Este miércoles Argentina volvió a marcar posición en Naciones Unidas (ONU) en un terreno sensible: el de la memoria histórica y la reparación, dos ejes de la agenda de derechos humanos. El gobierno de Javier Milei rechazó una resolución que reconoce la esclavitud transatlántica como "el mayor crimen contra la humanidad" y promueve reparaciones en función de sus consecuencias "estructurales" actuales.
La resolución —no vinculante, pero de fuerte peso político— aborda las consecuencias de la esclavitud, que implicó el traslado forzado de al menos 12,5 millones de africanos entre los siglos XV y XIX. Presentada por Ghana, la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General: 123 países votaron a favor. Solo tres lo hicieron en contra —Estados Unidos, Israel y Argentina— mientras que 52 optaron por la abstención, entre ellos gran parte de los países europeos, protagonistas de ese momento histórico.-
El dato numérico, por sí solo, ubica a Argentina en una posición minoritaria. Pero su lectura política es más profunda: no se trata únicamente de un voto sobre el pasado, sino del tipo de inserción internacional que el gobierno libertario buscó consolidar desde que asumió en diciembre de 2023: el alineamiento total con Washington y Tel Aviv en política exterior.
Incluso a pesar del ruido que generó el giro en política exterior en ámbitos diplomáticos locales y globales, incluida la órbita de la ONU, que recientemente advirtió un "retroceso" en el liderazgo argentino en materia de derechos humanos en un informe publicado en el marco del 50 aniversario del golpe militar.
Alineamiento automático
El voto argentino, liderado por el representante ante la ONU Francisco Fabián Tropepi, se inscribe en una lógica más amplia que excede este expediente puntual. En los últimos meses, la política exterior del gobierno de Javier Milei consolidó un alineamiento consistente con Estados Unidos e Israel en foros multilaterales, particularmente en temas vinculados a seguridad, Medio Oriente y derechos humanos.
Esta votación no fue la excepción. El representante estadounidense ante la ONU cuestionó el "uso cínico" de injusticias históricas como base para redistribuir recursos en el presente. También expresó su rechazo a la idea de establecer jerarquías entre crímenes de lesa humanidad. Países de la Unión Europea, por su parte, evitaron el voto negativo pero se abstuvieron, señalando "objeciones legales y fácticas", entre ellas la posibilidad de aplicar retroactivamente el derecho internacional.
En ese esquema, Argentina no solo acompañó la posición estadounidense —algo esperable dado el giro diplomático reciente— sino que fue un paso más allá que Europa, al votar directamente en contra en lugar de abstenerse. La decisión refuerza una tendencia de la política exterior libertaria: el abandono de una diplomacia históricamente multilateralista o de equilibrio, en favor de un alineamiento más explícito con el eje Washington Tel-Aviv incluso en debates que combinan memoria, historia y derecho internacional.
El duro informe de la ONU por los 50 años del golpe en Argentina
La decisión argentina adquiere una dimensión adicional si se la cruza con otro dato reciente: el diagnóstico de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en el país. En un informe difundido en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, un grupo de expertos advirtió un "rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina" en materia de memoria, verdad y justicia.
El documento es particularmente sensible porque pone en cuestión uno de los pilares de la identidad internacional argentina desde el retorno democrático: su rol como "referente" en justicia transicional.
Los expertos destacaron que el país logró consolidarse durante décadas como un modelo, con hitos como la CONADEP, el Juicio a las Juntas y el juzgamiento de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero alertaron que, desde 2024, se observan medidas regresivas: debilitamiento de instituciones dedicadas a la memoria, obstáculos en el acceso a archivos, reducción del impulso estatal a investigaciones judiciales y retrocesos en políticas de reparación.
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"Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho", advirtieron, al tiempo que expresaron preocupación por "discursos negacionistas" y la posibilidad de indultos en causas por violaciones graves a los derechos humanos.
En ese doble plano —el internacional y el doméstico—, el voto argentino en la ONU no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un reordenamiento más amplio: una política exterior alineada con ciertos actores globales y, en paralelo, una revisión —explícita o implícita— de consensos históricos en materia de derechos humanos.
La resolución de la ONU sobre la esclavitud
Desde Ghana, principal impulsor del texto, defendieron la iniciativa como un paso hacia la justicia histórica, destacando que las consecuencias del triángulo de la esclavitud siguen vigentes en forma de desigualdades estructurales, raciales y económicas.
"La historia no desaparece cuando se ignora… la verdad no se debilita cuando se retrasa y la justicia no expira con el tiempo", sostuvo el canciller ganés, Samuel Ablakwa. Por su parte, el presidente del país ubicado en África Occidental, John Dramani Mahama, y uno de los arquitectos del proyecto, habló de avanzar hacia una "ruta de sanación y justicia reparativa global" que podría incluir disculpas oficiales, compensaciones económicas, restitución de bienes culturales y garantías de no repetición.
En la misma sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la comunidad internacional necesita una acción "mucho más audaz" para enfrentar las injusticias históricas, en un contexto de escalada bélica mundial donde los reclamos por reparación ganan terreno y tomaron otro tenor con las "condiciones" de Irán para acordar un alto al fuego en Medio Oriente.
El debate sobre reparaciones por la esclavitud no es nuevo, pero en los últimos años adquirió renovado impulso. La Unión Africana avanzó en la construcción de una posición común entre sus 55 Estados miembros para definir qué tipo de reparación debería exigirse a las antiguas potencias coloniales.
La resolución aprobada en la ONU se inscribe en ese proceso y representa un hito: es la primera vez que la Asamblea General vota formalmente un texto que no solo reconoce la esclavitud como crimen contra la humanidad, sino que también abre la puerta a mecanismos concretos de reparación.
