Irán se encuentra en una verdadera encrucijada económica, donde el modelo de “economía de resistencia” parece haber alcanzado su límite operativo.
Sin un alivio sustancial de las sanciones internacionales o una reorientación del gasto público desde el sector militar hacia el productivo, el país se enfrenta a un estancamiento y a una volatilidad social creciente que podría comprometer la estabilidad del régimen islámico a largo plazo.
Al cierre de 2025, la economía de la República Islámica presenta signos de agotamiento estructural. Tras años de una resiliencia relativa, el Producto Bruto Interno (PBI) ingresó en una fase de contracción, con proyecciones del Banco Mundial que estiman una caída de entre el 1,7% y el 2,8% para el período 2025-2026.
El indicador más alarmante para la población es la inflación descontrolada, que se ha estabilizado por encima del 50% interanual. Este fenómeno ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo, transformando productos básicos como la carne y los lácteos en bienes de lujo para la clase media y baja.
Se estima que cerca de 2 millones de personas adicionales han caído bajo el umbral de la pobreza en el último año debido a la imposibilidad de cubrir la canasta básica.
Impacto de las sanciones. La situación se agravó significativamente a finales de 2025 tras la activación de mecanismos de sanciones internacionales por su programa nuclear y el endurecimiento de las restricciones por parte de Estados Unidos.
Las sanciones han desconectado casi por completo a Irán del sistema bancario internacional, lo que impide la repatriación de divisas y encarece las importaciones mediante costos de transacción exorbitantes en el mercado negro.
Aunque el país mantuvo exportaciones de crudo mediante canales informales (principalmente hacia socios de Asia), los ingresos reales disminuyeron debido a los “descuentos de riesgo” que debe ofrecer y a las sanciones directas contra la flota de buques “fantasma” que viene utilizando.
El rial iraní alcanzó mínimos históricos, superando la barrera de los 1,4 millones por dólar en el mercado informal en diciembre de 2025. Esta depreciación alimenta un ciclo vicioso donde las empresas no pueden calcular costos de reposición, provocando huelgas comerciales en centros neurálgicos como el Gran Bazar de Teherán.
Prioridad militar. Uno de los puntos de mayor fricción interna es la disparidad entre el presupuesto de defensa y la inversión en servicios públicos. En un contexto de alta tensión regional (incluyendo los conflictos directos e indirectos con Israel de los últimos años), el gobierno iraní propuso un aumento de hasta el 200% en su presupuesto militar para el año fiscal 2025-2026.
Mientras sectores como la agricultura y la construcción sufren contracciones de entre el 3% y el 12% debido a la falta de inversión y escasez de energía, los recursos estatales se priorizaron para el desarrollo de misiles balísticos, drones de largo alcance y el sostenimiento de la Guardia Revolucionaria (IRGC).
El financiamiento de grupos aliados en el “Eje de la Resistencia” –Hezbollah, Hamas y los huties de Yemen– representa una imponente carga para el erario público. Los críticos internos señalan que los miles de millones de dólares destinados a la proyección de influencia regional son fondos que bien podrían utilizarse para modernizar la red eléctrica nacional, la cual sufre apagones constantes que paralizan la industria.
La combinación de una moneda sin valor y una percepción de “economía de guerra” detonó la nueva ola de protestas. A diferencia de movimientos anteriores centrados en libertades civiles, las manifestaciones actuales tienen un fuerte componente económico, lideradas por gremios de comerciantes y trabajadores del transporte.
