La pobreza tiene diferentes aristas. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA insiste en todos sus informes en el carácter “multidimensional”, que va más allá de medir los índices por el nivel de ingresos en los hogares.
También debería medirse por la capacidad de una persona de acceder a derechos como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente saludable, educación, empleo y seguridad social. La realidad, entonces, va más allá de los números que reveló el último informe de esta universidad: el 55% de los argentinos es pobre, mientras el 18% está en la indigencia.
El acceso a la salud parece ser uno de los indicadores que, aunque no se mida en cifras oficiales, se sigue complicando: según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) la venta de medicamentos de venta libre cayó el 35% de diciembre a abril, y el 20% en el caso de los medicamentos sin receta. En términos reales eso significa que muchas personas dejaron de realizar sus tratamientos médicos, con todo lo que eso puede implicar para su salud y para un sistema ya resentido.
La caída en las ventas, que se extiende a otros rubros muy sensibles como los alimentos (leche, pan, y carne mostraron bajas significativas en los últimos meses) está relacionada con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el paralelo aumento de muchos de estos productos.
La caída en ventas indica que muchas personas abandonan sus tratamientos
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) los medicamentos más utilizados por personas mayores aumentaron un 40,9% solamente en diciembre, y en cinco meses un 150,8%. Para marzo, algunos de esos medicamentos aumentaron hasta un 560% de manera interanual. En el informe señalan que “entre esos 10 productos se encuentran un venotónico utilizado para aumentar tonicidad de las venas, que aumentó 560%, y un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastía coronaria, ACV no hemorrágico, que aumentó 538%”.
El acceso a la salud y los medicamentos está íntimamente relacionado con los niveles de ingresos. Según los últimos datos de la UCA, que evaluaron la evolución de este indicador de 2010 a 2022, para este último año el 41,9% de las personas en estratos sociales más bajos no accedía a cobertura de salud ni a medicamentos mientras este porcentaje se reducía considerablemente en los estratos medio alto (1,4%) y medio bajo (28%).
Los salarios son determinantes a la hora de medir la pobreza, pero no deberían ser el único factor a tener en cuenta. Desde el Observatorio de la Deuda Social afirman que “si bien existe cada vez mayor consenso respecto a que la pobreza es multidimensional, la práctica habitual ha sido la definición de metas de erradicación basadas en umbrales monetarios, lo cual ha sido justificado por problemas de disponibilidad de información y principalmente por las dificultades para consensuar una medida multidimensional”.
Entre las medidas que se requieren para disminuir la pobreza multidimensional y mejorar el acceso a la salud, las obras de infraestructura también resultan fundamentales. Pero, según el Observatorio, el déficit de acceso a la red de cloacas y agua segura afecta al 37,7% y al 20% de los niños y niñas en Argentina.
El acceso a la salud está relacionado con los niveles de ingreso
Así, señalaron, “los problemas ambientales y el déficit de servicios públicos en los barrios están interrelacionados, ya que la falta de desagües, por ejemplo, puede propiciar la propagación de enfermedades graves como el dengue”.
En cuanto al presupuesto destinado por el Estado a salud, de enero a fines de mayo (según los últimos datos Presupuesto Abierto) el Gobierno ejecutó apenas el 2,17% del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud, y no ejecutó aún ningún peso de los 21 mil millones previstos para el Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria.
A la par del desfinanciamiento, se produce la desregulación. No solamente de las prepagas (que en muchos casos deberán retrotraer los aumentos que se produjeron después del DNU 70/2023) sino también en otras cuestiones básicas como la atención a personas con discapacidad.
Esta semana diferentes organizaciones de pacientes manifestaron su preocupación por un proyecto de decreto con el que, señalan, “se pretende desregular el nomenclador del sistema único de prestaciones básicas de discapacidad” que determina un valor único para los servicios de atención integral de las personas con discapacidad. Señalaron que, de prosperar esta medida –tal como ocurrió con las obras sociales–, las prestadoras definirán los valores al libre albedrío. “La vigente ley garantiza que las personas con discapacidad, independientemente de la cobertura que tengan puedan acceder en las mismas condiciones a las prestaciones que necesiten, evitando desigualdades y garantizando el acceso a la salud a las personas con discapacidad de la Argentina”.
Además, advirtieron que si las coberturas se vuelven diferenciales “se crearán situaciones de inequidad y exclusión dependiendo de la cobertura de salud y rompiendo el principio del sistema único de prestaciones básicas”.
“Si cada cobertura médica va a definir el precio que va a pagar por la prestación de discapacidad, lo que va a significar es que los que paguen más van a tener mejores prestaciones, los que paguen menos van a tener peores prestaciones”, explicó a PERFIL Johana Bauer, de Esclerosis Múltiple Argentina (EMA).
“Cuando uno ya tiene la discapacidad o tiene un diagnóstico de una enfermedad, no es tan fácil estar cambiando. Si uno tiene PAMI, tiene PAMI y no puede cambiar de PAMI. Entonces, si PAMI decide pagar dos pesos por la prestación, de repente las personas que tengan PAMI no van a tener el mismo servicio que puede llegar a tener una persona que tiene otra cobertura médica que pague mejor”.
Con este decreto, agregó Bauer, “no va a haber un número básico incluso para los prestadores, para los profesionales que trabajan y brindan estos servicios, lo que deja en una situación muy complicada a todo el sistema que trabaja en discapacidad”.
