. Son acuerdos comerciales que intentan consolidar la relación de subordinación de Argentina con esos países en un contexto de transición del poder hegemónico mundial.
A medida que la depresión de 1930 se perpetuaba y los mercados internos se reducían a fuerza de ajustes y desempleo, paulatinamente fueron ganando terreno algunas estrategias de reinserción internacional. No se buscaba con las negociaciones volver a un sistema multilateral de comercio, sino asegurarse el abastecimiento de materias primas esenciales o, sobre todo, conseguir preferencias especiales para los propios productos en los mercados de los principales socios comerciales. Así, comenzó a predominar el bilateralismo, aunque esos vínculos integraban también bloques de países, buscaban que sus socios los ampararan con la cláusula de “Nación más favorecida”. Uno de los más activos en este campo fue Gran Bretaña, cuyas autoridades se encontraban preocupadas por la propia coyuntura interna, pero a la vez presionadas por las colonias y dominios (como Canadá, Nueva Zelanda o Australia), que pretendían asegurar sus abastecimientos al mercado inglés. Los miembros del bloque, el llamado Commonwealth, se reunieron a mediados de 1932 en la ciudad canadiense de Ottawa para negociar el retorno a un sistema de “preferencias imperiales”, bastante alejado de los principios liberales proclamados por Gran Bretaña. Los resultados de la Conferencia de Ottawa se plasmaron en una serie de tratados, en los cuales el gobierno británico se comprometía a desgravar por completo o establecer aranceles preferenciales a diversos productos provenientes del bloque. En algunos casos, incluso, estableciendo cuotas de importación para las compras realizadas fuera del bloque. La reacción inmediata de Argentina ante el Pacto de Ottawa fue el envío de una delegación a Gran Bretaña, encabezada por el propio vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca (h).
Se abría un campo de posibilidades ya que buena parte de los capitales ingleses radicados en el exterior estaban invertidos en el país del Plata. Por lo tanto, se temía que la misión Roca amenazara con trabar las transferencias de ganancias de las firmas británicas, imponer restricciones a las importaciones o exportaciones de dichas firmas o, en un caso extremo, avanzar en un proceso de nacionalizaciones. Sin embargo, ninguna de esas cartas fueron jugadas por Argentina y las discusiones transcurrieron por los carriles planteados por los británicos. La prolongación de las negociaciones solamente se debía a que no ofrecían nada a cambio y sobre todo no se comprometían a sostener o aumentar las compras de carne enfriada argentina, objetivo primordial perseguido por la delegación encabezada por Roca.
En los debates parlamentarios que precedieron a la sanción del convenio, el senador Benjamín Matienzo impugnó esta forma de encarar las negociaciones por parte de la Misión Roca, reprochando que no se hubiera explotado más, como el mismo Runciman lo reconocía, la circunstancia de que se hallaban invertidas en la Argentina 600 millones de libras esterlinas, lo que quería decir que había muchos más intereses ingleses en el país que en cualquiera de los dominios del imperio. Como Matienzo, muchos pensaban que se podrían haber obtenido mayores ventajas en esas negociaciones. El 1 de mayo de 1933 se firmó el acuerdo, conocido como Pacto Roca-Runciman por los funcionarios de ambos países. Los resultados eran poco satisfactorios para Argentina, pues Gran Bretaña se comprometía a comprar una cantidad trimestral de carne enfriada similar a la del segundo trimestre de 1932 –el nivel más bajo durante la crisis–, e incluso se reservaba la posibilidad de reducir esa cuota si la propia coyuntura la obligara a hacerlo. En ese caso, estaba de acuerdo en que la reducción no fuese mayor a la que sufrieran otros países proveedores.
La Argentina le otorgaba un trato preferencial en materia cambiaria con respecto a otros países, asumiendo el compromiso de tratar de una manera "benevolente" las inversiones inglesas, cuyo mayor ejemplo fue la creación de la Corporación de Transportes de Buenos Aires, un monopolio británico del transporte urbano de la Capital. Se establecían condiciones arancelarias especiales a las importaciones argentinas provenientes de Gran Bretaña, especialmente en lo referente al carbón y al acero, productos cuya participación en el mercado argentino estaba cayendo sostenidamente. A su vez, el gobierno británico declaraba su disposición a permitir a sus importadores introducir carnes provenientes de frigoríficos de propietarios argentinos hasta un 15% de las compras totales. De este modo aseguraba formalmente el predominio del oligopolio anglo-norteamericano en el mercado de carnes, al que se asignaba una cuota del 85%. Para que los gerentes de las empresas británicas en Argentina pudieran celebrar los resultados del acuerdo, el Convenio suplementario garantizaba un trato impositivo favorable a la importación de whisky desde el Reino Unido. En medio de las negociaciones, el vicepresidente Roca (h), jefe de la delegación del país, llegó a expresar públicamente un viejo deseo íntimo de las elites locales: “la Argentina desde un punto de vista económico debe considerarse una parte integrante del imperio británico”.
En la gran película “Asesinato en el Senado de la Nación” (1984) de Juan José Jusid, se narran los hechos históricos en torno al entramado de corrupción que envolvió al Pacto. El diputado De la Torre había sido uno de los pocos que alertó sobre el grave costo económico y político del tratado Roca-Runciman. En septiembre de 1934 propuso la formación de una comisión investigadora para establecer cuál era la situación del comercio de exportación de carnes argentinas y verificar si los precios que pagaban los frigoríficos en el país seguían una relación con lo que obtenían de sus ventas al exterior. Lisandro de la Torre hizo una notable investigación y una contundente intervención en el Senado acusando directamente por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportando pruebas irrefutables que comprometían directamente en el negociado a dos ministros del general presidente Agustín P. Justo: Federico Pinedo y Luis Duhau. El 23 de julio de 1934, y en medio de los acalorados debates, un arma se disparó contra De la Torre, hiriendo mortalmente al senador santafecino Enzo Bordabehere. Una muerte infame.
Volviendo a nuestros días, el nefasto acuerdo comercial con los Estados Unidos implica concesiones estructurales parecidas que abrirán al mercado argentino a la importación masiva de ganado vivo, aves de corral, carne de cerdo y lácteos estadounidenses. Un país como el nuestro que históricamente es exportador agrícola habilita la competencia del agro subsidiado de EEUU, condenando a la destrucción a nuestros sectores avícola, porcino y lechero, que emplean a miles de trabajadores en cadenas productivas regionales. Insólito.
"El nefasto acuerdo comercial con los Estados Unidos implica concesiones que abrirán al mercado argentino a la importación masiva de ganado vivo, aves de corral, carne de cerdo y lácteos estadounidenses"
Para formalizar la sumisión, el 5 de diciembre de 2025 Estados Unidos publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Allí sostienen que, “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger [su] territorio nacional y [su] acceso a geografías clave en toda la región. [Negando] a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.
* Dr. Mario Rapoport con la colaboración de Yair Arce
