Un grupo de prepagas arremetió contra el Gobierno, denunciando "la situación terminal del sector"
ACAMI es una asociación que nuclea a 30 entidades de medicina privada. Cuestionó la decisión oficial de dar marcha atrás con los aumentos de las cuotas ya cobradas, alertando sobre las dificultades que afrontan muchas de esas empresas para sostener el esquema de costos, y reclamaron,a tono con el mensaje que pregona el Gobierno, que le otorgue "más libertad" al sector.
CONFLICTO VITAL. La crisis que inició con las prepagas pone en jaque a toda la salud privada. |
Cedoc
La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por obligar a las prepagas a retrotraer los precios de las cuotas mensuales y advirtió que la aceleración inflacionaria de los últimos meses ubicó a las empresas del rubro en una "situación terminal".
ACAMI nuclea a unas treinta entidades de medicina privada como Avalian, Cemic, Fundaleu, Sancor Salud, Sanatorio Mater Dei, Leben Salud, Clínica San Camilo, Ase Nacional y Hospital Sirio Libanés, entre otras. Si bien detentan diferentes tamaños, el reclamo es transversal.
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"El Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para favorecer la libre elección e impulsar la libre competencia entre los distintos sectores. Sin embargo, si bien los principios declamados fueron bienvenidos e imprescindibles, su aplicación parcial y el retroceso que implican las últimas medidas tomadas está generando un daño al sector que posiblemente sea irreversible", apuntaron las compañías en un comunicado.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia rubricado por Milei le otorgó vía libre a las prepagas para fijar el porcentaje de actualización de sus cánones sin intervención del Estado. Habilitadas por el Gobierno, las firmas aplicaron ajustes de entre 140% y 160% desde la entrada en vigencia del DNU.
Al entender que establecieron sus precios muy por encima de la inflación del mismo período, la administración libertaria interpuso una medida judicial que obliga a las empresas a dar marcha atrás con las subas, así como atarlas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y devolverle a los afiliados el extra que abonaron por encima de la inflación.
En tal sentido, las firmas rechazaron las acusaciones de "cartelización" a la hora de fijar los incrementos mensuales de los clientes y remarcaron que el aporte del sistema privado de salud durante la pandemia de coronavirus, entre otros motivos, ocasionó un "deterioro en los ingresos que terminó impactando directamente en los prestadores".
"El peso de la carga impositiva que soporta el sector, que bajo las circunstancias actuales se torna impagable, requiere de una salida específica y cuidadosa para no dañar a un sistema totalmente distorsionado con el transcurso de los años. Agregado a esto el incremento de los insumos médicos y los merecidos ajustes salariales para los trabajadores de la salud, nos llevaron a una situación terminal", alertaron.
Y continuaron: "El cambio en las reglas originales contenidas en el decreto 70/2023 presentando medidas que afectan a una cantidad tan vasta de actores de salud y la amenaza de extenderlas a todo el sistema, afirmando que tantos y tan diferentes protagonistas puedan haberse puesto de acuerdo, dan lugar a un supuesto altamente improbable".
Las prepagas justificaron los aumentos
A propósito del alza de los aranceles prepagos, el escrito de ACAMI subraya que "no llega a recomponer años de atrasos, ocasionados por la regulación de la medicina privada, existente desde 2012 a 2023" y suma que en el mismo período, "se agregaron a la cobertura más de 100 leyes que obligaron al sistema a cubrir el tratamiento de enfermedades sin definir la contrapartida para su financiamiento".
De esta manera, los agentes de medicina privada dictaminaron que la reversión de la suba de las cuotas "fijando en última instancia un marco regulatorio para adelante y para atrás, afecta el marco jurídico y la libertad de las entidades establecido en nuestra Constitución Nacional y pone en estado de indefensión a la totalidad del sector de la medicina privada, exponiéndonos al incumplimiento de los compromisos asumidos y los futuros (próximas paritarias, incremento de los servicios públicos, de los costos en salud, la pérdida de subsidios, etc.) con el perjuicio para las entidades de salud, sus equipos y finalmente para los pacientes que se desea proteger".
Explorando esa línea argumental, enumeraron dos condiciones para "recuperar el sistema de salud dándole más libertad":
Libertad para fijar libremente sus precios, en un mercado con tantos actores y competidores, quien "abuse" de su mejor posición relativa en un tiempo quedará fuera de mercado.
Libertad para definir sus planes de cobertura, hoy el Estado limita prácticamente a ofrecer una sola opción, el Programa Médico Obligatorio que por extenso y prácticamente sin límites, impide la oferta de planes de salud que puedan adaptarse a las necesidades de la gente.
Por último, ACAMI enfatizó en la necesidad de "avanzar en un Plan Nacional de Salud que sea solidario, accesible, equitativo y sostenible, bajo la supervisión de las autoridades, con un marco jurídico claro y estable que evite su desnaturalización, donde la medicina privada sea una opción complementaria a las responsabilidad primaria e indelegable que tiene el Estado no solo sobre la rectoría sino también sobre la cobertura efectiva de la salud de los 47 millones de habitantes de nuestro país".
