Entre el 20 y el 24 de marzo pasado tuvo lugar en Buenos Aires el III Foro Internacional de Derechos Humanos, organizado de manera conjunta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Centro categoría II de Unesco. El objetivo de este encuentro, tal como se puede leer en su convocatoria, era el de “profundizar el diálogo, actualizando el diagnóstico de situación sobre los principales avances y desafíos en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el mundo, al tiempo que intercambiar experiencias exitosas y propuestas novedosas para la promoción y el intercambio de conocimientos”.
El Foro se desarrolló en el marco de la Semana de la Memoria y se proponía también recordar los cuarenta años de recuperación democrática en nuestro país. Incluía una temática muy amplia a partir del foco en los derechos: ambiente y desarrollo, comunicación, trabajo, salud, educación, géneros y diversidades, niñez y juventud; el derecho a la Ciudad y la identidad, a la tierra. Se proponía abarcar los problemas de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, discapacidad, discriminación, xenofobia y racismo.
Podía esperarse de esos objetivos una amplia participación de actores destacados de la sociedad y especialistas del mundo académico que se han ocupado de esos temas. Nada de eso se cumplió en los “Debates especiales”, mesas con invitados que constituyeron la actividad más promocionada. (El Programa de las Mesas puede consultarse en: https://fmdh23.org/programa-general/).
La abrumadora mayoría de los panelistas invitados fueron funcionarios o adherentes del Gobierno. En una reunión dedicada a los derechos humanos no hubo juristas, ni jueces, ni casi nadie de las ciencias sociales y políticas o autores que han investigado y escrito acerca de los derechos, la Justicia y la democracia. Bastan algunos ejemplos. En la mesa sobre derecho a la Ciudad, en la que podía esperarse alguna representación de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, participaron los intendentes de Quilmes, Pilar y Morón, todos políticos del partido gobernante. El ministro Perczyk se ocupó de los derechos humanos en niñas, niños y adolescentes y el ministro Sileoni (de la Provincia de Buenos Aires), de educación y justicia. La lista se multiplica: participaron, además del Presidente y la vicepresidenta, el gobernador Axel Kicillof, los ministros nacionales Tristán Bauer, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana, Eduardo de Pedro; Cristina Álvarez Rodríguez, de la Provincia de Buenos Aires; los secretarios Horacio Pietragalla, Cecilia Nicolini, Juan Martín Mena; Gabriela Cerruti, vocera presidencial; Marcela Losardo, embajadora ante la Unesco, y los legisladores (solo oficialistas) Oscar Parrilli, Eduardo Valdés, Ofelia Fernández, etc.
Así, los funcionarios fueron promovidos a un lugar privilegiado de enunciación suprimiendo la palabra de autores independientes o de algún político de la oposición. Sobre el mundo del trabajo habló el sindicalista Hugo Yasky; sobre derechos sociales, Juan Grabois, y así de seguido. La mesa dedicada a los “40 años de democracia” solo incluyó políticos del palo y a nadie del campo académico o intelectual.
Es difícil encontrar una manifestación más palpable de la voluntad de imponer un discurso único y borrar otras voces; en definitiva, una exhibición autocelebratoria que, atrincherándose en sus propias certezas y repitiendo las consignas de una memoria regimentada, rehuyó cualquier debate.
Este doble estándar que caracterizó al foro fue señalado críticamente por un núcleo de intelectuales latinoamericanos, quienes denunciaron el rechazo por parte de los organizadores a tratar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La declaración está firmada por la artista Tania Bruguera, los politólogos Armando Chaguaceda y Johanna Cilano, el historiador Manuel Cuesta Morúa, el director legal de Human Rights Foundation Javier El-Hage, la socióloga Hilda Landrove, la activista venezolana Tamara Sujú y la académica Laura Tedescu, entre medio centenar de figuras. (Ver https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1679641763_46027.html).
Fuera de la vidriera de las mesas especiales, las delegaciones venidas de diferentes lugares del país y del mundo, en su mayor parte de la América Latina, interesadas en actualizar y debatir, se encontraron hablando en aulas literalmente vacías. Al desinterés por la participación se sumó la nula difusión de la mayoría de los paneles y la precaria capacidad organizativa, que sometía a los asistentes al trasiego urbano entre las dos sedes elegidas, el predio de la ESMA y las aulas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El panel más importante y el más promocionado del evento fue el que reunió a la actual vicepresidenta con el exjuez Baltazar Garzón, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa y Evo Morales. El respaldo del Grupo de Puebla a Cristina Kirchner en sus rencillas con la Justicia argentina, suspendido en dos oportunidades, se concretaba en un foro de derechos humanos organizado y financiado por el Estado argentino.
