Bogotá – La captura y detención en una cárcel de máxima seguridad de seis legisladores, entre ellos el hermano de la canciller de ese país, María Consuelo Araújo, desató una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición, y complica aún más a Álvaro Uribe, ex gobernador de un estado, Antioquia, en el que los paramilitares sentaron sus bases.
Aráujo presentó su renuncia pero ésta fue rechazada y Uribe mismo la ratificó en su cargo. Poco después, la canciller admitió que se trataba de un “momento difícil” para ella pero anunció que seguiría trabajando con “eficacia, honradez, con resultados y con alegría”.
Es que entre los seis legisladores detenidos, acusados por vínculos concretos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), figura el hermano de la ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Álvaro Araújo.
El senador está acusado de una supuesta participación intelectual en el secuestro de un empresario del departamento de Cesar, ocurrido hace cinco años, y también de vincularse con líderes "paras" que fraguaron un complot contra el presidente venezolano Hugo Chávez.
Además, el máximo tribunal también llamó a declarar al padre y otro de los hermanos de la canciller colombiana, quienes aparentemente estarían involucrados con paramilitares y que, en Colombia, ahora denominan “parapolítica”.
A partir de éstas órdenes libradas contra los congresales por el máximo tribunal del país, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones realizó allanamientos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta para dar con los legisladores Dieb Maloof, del Movimiento Colombia Viva; Mauricio Pimiento, del Partido de La U; Alfonso Campo Escobar, del Partido Conservador; y Luis Eduardo Vives, de Convergencia Ciudadana; y el diputado Jorge Luis Caballero, también de CC.
Finalmente fueron apresados y hoy mismo serán conducidos a un pabellón de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, donde también se encuentran otros tres legisladores acusados de tener vínculos con ultraderechistas.
Las repercusiones oficiales. “Aquí lo que hay que mirar es lo que la señora ministra representa en su propia persona. Uno por salvar apariencias, por el qué dirán, no puede ocultar lo que ha sido esta tragedia colombiana, que ha hecho tanto daño en tantas familias. Y no puede salir, simplemente, por salvar apariencias, a sacrificar a una compatriota que lo ha hecho bien”, manifestó el presidente Uribe con relación a su funcionaria.
Los pedidos de renuncia y el reclamo para que Uribe la acepte surgieron del ex candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del titular del Polo Democrático, Carlos Gaviria, quienes le sugirieron al mandatario que le evite a la funcionaria “el maltrato y el desgaste”. “La canciller ya manifestó en el pasado su intención de renunciar; el Presidente debe dejarla ir. No debe someterla a un desgaste personal y emocional”, manifestó Pardo a la prensa de ese país.
Gaviria, en tanto, consideró que si la canciller deja su cargo, “su retiro enviaría un mensaje y es que no quiere que se haga siquiera la hipótesis que desde el alto gobierno se puede estar presionando a los estrados judiciales para que tomen algunas decisiones”. Por su parte, la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, se declaró respetuosa de la determinación de la Justicia e indicó que “el Congreso seguirá funcionando porque los errores individuales de los legisladores no deben transferirse a la institución”.
Las nuevas amenazas. En tanto que, el presidente de la Sala Penal de la cort e, Alfredo Gómez, afirmó que hasta el momento se desconocen los motivos de las amenazas que recibió el jefe del alto tribunal, Yesid Ramírez.
“Me comuniqué con el doctor Ramírez a la medianoche y me manifestó su preocupación porque le habían comentado de algunas llamadas no directamente a él, pero sí a sus amigos de confianza”. Además, las detenciones de los parlamentarios se dan al mismo tiempo en que la fiscalía libró una orden indagatoria al gobernador del departamento de César, Hernando Molina, por sus presuntos vínculos con grupos de ultraderecha.
El escándalo por la “parapolítica” se desató en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención, sin beneficio de excarcelación, de los parlamentarios oficialistas Álvaro García, Jairo Merlano y Erick Morris. La polémica se agudizó cuando el senador oficialista Miguel de la Espriella declaró que varios congresistas del norte colombiano habían pactado, en 2001, con los paramilitares la creación de un movimiento para difundir y apoyar los ideales de los ultraderechistas.
Fuente: DPA, Télam, AFP
