A fines de 2009, Lula da Silva cedió a presiones militares y dio marcha atrás con un proyecto para crear una comisión que investigara los crímenes de la última dictadura militar en Brasil. Aquello que Lula no pudo o no quiso hacer está a punto de concretarse ahora por decisión de su heredera política.
Se espera que la presidenta Dilma Rousseff designe en los próximos días a los siete integrantes de la Comisión de la Verdad, un organismo que aún no entró en funciones pero ya pone los nervios de punta a círculos castrenses que temen posibles consecuencias judiciales.
Rousseff resolvió que la Comisión no estuviera integrada por víctimas de violaciones a los derechos humanos o familiares, para neutralizar las acusaciones de "revanchismo" que profieren los detractores de la iniciativa. La idea es que los comisionados tengan perfiles variados. Se pensó en convocar a un artista, un intelectual, un político, un religioso, un jurista y un defensor histórico de los derechos humanos, entre otros.
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