Lo primero a señalar es el predominio flagrante del interés particular y la lógica prebendaria que corrompe una defensa de los derechos que excluye por principio cualquier privilegio, de cuna o de posición. El panel en cuestión llevaba un título de nula repercusión internacional: “Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. ¿Qué puede significar el “partido militar” para cualquiera participante externo, ajeno al microrrelato del círculo gobernante?
Cristina Kirchner obtuvo lo que quería. Los elegidos para homenajearla expusieron largamente las tesis conspirativas que denuncian tanto a la Justicia como a los medios de comunicación. La argumentación es conocida y reiterada: también Trump, Bolsonaro o Berlusconi, en su momento, la han utilizado para atacar las investigaciones judiciales por casos de corrupción o abusos de poder.
No se puede negar que la acción de la política, sobre todo desde el Estado, interfiere con la separación de poderes y la autonomía de la Justicia. Pero hoy, los casos más notorios en el mundo no provienen del “partido judicial” sino de los avances de gobiernos autoritarios, o directamente de dictaduras, que comienzan por avasallar al Poder Judicial. En el caso de las dictaduras no hay dudas: en Cuba, Venezuela, Nicaragua, el argumento de las “amenazas” de la Justicia o de los medios ha llevado directamente a suprimir las libertades civiles y políticas y a someter a la Justicia independiente. Y en el caso de las democracias en riesgo, sus enemigos no están en el Poder Judicial sino en las tendencias hegemónicas de los ejecutivos. Cristina Kirchner podría mirarse en el espejo de Netanyahu, en Israel, que embiste contra la Corte Suprema buscando una “reforma” de la Justicia que se parece en mucho a la que ella intentó impulsar en su momento. Lo mismo intenta hacer Erdogan en Turquía, Duda en Polonia u Orban en Hungría, por mencionar solo algunos casos.
Si ha habido casos de persecución judicial contra líderes políticos (el caso más notorio es el Lula en Brasil), se resolvieron por la acción de la propia Justicia. O sea, la politización de la Justicia existe y no es nueva, pero la experiencia muestra que la defensa de libertades y garantías (de los líderes o de los ciudadanos de a pie) está mejor asegurada por un Poder Judicial relativamente autónomo que por el poder concentrado en una cúpula o un líder.
En definitiva, ni la represión sistemática de los opositores políticos en los países de Centroamérica y el Caribe ni el drama de casi siete millones de exiliados venezolanos mereció la atención ni entró en el rubro de las amenazas a la democracia. Ajustarse a la agenda del Grupo de Puebla (que hoy representa poco o nada en la escena de la izquierda democrática latinoamericana) y a sus intereses estratégicos pudo más que la denuncia del destierro, la cárcel o la tortura a los que son sometidos miles de ciudadanos aplastados en sus derechos, borrados en una visión ideológica estrecha y dogmática que evoca los extravíos de los adeptos del estalinismo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco), hoy conducidos por cuadros políticos de nula formación en materia de gestión, defensores de visiones sesgadas y partidizadas, junto a sus equipos y a las autoridades del Ejecutivo nacional, han sido los responsables de que este evento haya sido, y quede para siempre en la memoria de la gran mayoría de los asistentes, como un patético esperpento político cultural. En todo caso, sirve para confirmar que en el discurso de quienes gobiernan el ideal de los derechos humanos se ha separado del propósito original de construir una comunidad democrática. Se ha convertido en un corpus retórico vaciado de significación, sostenido en un consignismo vociferado por un funcionariato y una militancia que se muestran más preocupados por la lucha partidaria que por la efectiva solidaridad con las víctimas de la violencia estatal, más interesados por defender su visión facciosa del presente que por enunciar el reclamo de verdad y justicia para tantas comunidades amenazadas en su dignidad.
*Profesor de Letras en la UNR, donde dicta anualmente el Seminario sobre Memoria y Derechos Humanos. Director del Museo Internacional para la Democracia /
** Historiador y escritor.
