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EQUIPO DE INVESTIGACIóN / investigación
sábado 13 julio, 2019

La campaña en las redes crece y nadie controla cómo se financia

Pese a las declaraciones de los partidos políticos y de las plataformas sobre transparencia antes de las elecciones, no hay ninguna fiscalización sobre lo que cuestan las estrategias digitales.

por Agustín Carelli

Diferencias. La estrategia del oficialismo está más estructurada y cuenta con WhatsApp como un nudo esencial. Foto: na

La gran apuesta de los candidatos que buscan triunfar en la campaña presidencial que se realizará este año en la Argentina son las plataformas digitales. Nadie duda de que su uso, y abuso, permitirá ganar la elección. Tanto es el peso que tendrán las nuevas tecnologías para acercar a los políticos a sus votantes, que el Congreso decidió reglamentar, por primera vez, su implementación a través de dos acciones: el impulso en la Cámara Nacional Electoral (CNE) de un acuerdo sin precedentes con las empresas tecnológicas para impedir la divulgación de noticias falsas en redes sociales y la sanción de una nueva ley de financiamiento partidario que tuviera un capítulo específico sobre la estrategia digital.

Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes: el equipo de investigación de Perfil Educación comprobó que las medidas adoptadas son inadecuadas, de difícil implementación y que, por lo tanto, la campaña electoral online no tendrá ningún tipo de control este año en la política argentina. Para evitar la viralización de las tan temidas fake news, Google, Facebook, WhatsApp y Twitter firmaron un “compromiso ético digital” impulsado por la Cámara Nacional Electoral para luchar contra las desinformaciones en esta campaña electoral. Según el acuerdo, las empresas tecnológicas “reconocen la complejidad y la tensión que puede existir durante el proceso electoral con la difusión o proliferación de información inexacta o noticias falsas, y acuerdan, dentro del marco de sus posibilidades y herramientas, colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión”.

La nueva legislación en financiamiento partidario autorizó a la CNE a desarrollar un registro de las cuentas oficiales de los candidatos en redes sociales, sitios de internet y otros canales digitales de comunicación, para comprobar que están certificados por los apoderados de las listas. Cualquier otra cuenta con la misma identidad se considerará falsa y las compañías digitales deberán anularla o responder por los eventuales daños que generen.

Costo. Desde Facebook advirtieron para esta investigación que se identificará a los anunciantes que hayan pagado publicidad digital en la Argentina, a la vez que se detallará el costo de los avisos y se requerirá que se especifique quién es el responsable por el contenido de los anuncios. Mientras que Google sumó su esfuerzo: “Estamos absolutamente comprometidos en brindar la información necesaria que la Cámara requiera para que toda la ciudadanía conozca las inversiones de los partidos políticos en nuestras plataformas publicitarias”, indicaron al equipo de investigación.

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Pero la legislación en Argentina todavía es incierta al respecto y existe una laguna jurídica sobre la implementación de las penas que se les impondrán a los candidatos que no cumplan con la legislación. No es el caso de lo que ocurre en países como Alemania, donde la Ley Facebook, impulsada por Angela Merkel, obliga a la compañía de Mark Zuckerberg junto a Google y Twitter a borrar ciertos contenidos considerados “manifiestamente ilegales”, es decir, publicaciones que hacen referencia a informaciones falsas. O lo que sucede en Francia, donde la ley contra las fake news permite a los candidatos interponer un recurso de urgencia ante un juez para frenar la difusión de informaciones falsas.

“El mundo empezó a resolver este problema como lo ha hecho la Cámara Electoral en la Argentina. No hay mucha legislación al respecto y nuestro país está haciendo lo mismo que México y Canadá, donde se firmó un acuerdo similar entre las empresas de tecnología y los representantes de los partidos políticos”, explicó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

Pero algunos especialistas consideran que los esfuerzos no son suficientes. “Si bien los acuerdos son positivos y necesarios, la capacidad de los organismos nacionales para regular las fake news es muy escasa, dado que no llega a cubrir la enorme cantidad de realidades y contenidos que tienen en el mundo digital”, afirmó Mario Riorda.

Es que el principal problema es la falta de recursos para fiscalizar el proceso electoral en su formato digital. Pese a los notables esfuerzos de la CNE por controlar todo el proceso electoral, solo cuenta con ocho peritos contables. Según la nueva ley, este número se duplicará, pero desde el organismo admitieron al equipo de investigación que los peritos no estarán disponibles para estas elecciones.

