Tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la consulta soberanista, los catalanes votarán hoy en un “proceso participativo” no vinculante, que será organizado por cuarenta mil voluntarios de la sociedad civil. La ciudadanía acudirá a las urnas para responder dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. El alicaído desafío independentista intentará insuflar de épica y mística al 9N, que no contará con respaldo jurídico ni con el consenso político necesario para marcar un punto de inflexión en las tortuosas relaciones entre Cataluña y el gobierno español.
Artur Mas, presidente de la Generalitat, adelantó que el 10 de noviembre enviará una carta a Mariano Rajoy, ratificando su voluntad de negociar. “A partir del lunes lo que se tiene que hacer es dialogar, hablar, sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos con una mentalidad del siglo XXI y escuchando a la gente”, sostuvo esta semana.
Pese a la optimista retórica independentista, la iniciativa parece destinada al fracaso. “La consulta no tiene un amparo legal en el Derecho Internacional. Se tendrían que reformar la Constitución y las leyes internas, para permitir al pueblo catalán el derecho a decidir, pero dentro de una pedagogía bien hecha por parte de los partidos políticos”, explicó a PERFIL David Bondia García, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona. Según el jurista, la iniciativa es una “cortina de humo” para tapar ajustes en los presupuestos de salud y educación.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, la dirigencia catalana se amparó en la libertad de expresión para celebrar el 9N. Para sortear la crisis soberanista, el Estado español y Cataluña tendrían que renegociar las competencias autonómicas. “Que ese modelo descentralizador se llame o no federal es secundario, lo importante es sanear el Estado autonómico, sin destruirlo”, escribió en El País Javier García Fernández, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.
Aunque los independentistas sueñan con un Sí masivo que obligue a Rajoy a retroceder, Cataluña aún no resolvió qué modelo de Estado pretende, qué vínculos mantendrá con España y con la Unión Europea (UE) y qué hará si se dispara su deuda pública.
