“Cuando a Fabiana ‘le salió el subsidio’, lo primero que hizo fue ir al almacén. Lo segundo, ir a la ferretería: Me compré un candado grande y lo puse en la reja de adelante. Esa fue la primera vez que mis hijos y yo pudimos dormir tranquilos”, cuenta. Así comienza el documento de presentación del informe Es por acá elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en el que se evalúan los resultados del Plan Nacional de Acción contra las Violencias (2020-2022) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Para el trabajo se tomaron en cuenta tres esquemas dentro del Plan: el Programa Acompañar (con inicio en septiembre de 2020), el Programa Producir (abril 2021) y el Programa Acercar Derechos (abril 2021). Fabiana no se llama Fabiana, su nombre fue cambiado para resguardar su identidad, y al igual que ella las beneficiarias entrevistadas decidieron permanecer en el anonimato, así como eligieron lo mismo las representantes municipales que relatan el funcionamiento interno de los Centros de ayuda a la mujer.
¿Por qué son necesarias las medidas?
“Me pegaba y yo me quería ir, pero no tenía cómo. Entonces volvía”, a pesar de que este testimonio corresponde a una mujer en particular, su historia se repite en tantas otras. Cada 38 horas una mujer fue asesinada en 2021: se contabilizaron 231 femicidios en ese año, de acuerdo con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Un alivio: en comparación con 2020, los femicidios se redujeron un 13%.
Él siempre fue violento, pero yo no quería dejar a mi hija sin padre porque yo crecí sin papá; no quería que a mi nena le pasara lo mismo, por eso no me iba, explica una de las beneficiarias. Una de cada dos mujeres sufrió violencia doméstica en algún momento de sus vidas; la mayoría, un 45% del total, fue víctima de violencia psicológica. Un dato curioso: entre las mujeres que sufrieron violencia doméstica, el 58,6% vivían en hogares con jefatura femenina.
Tanto el Programa Acompañar como el Producir están orientados a la autonomía económica de las mujeres y Lgbtiq+ que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia por motivos de género. El primero otorga un subsidio individual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses. Es compatible con otros programas como la Asignación Universal por hijo. El segundo financia proyectos a cargo de organizaciones durante ocho meses. Se ocupa de “la promoción de nuevos proyectos productivos que incluyan a mujeres y Lgbtiq+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias de género”, y el tipo de financiamiento para organizaciones comunitarias con personería jurídica es equivalente al monto de entre 47 y setenta Salarios Mínimos, Vitales y Móviles”. El Programa Acercar Derechos se diferencia de los otros porque se centra en el acceso a la Justicia y la asistencia, asesoramiento y acompañamiento psicológico; “consiste en equipos integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social”.
“Él hacía lo que quería conmigo y yo lo dejaba. Porque para mí era mi pareja, mi papá; con él yo aprendí a vestirme, a comer”, relata una de las mujeres. 152.089 personas fueron beneficiarias del Programa Acompañar y recibieron el consiguiente beneficio económico. De entre ellas: el 96,8% fueron mujeres (147.232), 1,57% varones (2.385), 0,27% varones trans (412), 0,79% de otras identidades (identificados como no binarios, por ejemplo) y un 0,44% mujeres trans. El 83,5% de las beneficiarias son argentinas y el 16,5% extranjeras, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú. El 1,21% declaró pertenecer a algún pueblo indígena. El 24% de los beneficiarios cuentan con un nivel educativo primario completo; un 57% finalizó el secundario; y un 8,5% alcanzó un nivel terciario o universitario.
Agustina Rossi, a cargo de la supervisión de la investigación, fue consultada sobre si existe relación entre el nivel educativo y la probabilidad de requerir los programas. “En la Encuesta de Prevalencia de Violencia que presentó el Ministerio de Mujeres el año pasado se ve mayor prevalencia de la violencia entre aquellas personas que tienen menor nivel educativo, pero lo que sucede es que las mujeres con mayores recursos económicos en situaciones de violencia de género no van tanto a buscar ayuda al Estado, y por lo tanto no quedan registradas”, respondió.
Las mujeres que accedieron a los programas pudieron hacerlo mediante trámites online o con la asistencia de los equipos municipales. Sobre el lugar de residencia, la mayoría de los solicitantes son de Buenos Aires (68.024 personas), luego Tucumán (9.003) y en tercer lugar San Luis (7.906). “El impacto de recibir el programa Acompañar es muy significativo y positivo. Les permite comenzar a tramar una posibilidad de salida. Sin autonomía económica es muy difícil sostener la salida en el tiempo. El problema que vemos es que seis meses no alcanzan, porque los efectos de la violencia de género son devastadores. Las mujeres además se tienen que ocupar de sus hijos que son testigos y también tienen marcas; pueden usar el subsidio para ir a terapia”, afirma Rossi. Entre los usos del beneficio, una mujer señaló que compró productos de catálogos para vender, otra materiales para arreglar su casa, una para mudarse, amueblar su casa y dejar uno de sus tres trabajos.
