El panorama político luce muy complicado para el presidente Jair Bolsonaro, cada vez más nervioso y agresivo con opositores y periodistas, mientras ve crecer la ventaja de su odiado Lula da Silva en las encuestas para las elecciones de 2022, y el Senado avanza con una investigación sobre su manejo de la pandemia, que ha provocado más de 500 mil muertos en Brasil.
En los últimos meses el mandatario ha despedido a tres de sus ministros más fieles, y a la vez más criticados, en una muestra de debilidad política y en un intento por recuperar terreno político y cortejar al “centrao”, la fuerza parlamentaria que puede garantizarle que no prospere alguna de las decenas de pedidos de impeachment que recibió el Congreso.
A esto se agrega la presión de las calles, ya que las marchas de protesta se han vuelto cada vez más masivas, un requisito presente en los anteriores juicios políticos que derivaron en la salida del poder de los ex presidentes Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff.
Canales de noticias y portales de Internet transmiten en directo, con gran audiencia, las deliberaciones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado, que nació para investigar la crisis de suministro de oxígeno, que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, y que se ha convertido en una tribuna diaria de especialistas y políticos opositores que critican sin piedad a Bolsonaro.
“Parte de las muertes por covid en Brasil son responsabilidad directa del Presidente de la República”, dijo por ejemplo el jueves el epidemiologista Pedro Hallal, convocado a testificar ante la CPI.
Y al mal manejo de la pandemia se le han sumado varias denuncias de corrupción. La última es la supuesta intermediación de una empresa de Singapur para la compra de la vacuna india Covaxim con una sobrefacturación de 300 millones de dólares.
El presidente ha reaccionado con groserías e insultos ante las consultas de la prensa sobre el tema. “Pare de hacer esas preguntas. Vuelva a la facultad. Nazca de vuelta, es una ridícula”, le gritó a una cronista ayer en Sorocaba, interior de San Pablo.
Y el lunes, cuando una periodista le preguntó por qué no usaba barbijo durante un acto público en otra localidad paulista, el presidente le respondió a los alaridos: “Llego como quiero, donde quiero, cuido de mi vida”, y al comprobar que se trataba de una cronista de la red Globo, le dijo que “Globo es una mierda de prensa, con unos periodistas canallas que no ayudan en nada, destruyen a la familia brasileña y destruyen a la religión”.
Encuesta. Tantas adversidades no podían dejar de reflejarse en las encuestas para las elecciones de octubre de 2022. La última, divulgada ayer, otorga al ex presidente Lula da Silva el 49 por ciento de las intenciones de voto, frente al 23 de Bolsonaro, lo que significa que, dado el margen de error de dos por ciento, el líder del Partido de los Trabajadores podría ganar en primera vuelta si los comicios fueran hoy, según el sondeo de la consultora Ipec
Detrás, muy lejos, se ubican todos los candidatos que se han propuesto, hasta ahora con poco éxito, evitar la polarización y construir una opción de centro: Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda) cuenta con el 7 %, con el 5 % está el gobernador de San Pablo, Joao Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro) y con el 3 % Henrique Mandetta, el exministro de Salud del partido Demócratas (Dem, derecha).
Según analistas, las dificultades para construir una candidatura alternativa de centro, el deterioro de la figura de Bolsonaro, y el avance de Lula, preocupan a sectores de la derecha política y económica y de las Fuerzas Armadas, los mismos que, según el PT, presionaron para que la justicia inhabilitara judicialmente al ex mandatario en 2018.
Esos sectores estarían articulando fuerzas para impulsar el impeachment de Bolsonaro y hallar un candidato con más posibilidades de enfrentar a Lula.
“Los contactos, aun iniciales, involucran a empresarios, militares y algunos pocos políticos con mandato. Su objetivo es apartar a Bolsonaro de la presidencia”, sostiene el analista Helio Doyle.
Según Doyle, quienes impulsan la destitución del mandatario para impedir su candidatura creen que “sin la polarización con Bolsonaro, el embate electoral se dará entre Lula y un candidato de centro-derecha”. Ese candidato tendría más posibilidades de victoria, “por la persistencia del rechazo a la izquierda y al PT y al conservadurismo de la mayoría de los electores”.
