Todo indica que la Cámara de Senadores brasileña concluirá la semana próxima el juicio político a Dilma Rousseff, que así se convertirá en el segundo mandatario destituido por el Congreso desde la recuperación democrática, en 1985. La ex guerrillera ha sido “víctima propiciatoria” de una clase política a la que nunca perteneció plenamente y que busca conjurar con su caída el riesgo del Lava Jato, la avallasadora investigación desencadenada por la justicia. Fue Dilma, también, víctima de 13 años de un mismo partido en el poder que, inevitablemente, derivaron en clientelismo, uso patrimonial del Estado, capitalistas “amigos” y otros vicios que tan bien conocemos por acá.
Brasil puede ser mejor después del Lava Jato. Los fraudes denunciados cayeron del 27 al 12 por ciento, y se duplicó el número de empresas que crearon unidades internas para controlar el comportamiento de sus directivos. Con el multimillonario Marcelo Odebrecht condenado, todos saben que ya no habrá “intocables”. Y la próxima campaña electoral seguramente no tendrá las cifras escandalosas de las anteriores, precisamente porque la mayoría de ese dinero salía de la Petrobras, saqueada durante años por la clase política, y de las grandes constructoras beneficiadas con las licitaciones.
Pero Brasil puede ser peor después del impeachment. Michel Temer, que sustituirá a Rousseff hasta completar su mandato, se ha movido como pez en el agua en ese esquema opaco y corrupto de las últimas décadas -como también lo hicieron casi todos los legisladores que impulsaron el juicio político- y nada hará por volver más transparente la política. Y las indudables conquistas sociales del PT pueden desvanecerse rápidamente.
(*) Editor de Internacionales.