“Si no hay recursos para fiscalizar no se puede generar ningún tipo de control y aunque aumenta la cantidad de auditores, sigue siendo un número insignificante”, advirtió Riorda, que se especializa en campañas electorales en formato digital. Por su parte, el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Daniel Zovatto, afirmó que “pese a los notables esfuerzos que hizo la Cámara Electoral, si no hay voluntad política para mejorar los recursos de los organismos de fiscalización es dificultoso lograr un proceso electoral transparente”.

Por otra parte, también hay que centrarse en WhatsApp, una plataforma fértil para difundir desinformaciones y anuncios partidarios que escapen a la legislación local. Esta teoría se pudo comprobar recientemente cuando el gerente de Políticas Públicas de la compañía, Ben Supple, reveló que dirigentes políticos contrataron WhatsApp Business API para “difundir gestiones municipales”.

“Entre otros aspectos, eso implica que identificaremos y bloquearemos, junto a la Cámara Nacional, aquellas cuentas que manden mensajes masivos. La gente usa WhatsApp para compartir lo que le importa más, lo que incluye sus preferencias políticas. Pero nuestro mensaje es que WhatsApp no es una herramienta para hacer política”, reconoció Victoria Grand, directora de Políticas y Comunicaciones de WhatsApp internacional.

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A la falta de controles se le suma la permisividad con la que cuentan los candidatos para financiar estrategias digitales nocivas. Es que los partidos políticos tienen noventa días posteriores a cada cierre de año para presentar sus balances, por lo que si se cometen irregularidades, o se financian campañas negativas, los resultados se conocerán tiempo después de que las elecciones hayan terminado.

“Lo ideal es adoptar sistemas como el que utiliza México, donde hay más recursos volcados a los organismos de control, mayor periodicidad en la presentación de las cuentas de las estructuras políticas y sanciones más severas que pueden llevar a la suspensión de una candidatura”, explicó Zovatto. Mientras que en países como Estados Unidos la ley requiere que los candidatos y sus estructuras se sometan a informes periódicos que divulguen los fondos que recaudan y gastan. A tal punto que, de cara a las elecciones 2020, los analistas advirtieron que la administración de Donald Trump invierte menos en publicidad digital que la oposición (ver recuadro). Se trata, claro está, de un panorama que parece estar muy lejos del presente que se evidencia en Argentina.

Los gastos millonarios de Donald Trump

Si bien falta un año para las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Estados Unidos, las consultoras como la agencia Bully Pulpit Interactive advierten que la carrera por ver quién domina el espacio digital ya comenzó. En este sentido, los analistas señalaron que la oposición a la administración del presidente Donald Trump invirtió más fondos en anuncios digitales que el oficialismo.

El Partido Demócrata, liderado por el ex vicepresidente Joe Biden junto a Kamala Harris, recupera terreno en el espectro digital. Según los números conocidos hasta marzo de este año, Trump estaba gastando en Google y Facebook más dinero que todos los candidatos demócratas juntos. Pero desde entonces, la inversión de la campaña política digital en Estados Unidos se invirtió: ahora el partido opositor lleva gastados aproximadamente US$ 12,7 millones en las plataformas digitales, mientras que el mandatario estadounidense pagó alrededor US$ 7,9 millones.

Por otro lado, en España sucedió un fenómeno similar. Los partidos optaron por volcar sus fondos a las redes sociales a tal punto que el Partido Popular desembolsó dos tercios de su inversión total y Podemos la mitad. Mientras que Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueron más mesurados en el gasto. En estas elecciones los principales partidos contaron con un presupuesto de unos 3,4 millones de euros durante la campaña que se realizó el pasado mes de abril.

Estados Unidos y España son los casos más emblemáticos de transparencia de recursos utilizados por los partidos en procesos electorales ya que todos los políticos deben dar cuenta de sus gastos de campaña en formato online. Algo que, hasta el momento, se trata de un fenómeno impensado: a pesar del acuerdo implementado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) con las principales empresas de tecnología, en nuestro país no se podrá saber cuánto invertirá cada candidato en la campaña digital.

*Equipo de investigación de Perfil Educación.


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