Centrao. Eso explica los recientes guiños de Bolsonaro al “centrao”, el sector parlamentario formado por varios partidos sin ideología pero con una vasta experiencia en el arte de retener el poder, cualquiera sea la fuerza política que llegue al Gobierno.
Los votos de esos legisladores son fundamentales para evitar un juicio político y sólo cuando sus líderes le hicieron llegar sus objeciones fue que el presidente aceptó sacrificar a tres ministros en los últimos tiempos: el canciller Ernesto Araújo, el de Salud, el general Eduardo Pazuello y el último, esta semana, el de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
De todos modos, analistas advierten que los cambios son sobre todo cosméticos, ya no significan nuevas orientaciones en temas tan sensibles como la preservación de la Amazonia, el manejo de la pandemia y la proyección internacional de Brasil.
“El hecho de que esos tres ministros tuvieran mucha resistencia afuera pesó mucho en la decisión de Bolsonaro de sustituirlos, aunque también hubo factores internos”, afirma Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas. Pero “son cambios más de apariencia que de esencia”, agrega.
“Esos cambios no conllevan cambios significativos de políticas. Los ministros salen elogiados por el presidente y sus sucesores pueden hacer alteraciones puntuales, pero que no serán giros de 180%”, dice por su parte el analista político Thomaz Favaro, de Control Risks.
El último en caer, el miércoles, fue el titular de Medio Ambiente, Salles, cuya permanencia se había vuelto insostenible después que la corte suprema ordenara investigar su supuesta relación con operaciones de tala y contrabando ilegal de madera.
A Salles le llovieron las críticas de la comunidad internacional y de grupos ambientalistas, que le acusaban de fomentar el alarmante repunte de la deforestación amazónica, de reducir los presupuestos de los organismos de control y de preconizar la explotación de los recursos económicos en áreas protegidas.
Su sucesor, Joaquim Alvaro Pereira Leite, es un ex consejero de la Sociedad Rural Brasileña, lo que según las ONG augura poco cambio de rumbo.
A finales de marzo, fue el turno del canciller Ernesto Araújo, uno de los principales exponentes del “ala ideológica” del gobierno, un cruzado contra el “marxismo cultural” y el “globalismo”, que con sus diatribas contra China complicó el vínculo con el principal socio comercial, proveedor de vacunas e insumos contra el coronavirus.
Dos semanas antes, Bolsonaro había dimitido el general Eduardo Pazuello, su tercer ministro de Salud desde su llegada al poder en 2019. Pazuello fue reemplazado por un médico, Marcelo Queiroga, que trata de conciliar las medidas sanitarias básicas para frenar la enfermedad con la vociferación de Bolsonaro contra el uso obligatorio de máscaras y a favor de tratamientos sin eficacia comprobada contra el covid.
La Justicia lo multó por misoginia
ANSA
La Justicia de Brasil condenó al presidente, Jair Bolsonaro, y otros miembros del gabinete que divulgaron mensajes misóginos, a pagar multas y otras reparaciones que suman unos 3 millones de dólares. En su fallo la jueza federal, Ana Lúcia Petri Betto, afirmó que los dichos del presidente y sus colaboradores “son dignos de espanto y repudio”. Petri Betto “juzgó procedente” una denuncia del Ministerio Público Federal de San Pablo y ordenó el pago de 5 millones de reales (1 millón dólares) en indemnizaciones a las víctimas además de realizar campañas en los medios contra el machismo por 10 millones de reales (2 millones dólares). La Fiscalía itó varias manifestaciones de Bolsonaro, como haber insinuado que una periodista de Folha de San Pablo obtenía primicias a cambio de favores de índole sexual. Y al promocionar implícitamente el turismo en su país, dijo “quien quiera venir a hacer sexo con una mujer, puede hacerlo”. El Ministerio Público en su acusación citó también declaraciones del hijo del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, y de la ministra de Derechos Humanos, la pastora evangélica Damares Alves. La acción busca “reparar los daños sociales y morales colectivos causados por las actitudes de Bolsonaro y sus auxiliares”, señaló en su fundamentación. El gobierno deberá desembolsar 10 millones de reales para costear en los medios y en las redes sociales “campañas de concientización sobre las situaciones de violencia, asedio y desigualdad sufridas por las mujeres”, señala el fallo judicial.
