Por estas horas, el Gobierno de España respira un clima de asfixia total. Acorralado por una red de escándalos judiciales que salpica desde exmandatarios históricos hasta su propio círculo familiar íntimo, el presidente Pedro Sánchez atraviesa una semana clave para intentar frenar el colapso de su Gobierno. El desorden llega desde varios frentes, la presión de sus aliados está al límite y su capacidad de resistencia se pondrá a prueba como nunca antes.
Este miércoles 24, el mandatario deberá comparecer ante el Congreso para dar explicaciones e intentar calmar a los socios parlamentarios que sostienen su administración. El principal detonante de esta crisis es el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias y lavado de dinero. En su reciente declaración ante la Justicia, Zapatero no logró convencer al magistrado sobre su inocencia y se rehusó a justificar el origen de un lote de joyas tasado en 1,3 millones de euros, que la Policía secuestró de una caja fuerte en su oficina.
La “hemorragia de credibilidad” del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene otros frentes abiertos de extrema gravedad. A la durísima condena de 24 años de prisión que acaba de recibir el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, se le suma el laberinto judicial de su sucesor en la secretaría de organización partidaria, Santos Cerdán. Este último está en la mira por haber orquestado presuntamente una campaña sucia, financiada con fondos del propio partido, destinada a desprestigiar a quienes investigan la corrupción gubernamental.
Condenaron a 24 años de prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transporte de Pedro Sánchez
Frente a este escenario, las diversas fuerzas progresistas, independentistas y nacionalistas que permitieron la reelección de Sánchez están agotando su paciencia. Mientras agrupaciones como Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya consideran que la legislatura está terminada a raíz del “lío” judicial, otros grupos aliados le marcaron al presidente una línea roja innegociable respecto a la supuesta financiación ilegal del PSOE, una acusación que el jefe de Estado niega rotundamente.
Como si el derrumbe partidario no fuera suficiente, el clima de malestar perforó las paredes de la propia casa presidencial. Su esposa, Begoña Gómez, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse a un juicio oral bajo la sospecha de haber utilizado su posición de primera dama para obtener beneficios profesionales. En simultáneo, se aguarda la inminente sentencia contra el hermano del presidente, David Sánchez, procesado por haber sido contratado en un puesto laboral diseñado a su medida en Badajoz.
La estrategia de supervivencia política
Antes de resolver el rompecabezas legislativo, el líder socialista deberá contener las deserciones dentro de su propio equipo. El sábado 27 está convocada una tensa reunión del comité federal del PSOE, donde Sánchez no podrá esquivar la autocrítica por el pésimo rendimiento en las urnas durante las últimas elecciones regionales de Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Allí, además, deberá poner la cara ante colegas, furiosos por el profundo desgaste que las denuncias de corrupción generan en los territorios.
Para intentar sostenerse en el poder y mitigar el impacto, el principal argumento defensivo del oficialismo puertas adentro y hacia afuera será destacar los rápidos reflejos del mandatario. Sánchez insistirá en que, ante la aparición de irregularidades, su administración reaccionó de manera inmediata apartando de sus filas a todos los funcionarios sospechados de cometer ilícitos.
Pese a la inquietud generalizada de su entorno, adelantar las elecciones no figura en los planes inmediatos del presidente. Su estrategia central es presentar los presupuestos generales del Estado (que llevan prorrogados desde 2023) recién después del verano europeo. Si el Parlamento le niega los votos, Sánchez usaría esa falta de apoyo legislativo como argumento para convocar a comicios en el primer trimestre de 2027, logrando así que la caída de su Gobierno se justifique por un bloqueo económico y no por la crisis de corrupción.
TC/ML
