Agobiado por el brusco descenso en el precio del crudo, el gobierno del presidente Hugo Chávez está enfrentando dificultades fiscales para cumplir con el pago de miles de millones de dólares por las nacionalizaciones de empresas de capital extranjero, entre las que se encuentran una cementera mexicana, una acerera con inversión argentina y un banco español.
Con la cesta del crudo venezolano cotizándose a unos $36 el barril, el gobierno está posponiendo además multimillonarias inversiones en países aliados como Nicaragua y Ecuador, anticipando una severa restricción de los ingresos fiscales para el 2009, que podría golpear la popularidad del presidente Chávez.
La administración chavista se vio obligada a posponer hasta enero el cierre de la compra de la sucursal venezolana del conglomerado español Santander, por falta de disponibilidad en los fondos de reserva del Banco Central de Venezuela.
Al mismo tiempo, no ha podido cumplir con los compromisos de pagos para la compra de la cementera francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex, que concentran más del 90 por ciento de la producción de cemento en el país.
Según fuentes consultadas por El Nuevo Herald, el gobierno estaría negociando un precio más bajo de estos conglomerados cementeros, argumentando que el impacto de la crisis financiera internacional afectó también el valor real de estas empresas.
Por otro lado, luego de varios meses de negociaciones, Caracas no ha podido cumplir con el cronograma de pagos por el 60 por ciento de las acciones de la siderúrgica Sidor, en manos del consorcio argentino Ternium.
"Desde que se anunciaron estas nacionalizaciones, el gobierno ha venido posponiendo los plazos de pago porque los fondos fiscales no alcanzan'', dijo Orlando Ochoa, economista independiente residente en Caracas, en declaraciones a El Nuevo Herald.
Según Ochoa, se estima que el gobierno de Chávez deberá desembolsar alrededor de $5,000 millones para cubrir los compromisos de las nacionalizaciones.
El economista indicó que pese a que el gobierno cuenta con un fondo de ahorros fiscales por el orden de los $20,000 millones "en recursos líquidos confirmados'', existen fuertes indicios de que los ahorros van a ser usados para aminorar el impacto del déficit fiscal en la economía venezolana en los primeros dos meses del 2009, cuando el gobierno planea realizar el referendo sobre la reelección presidencial.
"Chávez va a tratar de ganar el referéndum lo más pronto posible, antes de tomar medidas como la devaluación o aumentar impuestos, que pueden tener graves impactos políticos y sociales en Venezuela'', precisó Ochoa.
Alexander Guerrero, analista financiero y columnista del diario El Universal de Caracas, consideró que "con la caída del precio del petróleo, todo en Venezuela está en peligro, hasta el pago de los empleados públicos''.
"El problema es que no hay forma de determinar si el gobierno tiene ahorros suficientes para aguantar la caída de los precios del petróleo'', agregó.
Guerrero explicó que las dificultades del gobierno con las nacionalizaciones no se limitan al pago de las compensaciones a las empresas afectadas por la medida, sino que se incrementa porque deberá asumir un enorme pasivo laboral adicional.
"Las empresas nacionalizadas se van a convertir en un peso muerto fiscal, porque estas empresas van a pasar de generar flujo de caja a necesitar transferencias del gobierno para funcionar, como ha ocurrido con otras nacionalizaciones de este gobierno'', afirmó.
Según Guerrero, la situación fiscal de La Electricidad de Caracas y la telefónica CANTV, nacionalizadas en años anteriores por la administración chavista, va a comenzar a requerir inyecciones de dinero fresco para el 2009, porque "pasaron de ser empresas privadas a sociales, subsidiadas por el alto precio del petróleo''.
El impacto negativo de los precios del crudo venezolano está causando también serios problemas a los aliados de Chávez en el continente.
El mandatario venezolano podría verse imposibilitado de financiar un déficit de $100 millones que mantiene en jaque al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, luego de que organismos multilaterales de financiamiento de Estados Unidos y Europa suspendieran sus desembolsos argumentando un potencial fraude en las recientes elecciones municipales.
Adicionalmente, un alto funcionario de la estatal petrolera PDVSA anunció esta semana que Venezuela suspenderá por ahora el financiamiento de una nueva refinería en Nicaragua, a un costo de $4,000 millones, y de otro complejo de refinación en Ecuador.
Fuente: diario El Nuevo Herald, Miami
