En el marco de la sesión especial en la que se debate la ley de pago a los fondos buitres, el oficialismo logró el quórum cerca del mediodía pero, aún así, hubo cinco diputados de tres bloques que se presentaron con el cónclave ya iniciado.
Se trata de Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); Néstor Pitrola, Pablo López y Victoria Sosas Capurro del Frente de Inzquierda y de los Trabajadores (FIT) y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur.
“Tal como está redactado el proyecto no existe posibilidad de aprobarlo, ya que supone volver a dar facultades extraordinarias al Ministerio de Economía para que decida hacer lo que quiera con la deuda, sin limitaciones, solo informando al Congreso cada tres meses el resultado de lo que acuerde”, expresó Argumedo, en plena sesión.
La diputada señaló que “nada asegura que el arreglo con este grupo que accionará en los tribunales de Nueva York, no dispare exigencias de tenedores que entraron en los canjes de los años 2005 y 2010, con las gravísimas consecuencias que ello ocasionaría a la economía del país”. Y agregó que "se vuelve a justificar el endeudamiento como la única posibilidad para el desarrollo del país".
A su turno, el legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola, manifestó que la sesión "va a pasar a la historia como una página negra” y se mostró en contra del "pacto buitre”. En ese sentido, argumentó que "nunca los ciclos de endeudamiento fueron invertidos para el desarrollo nacional".
Para finalizar su defensa del dictamen en minoría, resaltó que el movimiento obrero "se va a poner en pie incluso superando a las burocracias sindicales".
Bregman, en tanto, sostuvo: "Que esta sea la primera ley del nuevo Gobierno es todo un símbolo de la orientación política abiertamente proempresaria y atada al capital financiero internacional. Amenazas de hiperinflación y ajuste pronunciadas desde el más alto nivel nos trajeron aquí para intentar ponernos de rodillas: no aceptamos la extorsión ni la coacción que quieren ejercer sobre los diputados”.
También manifestó que los Gobiernos constitucionales "pagaron desde 1983 a 2015 aproximadamente cuatrocientos mil millones de dólares, e igualmente la deuda es hoy de doscientos cuarenta mil millones de dólares". Esto, según la diputada, "demuestra que es impagable y un mecanismo de usura”.
Bregman recordó que promovió un proyecto de ley para desarrollar una consulta popular vinculante sobre el acuerdo. En ese sentido, se preguntó: "¿Por qué los docentes, los jubilados, los que no tienen vivienda o se están quedando sin trabajo no pueden opinar acerca de adónde destinarían estas sumas millonarias?”.
Por último, advirtió: "Es el pueblo trabajador el que soportará las consecuencias de este vergonzoso acuerdo con los buitres, y no puede ser un mero espectador de la entrega".
