Otilio Romano, el excamarista mendocino acusado de crímenes de lesa humanidad que huyó a Chile, será extraditado desde el vecino país, según ordenó ayer la Corte Suprema trasandina al rechazar un planteo de la defensa del exjuez.
Según informó el diario chileno La Tercera, la Corte autorizó la extradición de Romano, al confirmar la medida que había dispuesto un juez de primera instancia en junio pasado.
La defensa había cuestionado el pedido de detención contra Romano por parte de la Justicia argentina y había remarcado que el gobierno de Cristina Fernández de Kichner no había respetado el principio de reciprocidad cuando se negó a enviar a Santiago al chileno Sergio Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán.
Pero la sala penal de la Corte chilena desestimó esos argumentos y aseguró que "el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad, no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción de dichas normas legales".
En ese marco el máximo tribunal del vecino país remarcó que existen "obligaciones de rango superior contraídas por el Estado Chileno a través de los tratados internacionales que ha suscrito y que se ha obligado a respetar y de cuyo incumplimiento deriva responsabilidad internacional" y por lo tanto la "alegación levantada por la defensa de Romano Ruiz, será también desestimada", señalaron distintos reportes periodísticos de ese país.
Para la Justicia chilena existen presunciones fundadas de participación en "34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de Justicia".
En 2011, Romano fue procesado, acusado de no investigar o consentir un centenar de delitos de lesa humanidad perpetrado durante la dictadura militar cuando era fiscal federal y juez subrogante de Mendoza. Por esos hechos, el Consejo de la Magistratura lo suspendió y lo envió a juicio político el 25 de agosto de 2011, pero un día antes Romano se fugó a Chile donde pidió refugio y el Gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa por ocho meses.
En mayo de 2012 el Gobierno chileno rechazo considerar a Romano un refugiado político y comenzó a sustanciarse formalmente el juicio de extradición que, ahora, obtuvo el aval de la Corte de ese país.