La determinación de los criterios para otorgar los beneficios es una cuestión a considerar. El nivel de riesgo de la mujer es uno de ellos: 54.945 beneficiarias estaban en una situación de riesgo “altísimo”, 66.220 riesgo “alto”, 13.845 “medio”, 17.079 “bajo”. Es decir que: hay más beneficiarios que presentaron riesgo “bajo” que “medio”, así como hay más solicitantes con riesgo alto que altísimo. Al inicio de la implementación del Programa –explica ELA–, los criterios referidos al riesgo eran prioritarios a la hora de determinar el acceso a dicho subsidio: se aceptaban sólo casos clasificados como de alto o altísimo’ riesgo. Se mencionó que el índice subvalora el grado de peligro calificando como riesgo medio situaciones que eran de mayo gravedad, alerta el informe. Estos criterios se fueron flexibilizando y fue ganando consideración la situación de vulnerabilidad social de las mujeres.
Sin embargo, el cuerpo de ayuda del Programa Acercar Derechos está integrado por solo catorce abogados y abogadas que cubren 13 provincias, aunque, de acuerdo a los datos del informe, “se proponen ampliar el equipo”. Los equipos están formados por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. “En la mayoría de los casos ni las unidades de acompañamiento ni las organizaciones de la sociedad civil conocían el programa”, afirma la investigación. “Es difícil acceder a abogados con perspectiva de género. Las mujeres necesitan patrocinio jurídico. Y debe ser gratuito como lo estipula la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485) y no se cumple porque hay catorce abogados en todo el país”, denuncia la supervisora.
Al respecto de la derivación al equipo jurídico, el Ministerio de la Mujer afirmó a ELA que “Se priorizan las situaciones de riesgo o violencias recurrentes o graves”. Sin embargo, de acuerdo a esta perspectiva, la prevención no es una cuestión central, y se acciona primariamente cuando la situación es crítica. “Hay que intervenir a tiempo, lo más temprano posible, en situaciones de violencia que con acción efectiva pueden frenarse, evitar su agravamiento y su continuidad en el tiempo, afirma Rossi.
En algunas regiones hay sobredemanda, y en otras, muy pocas inscripciones. En la región Sur hay sólo 402 beneficiarias. Ya sea porque desconocen la existencia de una posibilidad de ayuda, o porque no se acercan a solicitarla –indica Rossi– “los recursos hoy no llegan a todas las mujeres que tiene que llegar. Como a zonas poco urbanas o a pueblos pequeños”. Muchas de las mujeres ni siquiera se enteran de estas posibilidades. “No son programas fáciles de acceder, no llega información, no se conocen. A veces el municipio distribuye datos sobre algunos programas en los barrios, pero es esporádico”, señaló una de las referentes sociales. Además, el Programa Acompañar no es compatible con la pensión por discapacidad.
Pero en otras áreas las gestoras de los municipios se encontraron con una demanda mayor a la imaginada “que llegó a duplicar la cantidad” por lo que “no siempre los equipos municipales están en condiciones de atender adecuadamente”. En la región Norte, durante 2022 se inscribieron 81 mujeres: el doble de casos que se venían acompañando previamente. “Están pensando en abrir un tercer Centro de atención para descomprimir la alta demanda”, afirma el informe. “Lo que nos comentaban es que la llegada del Acompañar hizo muy bien, pero duplicó o triplicó la demanda sin fortalecer los equipos”, explica Rossi.
Las entrevistadas que trabajan en los puntos de ayuda manifiestan dicha sobrecarga. “Nos convertimos en un centro que solo gestiona el Acompañar”, afirman. “No hay tiempo para la escucha y las gestiones que cada caso necesita. Estamos siempre preocupadas porque algún caso grave se nos escape por la demanda”, explica otra trabajadora. “La demanda nos supera y no damos abasto”, son algunas de las frases que se escuchan. Razón por la cual, no en todos los casos están los datos detallados de todas las beneficiarias, ya que cargar dicha información supone una labor adicional. Una de las beneficiarias expresó: “Sería bueno que la ayuda psicosocial esté más cercana, accesible y clara, porque en ese momento estaba muy sensible y no quería exponerme a hablar en un grupo. Más tarde, de manera individual, pude retomar terapia”.
