Chile: Sebastián Piñera cedió al clamor popular y prometió reformar la Constitución
La Carta Magna en vigencia no establece como responsabilidad del Estado el ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de los pilares que reclaman los millones de chilenos.
Este sábado 26 de octubre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, habló desde el palacio de La Moneda, a un día de la multitudinaria marcha en ese país. |
AFP
Tras veinticuatro días de manifestaciones violentas en Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera dijo que iniciará el proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como #ChileDespertó supera el 75%, y un número similar pide una nueva Constitución.
En un giro a su postura, el gobierno de Piñera anunció el domingo en la noche su voluntad de empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un "Congreso Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó este anuncio tras una reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha.
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"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país", dijo Blumel. Agregó que consideraban ahora que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con "una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio".
El gobierno retomó la idea de alcanzar un pacto social en el que sumen todos los sectores sociales y políticos de Chile, tras las protestas de ciudadanos hastiados por un modelo económico de amplia apertura al mercado que, aunque fue exitoso, fracturó a la sociedad por la desigualdad en la riqueza y el acceso a oportunidades. "Cualquier cambio constitucional requiere de acuerdos amplios y profundos, y por ello tenemos que convocar a todos los sectores, con humildad, pero también con la capacidad de dialogar", indicó Blumel sin precisar plazos.
"Entendemos que este trabajo lo tenemos que hacer pensando en el país y sobre la base de poder ir reconfigurando, reconstruyendo el pacto social, que en el ultimo tiempo hemos visto que hace sido una demanda de la ciudadanía", sostuvo Blumel. Respecto a los mecanismos que se emplearán para comenzar a redactar una nueva Carta Magna, el secretario de Estado explicó que, "el mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar sobre la base de un congreso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía".
La idea, según dijo Blumel, es que aquel congreso -del cual no entregó mayores detalles- se encargue de recoger e incluir las demandas ciudadanas a través de un proceso de debate nacional, y cuyo texto deberá ser ratificado por un plebiscito. "La Constitución es la ley más importante, es la casa de todos y tiene que ser ratificada por la ciudadanía para que sea el nuevo cuerpo, la nueva casa que nos cobije por los próximos años", expresó el ministro citado por Emol.com.
La actual Constitución, vigente desde 1980, tuvo más de 200 modificaciones en más de 40 artículos. El texto no establece, sin embargo, como responsabilidad del Estado el ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de los pilares que reclaman los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos en los que haya diferencias graves con el Parlamento. Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está "definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar", precisar "las obligaciones del Estado" y crear "mejores mecanismos de participación" ciudadana.
Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet, había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
