La entrevista con Alfredo Romero y PERFIL debió realizarse en tres veces a lo largo de la semana anterior. Las dos primeras fueron interrumpidas porque el abogado del Foro Penal Venezolano debía atender urgencias. Rodeado de denunciantes o en la puerta del mismo centro de El Helicoide –un edificio concebido como un centro comercial donde funcionan las cárceles del Sebin (Servicio de Inteligencia Bolivariano)– hizo su propia descripción de lo que pasaba en su país. Y lo comparó con Argentina. “Yo estuve en la Argentina y estuve en la ESMA. Lo que uno percibe allí, la angustia que provoca, es la misma. Yo no soy de izquierda. No creo en esas divisiones, pero le hablo a mis amigos de izquierda. Y les digo que lo mismo que vivimos aquí en cuanto a detenciones y torturas es lo que vivieron allí en tiempos de los militares”.
La segunda charla, en la que entró en algunos detalles sobre los centros de detención comenzó con una cortesía del periodista de este diario. A la pregunta nuestra de “¿todo bien?” siguió un largo silencio, explicado por la respuesta inmediatamente posterior: "Bueno, estamos en la puerta de El Helicoide, porque han detenido a periodistas extranjeros". La charla debió interrumpirse cuando Romero consiguió entrar, unos minutos más tarde. Pero el abogado llegó a brindar unos datos para explicar su afirmación.
El Sebin y el Dgcim. Antes de cortar la llamada, Romero llegó a explicar que “El Sebin, La Tumba y El Helicoide son todos del Sebin, el Servicio Bolivariano de Inteligencia tiene una sede principal, de carácter administrativo que es Plaza Venezuela. Debajo de Plaza Venezuela hay un sótano donde se encuentran siete celdas que es lo que se conoce como La Tumba. El Helicoide, que es donde estoy ahora, es la cárcel política más emblemática, que está en lo que era un proyecto de un centro comercial que se dejó sin concluir. Y donde hay varias celdas desde hace tiempo y allí es donde hay muchos detenidos y presos políticos. A su vez, el Sebin tiene diferentes sedes en diferentes estados. Es la parte civil de la represión. Pero quien está más interviniendo en la persecusión política es una unidad que se llama la Dirección de Contrainteligencia Militar”.
Represión ilegal. Para Romero, todo corresponde a una metología que es análoga a la de los militares de Argentina “con la diferencia que ahora existen las redes sociales. Si hubiera habido redes sociales en los 70 los militares de Argentina no hubieran podido hacer lo mismo".
“Las detenciones no son detenciones –explica–. Son desapariciones. En primer punto. Entran a las casas y detienen sin avisar. Es difícil saber a dónde se los llevan y somos nosotros como organización los que conseguimos localizarlos. Esto sucede en las madrugadas y en las noches. Si no existiésemos nosotros no se sabría ni cuántas detenciones hay ni cuántos son, ni dónde están. El número de presos políticos es de 976 al día de hoy. Personas privadas formalmente de su libertad, incluyendo a los que venían de antes. 939 son las personas que han sido detenidas en la última semana. De ellas, solo 700 han sido presentadas ante un tribunal. Los demás, estamos tratando de determinar cuál es la situación. De estos 939 estamos tratando de determinar realmente su situación. Ese es el número de la semana”.
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Señala que entre los detenenidos desaparecidos hay 94 menores que “forman parte de los 939 de esta semana”.
Y esto dentro de una serie de violaciones a los Derechos Humanos. “El 15% de los detenidos han denunciado torturas o tratos inhumanos –dice Romero–. Incluso con enfermedades importantes. Ahora por ejemplo, hay un muchacho con nosotros (por decirte un caso reciente, en este momento estoy rodeado de personas que hacen denuncias de este tipo. Ahora tengo personas que estamos ayudando en términos generales. Pero volviendo al caso, ahora tengo a un muchacho que está enfermo de sarna. La sarna es una enfermedad de la piel, como una inflamación gravísima. Tiene sarna porque hay un brote de sarna en el lugar. Nos denuncia que incluso les cobran dinero para poder visitar a los presos. Una cosa más dentro de la corrupción propia de esos lugares. Tenemos varios casos de torturas y tratos crueles, incluso en lugares donde hay unidades de inteligencia de las fuerzas del Ejército, de las Fuerzas Armadas”.
El Helicoide. El abogado dice que muchas de la violaciones son precisamente en El Helicoide. “Durante el chavismo fue que se comenzó a utilizar como centro de reclusión. Todo en la misma zona. Pero también es cierto que en los últimos tiempos se hacen más y más celdas. Y lugares de visita. Así es como ha pasado a ser un lugar con más celdas. Pero no son celdas convencionales. Algunas sí lo son. Pero depende del estatus en que te coloquen. Hay personas que consiguen pagar algún dinero, están en una oficina, con alguna comodidad mayor. Por ejemplo, conocemos casos de unas 12 o 13 mujeres metidas en un solo cuarto. En ese lugar hubo presos hasta niños, un menor de edad recluido. Es como una especie de laberinto de oficinas y celdas que están distribuidas allí”, dice.