Sobre la modalidad de la violencia sufrida por las beneficiarias del Acompañar, la mayoría la enfrentaba principalmente en el ámbito doméstico (148.732), luego institucional (2.628), siguiente laboral (2.297), y por último vinculada a grupos delictivos (768). Algunas de las destinatarias recibieron medidas de seguridad: un 22% contó con la prohibición de acercamiento del agresor, un 11% contó con la exclusión del agresor de la residencia común; 5% recibió botón antipánico y un 2,2% recibieron seguridad en domicilio. Un pequeño porcentaje también obtuvo la restitución de bienes personales y en otros hogares se realizó el secuestro de armas en poder del agresor.
A pesar de que las medidas siempre son bien recibidas, no bastan para garantizar la seguridad de las mujeres. Cuando dan el botón antipánico o establecen una restricción, a veces son medidas implementadas sin contemplar la situación de cada mujer. Vemos que hay mujeres con botón que no tienen acceso a conexión de wifi, lo que hace que el botón no funcione en absoluto. Vemos que no hay ningún seguimiento. Todas estas propuestas ponen la responsabilidad sobre la mujer que tienen que estar demostrando la violación de la perimetral: justo cuando el violento viola la medida, ella le tiene que sacar una foto”, indica la representante del ELA.
Con el Programa Producir se financiaron 186 proyectos por el monto de $135.773.533. Sobre el Programa Acercar Derechos se asistió a más de 10.136 personas en todo el país, de ellas: el 94,1% fueron mujeres y luego un 2,2% mujeres trans. No todas las que reciben ayuda económica solicitan o desean el acompañamiento psicológico; de hecho, en la región centro 5 mil mujeres cobran el subsidio del Programa Acompañar y un 30% está vinculada al proceso de seguimiento. “Esto indudablemente no es lo que se prevé en los documentos del Programa, pero es lo que sucede en la realidad de la implementación”, explica una de las representantes municipales. “La entrevistada estimó que esto se debe, por un lado, a que muchas mujeres deciden que solo quieren el apoyo económico”, indica el informe. Una de las referentes de los programas sociales afirmó que las mujeres “vienen a anotarse porque necesitan el dinero y no están buscando asesoramiento; tienen urgencias y se inscriben por el subsidio. El Programa se llama Acompañar y el problema es el acompañamiento”, indica una de las representantes. Así lo confirma Rossi: “El Programa Acompañar brinda el subsidio y también, supuestamente, el acompañamiento psicosocial, pero esté acompañamiento hoy es muy escaso”.
El subsidio es tomado como una gran ayuda en un momento crítico. El monto sirve para resolver cuestiones básicas como el alquiler de un hogar diferente al que se comparte con el agresor. Algunas mujeres, sin embargo, han manifestado algunas quejas de diferente índole relacionadas con este tema: “Los seis meses no te alcanzan para alquilar, sino para lo urgente y ver cómo conseguís trabajo”. Otra dijo: “Sería bueno que te consiguieran un trabajo, no seguir con un subsidio, no darnos gratis, sino que nos den un trabajo; barrer calles, lo que sea”. También se escuchó: “Si fuera por otros seis meses más te podés acomodar”.
Entre las deficiencias que notan las referentes apuntan al tiempo que transcurre entre la solicitud de alguno de los planes, y su efectivización. “Estas mujeres necesitan el dinero urgente. Es lo único con lo que cuentan. Algunas mujeres esperaron hasta seis meses para lograr la entrevista y luego del encuentro y el alta puede transcurrir entre cuatro y seis meses más. En el medio nadie sabe qué les va pasando. (...) Lamentablemente estas mujeres van a ser golpeadas otra vez si no les damos otras salidas”, afirma una de las representantes. Recalcan, además, el carácter de urgencia de algunas situaciones donde las mujeres necesitan, primariamente, escapar. “Todos los días escucho gritos en mi cuadra: hombres que pegan. Nadie hace nada... Hay que seguir acompañando a las mujeres porque en algún momento ellas se van a dar cuenta que no tienen por qué soportar que les peguen”, concluye una de las beneficiarias.
Sobre el informe
El documento se elaboró con el apoyo financiero de la Unión Europea, la Fundación Para Estudio e Investigación De La Mujer (FEIM), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), entre otros. El equipo realizó entrevistas a beneficiarias, funcionarias y ONGs y realizó solicitudes de información pública. “Nos encontramos con un discurso que no reconoce esto como un problema social y que lo piensa como un gasto. Se escucha mucho la pregunta: ‘¿Qué está haciendo el Ministerio de Mujeres?’ Este estudio muestra que sí es necesario el ministerio. Antes las mujeres no tenían salida”, sostiene la supervisora Agustina Rossi.
