La cita a indagatoria para mañana de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa del dólar libre, finalmente fue confirmada después de muchas horas de suspenso. La Cámara Federal ratificó al juez federal Claudio Bonadio, quien se encuentra al frente de la investigación. En este contexto, fuentes ligadas a los imputados por esta causa cuestionan los motivos por los cuales el magistrado llamó a declarar tanto la ex mandataria como al ex ministro de Economía, Axel Kicillof -quien presentó un descargo ante la Justicia esta mañana-, así como también al cuerpo de ex directores del Banco Central, presididos por Alejandro Vanoli.
PERFIL dialogó en exclusiva con uno de los trece imputados de la causa del dólar a futuro. Estos argumentos se exponen horas antes de que Fernández cuando visite los tribunales de Comodoro Py y presente su propio descargo. Por un lado, la fuente consultada sostiene que ninguno de los testigos denunciantes –estos son, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, entre otros acusadores- “presentaron pruebas ni sobre la comisión de algún delito ni sobre la vinculación de la ex Presidenta con el dólar futuro”.
Por esta causa también se encuentra imputados el ex presidente del Banco Central, Vanoli, quien ya declaró la semana pasada frente al juez federal. El exdirectivo consultado esgrimió que el dólar a futuro “no es una novedad”, ya que comenzó a instrumentarse desde 2005, año en que Martín Redrado todavía presidía la entidad autárquica. De esta manera, legitima la operatoria y argumenta que “el único objetivo de las operaciones con futuros del BCRA fue evitar una devaluación y no contraer la economía en el intento”.
“El BCRA opera en futuros porque su Carta Orgánica, sancionada por el Congreso de la Nación, le exige que debe promover la ‘estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social’. Además, la Carta Orgánica establece con qué herramientas cuentan las autoridades para lograr estos objetivos, y las operaciones con futuros se encuentran entre estas herramientas”, explicó, en estricto off, el exfuncionario.
La operatoria del dólar futuro consiste en un derivado financiero en el cual un comprador y un vendedor cuyas identidades se desconocen –el anonimato se garantiza a través de un “software ciego”- acuerdan la venta de un monto que se pagará en pesos en una fecha futura, también establecida por ambos. Una vez que vence el contrato, se abonará la diferencia existente entre el “dólar a futuro” pautado inicialmente y el tipo de cambio al momento del cierre.
Según lo estipulado por el Presupuesto 2016, el dólar cotizaba en el país en torno a $ 10,60. En la denuncia que recae sobre Cristina y sus ex funcionarios, el juez Bonadio consideró que el precio de la divisa era “demasiado bajo” y podría haberse cotizado “a 14 ó 15 pesos”, lo que dejó como consecuencia un perjuicio patrimonial para el Estado nacional. Frente a esta acusación, la fuente consultada cuestiona la decisión del juez federal de considerar que “el objetivo del anterior gobierno para el valor presente y futuro del dólar no era el adecuado, y que estos valores deberían fijarse según las preferencias de algunos políticos y economistas”.
“El juez Bonadio alega en su acusación que las operaciones con futuros de la anterior gestión generaron un ‘quebranto’ de $77.000 millones al BCRA. Esta afirmación es, cuando menos, engañosa. Debe aclararse que sin la devaluación de Cambiemos, el BCRA no hubiese tenido que pagar un solo peso por futuros”, explicó en exclusiva para PERFIL.
Además de Cristina Fernández, Axel Kicillof, y Alejandro Vanoli, por la causa del dólar futuro se encuentran imputados el ex vicepresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y otros nueve funcionarios, entre ellos ex directivos, que trabajaron en diferentes sectores del organismo autárquico.
