INTERNACIONAL

Chávez avanza con su "blindaje" legislativo

Superpoderes por un año, reforma a las leyes que controlan a los medios, los bancos y el "poder popular". La Asamblea chavista vota todo contrareloj antes de perder su mayoría absoluta.

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CARACAS.- La Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana, dominada por adeptos al presidente Hugo Chávez, pisa en estas horas desesperadamente el acelerador para aprobar leyes que el gobierno considera cruciales antes de que asuma en enero un nuevo Legislativo con 40% de diputados de la oposición. Leyes sobre el sector bancario, sobre el poder popular o la administración pública ya han sido votadas y otras más polémicas, como la reforma de la ley de Telecomunicaciones o la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, son debatidas esta semana por los diputados, reunidos en sesión permanente.

Según la oposición, es un "paquetazo navideño" de leyes destinado a ignorar a la nueva Asamblea Nacional, que asumirá sus funciones en enero. "Estamos pidiendo que se frene esta aprobación de leyes y solicitamos, como diputados electos, una reunión con la nueva Asamblea y con la vieja, para que se respete a la gente, los electores y la Constitución", pidió Julio Borges, diputado opositor elegido en los comicios de septiembre.

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"Hay que dar la oportunidad a los nuevos diputados que representan la pluralidad del país para que debatan leyes importantes para los venezolanos", pidió el gobernador opositor del Estado Miranda, Henrique Capriles. El jueves, la Asamblea Nacional dará prioridad a la aprobación definitiva de una normativa que otorgará a Chávez el poder de legislar sin debate y por decreto durante un año. El Ejecutivo ha propuesto esta ley debido a la emergencia generada por las recientes lluvias, que han dejado más de 130.000 damnificados en Venezuela, lo cual requiere decretos y leyes urgentes.

Este miércoles, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, estimó que Chávez está "socavando la voluntad del pueblo" al pedir estos poderes legislativos y recordó que "la separación de poderes (...) es un elemento esencial de la democracia representativa". Crowley "repite el discurso de la ultraderecha", respondió Chávez la noche del miércoles durante un acto político transmitido en cadena nacional de radio y televisión, insistiendo en que la ley habilitante está enfocada en la emergencia por las lluvias. "No hay otra motivación", aseguró.

Además de esta ley, también será aprobada en estos días la reforma de la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que ya recibió el visto bueno de los diputados en primera lectura el martes. La finalidad, según la Asamblea Nacional, es "establecer el compromiso social" de los prestadores de estos servicios, incluyendo internet y todos los medios electrónicos. Según esta ley, los medios que en cualquier soporte difundan mensajes que "promuevan el odio y la intolerancia", inciten al delito, caigan en manipulaciones mediáticas "dirigidas a fomentar zozobra" o "inciten al homicidio" serán objeto de sanciones.

"No se puede permitir que un servidor de internet, escudado en la libertad de expresión, permita foros donde se incite al odio social o al asesinato de ciudadanos. Es anticonstitucional", explicó el vicepresidente Elías Jaua. Pero para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la nueva normativa entraña "una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información". Otra de las normativas debatidas en este fin de año en Venezuela será la reforma de la ley de Telecomunicaciones, aprobada este miércoles en primera lectura, de la que finalmente fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a Internet.

En Venezuela, con una población de casi 29 millones, hay más de 7 millones de habitantes con acceso a la red. Además, la Asamblea Nacional tiene en su agenda el proyecto de Ley para la Protección de la Libertad Política y la Autodeterminación Nacional, que en la práctica limitará la financiación extranjera para múltiples asociaciones, y otra ley que unificará las fechas de los mandatos de cargos estatales y municipales.

 

Fuente: AFP