Explica que “la única diferencia con la época de la ESMA es que hay redes sociales, no había WhatsApp, ni Twitter, ni Instagram. Evidentemente hoy en día es más difícil desaparece personas sin que los demás lo sepan y denuncien. Pero el esquema de desapariciones, con la fórmula de las torturas, el esquema de confesiones, la forma de humillar a las personas, por tener una posición política, es el mismo. En ese momento fue con quienes tenían ideas comunistas, era considerado un terrorista. En este momento, todo el que es oposición es considerado también un terrorista. Las definiciones, la maldad, el sistema de control, las detenciones nocturnas, la irrupción en las casas de las personas sin avisar, son cosas en común”.
Género. Romero agrega que “también sucede con los tratos a las mujeres. Quizás lo único que yo no he visto hasta ahora es el secuestro de los bebés a las mujeres embarazadas. Pero el robo de bienes de las personas, eso es algo que ocurre”.
Lo mismo sucede con el esquema de torturas. Para él; “mantener a los detenidos con las caras tapadas por mucho tiempo. Están así, arrodilladas y amarradas por mucho tiempo. Eso es algo que está ocurriendo. Pero más allá de eso, también tenemos muchas cárceles en la que los presos están en condiciones insalubres. Y los hacen convivir con presos detenidos por causas comunes, lo que aumenta el riesgo de agresiones”.
Cree que Venezuela tendrá en algún momento un Nunca más. Y que cuando se sepa, los datos serán contundentes: “Muchos no hablan por temor. Y otros se han ido del país una vez que salieron de las cárceles. Pero a medida que se vaya sabiendo van a cambiar las condiciones. Y cuando se sepa van a ver que esto es similar a una ESMA, pero al cuadrado en cuanto a la violencia”.
Asfixias con bolsas plásticas y barras de metal para golpear
Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano hicieron un informe en el que las víctimas de la represión brindan testimonio de violaciones a los derechos humanos. Estos son algunos de los testimonios.
José Alberto Marulanda Bedoya, 53, cirujano. El 19 de mayo de 2018, agentes armados sin identificación oficial se presentaron en la vivienda de la sargenta del Ejército Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de participar en una conspiración contra el gobierno. No se encontraba allí, pero detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya. Los agentes, que los familiares creían que pertenecían a la Dgcim, dijeron solamente que Marulanda era “requerido” por las autoridades y se lo llevaron.
Marulanda contó a sus abogados que había estado retenido en la sede de la Dgcim, donde lo sometieron a graves abusos para obligarlo a revelar cuál era el paradero de Da Costa. Contó que agentes lo golpearon brutalmente en el estómago y la espalda, le produjeron asfixias con bolsas plásticas, usaron una barra de metal para asestarle golpes en la planta de los pies y lo obligaron a llevar esposas ajustadas, que hicieron que perdiera sensibilidad en las manos. Afirmó que perdió audición en el oído derecho debido a los violentos golpes que le dieron en la cabeza.
Juan Antonio Gómez (seudónimo), 46. El 14 de enero 2018, más de treinta agentes encapuchados de la Dgcm irrumpieron en la vivienda de Juan Antonio Gómez. Según contó él en una carta que entregó a sus abogados y a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. Dijo que amenazaron con matar a familiares que estaban presentes, incluida una niña de 7 años.
(...) Existen evidencias contundentes que sugieren que Pérez habría sido ejecutado extrajudicialmente, como videos en los cuales él afirma que se entregaría y una copia de su certificado de defunción, que indica que la causa de su muerte fue un solo disparo en la cabeza que le fracturó el cráneo.
Ariana Granadillo Roca, 21, estudiante de medicina. El 2 de febrero de 2018, agentes de la Dgcim detuvieron a Ariana Granadillo Roca. Se la llevaron junto a otros dos familiares de la casa donde estaba viviendo, que pertenecía al Coronel García Palomo, un pariente lejano acusado por el gobierno venezolano de conspiración. Granadillo, quien vivía en Río Chiquito, un pueblo rural del estado Monagas, se estaba hospedando allí para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde realizaba una pasantía.
Durante su detención, los agentes le cubrieron la cabeza con carpetas de cartón que envolvieron con cinta. No le permitían ver y le produjo desorientación. La golpearon y le tocaron varias partes del cuerpo mientras exigían que les dijera dónde se encontraba García Palomo. Granadillo fue liberada dos días después sin ninguna explicación.
