A casi cuatro años de los acuerdos del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, que le valieron al entonces presidente Juan Manuel Santos un premio Nobel de la paz, amplias zonas de Colombia viven una violencia descontrolada, donde el Estado parece verse superado por grupos armados de toda índole que con asesinatos imponen el terror a la población.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la violencia se ha disparado por la pugna entre grupos rivales para hacerse con el control de los antiguos negocios y territorios de la guerrilla. Las principales víctimas han sido ex guerrilleros y líderes sociales.
“El regreso de la violencia en las regiones y la sucesión de masacres se dan por luchas de control territorial en regiones donde ya no hay presencia de las FARC -si de algunas de sus disidencias- grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes”, explica el profesor Juan David Cárdenas, de la Universidad de la Sabana.
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Sólo en lo que va del año se han producido más de cuarenta masacres, en su mayoría de líderes sociales o ex guerrillero desmovilizados tras los acuerdos, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que apuntó como responsables a grupos que cometen asesinatos, reclutan niños, plantan minas terrestres, extorsionan, entre otros delitos.
Según datos de la Fiscalía Nacional publicados por el diario El Espectador, desde la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, fueron asesinados 349 líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo apunta como posibles perpetradores de estos crímenes a las disidencias de las Farc, a otras organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL), a carteles de narcos como el Clan del Golfo y a varias organizaciones más pequeñas surgidas de los residuos del paramilitarismo. Todos, asegura la Defensoría, están vinculados al narcotráfico.
Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, con unas 154.000 hectáreas sembradas en 2019, según la ONU. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, en el poder desde 2018, la cantidad de hectáreas sembradas se redujo en comparación con el pico de 171.000 en 2017, pero la capacidad de producción se mantuvo estable.
El gobierno propone como solución al narcotráfico reactivar las fumigaciones aéreas de narcocultivos, suspendidas desde 2015 por una recomendación internacional que advertía que el glifosato es un herbicida potencialmente cancerígeno.
“La guerra entre las guerrillas, los distintos grupos armados, y el Estado colombiano está signada por el fenómeno del narcotráfico, que no ha sido resuelto y que sigue planteado de una manera equivocada por el gobierno colombiano”, sostiene por su parte otro investigador, Juan Carlos Gómez Giraldo.
De acuerdo al informe de la Defensoría, en muchos casos, esos grupos se han aprovechado de las restricciones impuestas por la pandemia para extender su control sobre distintos departamentos, como Sucre, Antioquia, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Valle, Chocó, Cauca, Casanare, Meta y Nariño.
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“Muchos son espacios geográficos que tienen que ver con franjas del territorio que les permiten ejecutar sus acciones delictivas y una pronta salida al mar, dice el profesor Gómez Giraldo, y donde el estado está ausente, no tiene una infraestructura de servicios públicos”.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Luis Fernando Navarro, anunció el inicio de una ofensiva para frenar las últimas masacres. "Tras los hechos recientes por acción de la Fiscalía, de la Policía y de las fuerzas militares, ya se están resolviendo y se está dando con los responsables de estos hechos", dijo.
Los acuerdos. Lo cierto es que el trabajoso acuerdo negociado durante años en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC ha conseguido pocos avances desde 2016 en parte, explica Cárdenas, a que su puesta en marcha quedó en manos de las fuerzas políticas que se opusieron a su firma.
“Desde la llegada de Iván Duque al poder con el respaldo del Centro Democrático y el ex presidente Alvaro Uribe el proceso de implementación de los acuerdos se ha visto frenado y hasta cierto punto saboteado”, dice.
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En las regiones que las FARC tenían bajo su control antes de abandonar las armas, “debería haberse dado un proceso de sustitución de cultivos y regeneración de las economías campesinas con el respaldo institucional del Estado, lo que solo se ha dado en casos puntuales y de manera muy residual”, detalla el profesor de la Universidad de la Sabana.
“La poca presencia institucional, más allá de lo militar, hace que estos territorios sigan siendo caldo de cultivo para la violencia estructural al presentarse serios índices de desigualdad, baja escolaridad, fenómenos de económicas criminales, precarios sistemas de salud, por mencionar algunos aspectos”, advierte.
Lo que buscan los grupos criminales en esas regiones “es el dominio absoluto y, cuando no lo pueden hacer, siembran el miedo y el pavor”, agrega el profesor Gómez Giraldo.
Así, “los líderes sociales son quienes quedan en el medio del fuego tratando de gestionar intereses, proyectos y reivindicaciones de las poblaciones históricamente excluidas en Colombia”, añade Cárdenas.
Para Gómez Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana, que acompañó todo el proceso previo al plebiscito de octubre de 2016, en el que venció el no al tratado, uno de los problemas centrales es que “el acuerdo de paz se vio más como un tema político, y no social, y los partidos aprovecharon para polarizar aun más al país con posturas a favor o en contra. Y quien lideró el no al plebiscito hoy está en el poder”.
SFMC
