Los tres jueces del tribunal de apelación de Porto Alegre confirmaron el fallo de primera instancia contra Luiz Inácio Lula da Silva y extendió su pena a 12 años y un mes de prisión por los presuntos cargos de corrupción y lavado de dinero.
Así lo decidieron los magistrados João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Ruiz Dos Santos Laus en respaldo del fallo del juez de primera instancia, Sergio Moro, quien había sentenciado al expresidente a 9 años de prisión.
Gebran consideró que por la posición que ostentaba, "su culpabilidad es extremamente elevada", y agregó que "el expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, del amplio esquema de corrupción" en Petrobras, del que "tenía conciencia" y al que "daba soporte", sentenció.
Por su parte, Paulsen destacó que Lula incurrió "por acción y omisión" en la práctica criminal de Petrobras, al sostener en los cargos a los directivos de la estatal que cometieron crímenes. El jurado afirmó que quien ocupa el cargo presidencial no está "por encima del bien y del mal". Mientras que el magistrado Ruiz Dos Santos Laus, fue el ultimo en confirmar su adhesión al veredicto de sus pares.
Esta decisión pone en vilo la candidatura del dirigente del PT, de 72 años, quien podría ser arrestado tras los agotamiento de los recursos en la corte y de esta manera quedar eximido de los comicios de octubre, en las cuales aparece como favorito en los sondeos.
En esta causa judicial, una de las siete abiertas en su contra, el ex jefe de Estado responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.
Cientos de manifestantes, tanto partidarios como opositores, se concentraron en las inmediaciones del tribunal en el que se desarrolla una audiencia que se estima que será larga. Por su parte, Lula seguirá el juicio desde la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo.
El dirigente del PT se convirtió el pasado 12 de julio en el primer exmandatario brasileño condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985). El juicio definirá el futuro personal y político de Lula puesto que una eventual ratificación de la condena hoy puede impedirle ser candidato, lo cual debe ser confirmado posteriormente por la justicia electoral.
