En una sorprendente acción de la Policía Federal, los presidentes de las megaconstructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez fueron detenidos ayer como responsables por el pago total de 720 millones de reales, equivalentes a 234 millones de dólares, en propinas, en el esquema de corrupción en la Petrobras y formación de cartel. El dinero de los sobornos salió, por medio del cobro de sobreprecios, de la caja fuerte de Petrobras.
Las prisiones han sido determinadas por el juez federal Sergio Moro, quien comanda la Operación Lava-Jato desde Curitiba. Esta es la más amplia y profunda investigación policial sobre el desvío de plata de la petrolera a constructoras brasileñas. El esquema distribuía dinero también a partidos políticos, sobre todo los dos principales del gobierno de Dilma Rousseff, a empleados de Petrobras y a cambistas y otros intermediarios. El Tribunal de Cuentas de Brasil calcula una pérdida total de 12.700 millones de dólares.
Para todos. Marcelo Odebrecht, presidente de la Constructora Norberto Odebrecht, y Otavio Marques Azevedo, directivo de Andrade Gutierrez, fueron detenidos por la mañana, antes de que el Ministerio de Justicia, al que la Policía Federal está subordinada, hubiera sido informado. Esta acción fue la decimocuarta de la Operación Lava-Jato, y fue bautizada Erga Omnes (en latín, lo que vale para todos). Más de doscientos agentes fueron movilizados para detener a otras 19 personas y realizar 38 allanamientos en cuatro estados brasileños. Hoy empiezan a declarar.
Moro aclaró que se cumplieron todas las exigencias judiciales para ordenar las capturas. Las pruebas han sido obtenidas por la PF a partir de las análisis de los contratos firmados por las constructoras con Petrobras y del testimonio del ex director de Suministro de la Petrobras Paulo Roberto Costa, preso desde marzo de 2014. El juez federal apuntó que los ejecutivos detenidos conocían el esquema de propinas y el cartel. Ha justificado que Odebrecht y Andrade Gutierrez no han realizado investigaciones internas sobre las sospechas.
Con fuerte presencia en Argentina desde fines de los años 80, Odebrecht ha sido apuntada también por el juez Moro como la líder del cartel de constructoras en Petrobras, que permitía a las firmas repartir entre ellas las obras de la petrolera y las ganancias con el cobro de sobreprecios. El dinero iba a cuentas en Suiza y, de ahí, a sus beneficiarios finales.
“La ausencia de cualquier medida (de investigación y punición) es un indicio de la participación de los directivos y (también) de que las malversiones no fueron obra de una acción individual, sino de la política de la empresa”, subrayó Moro. “Debemos castigar a todos. Estamos en una República, y la ley sirve para todos. Si no, no debería valer para ninguno”, declaró el fiscal regional de la República, Carlos Fernando dos Santos Lima.
Las dos empresas están en un listado de 23 constructoras prohibidas por la Petrobras, de presentarse a nuevas licitaciones por estar involucradas en el escándalo. El total de 720 millones de reales en malversación corresponde, según el comisario de la PF Igor Romário de Paula, a 3% de los contratos de las dos compañías con Petrobras –510 millones de Odebrecht– y el resto de Andrade Gutierrez.
Las dos constructoras rechazaron las acusaciones. Odebrecht afirmó que el allanamiento realizado en sus oficinas en San Pablo y Río de Janeiro y la prisión de sus ejecutivos han sido “innecesarias” porque todos dijeron estar dispuestos a colaborar con las investigaciones. Andrade Gutierrez dijo no haber tomado parte de los fraudes y que espera “aclarar todos los cuestionamientos de la Justicia a la brevedad”.
