Segunda ciudad suiza por su cantidad de habitantes, Ginebra mantiene sus elecciones municipales del próximo domingo 5 de abril, no obstante el coronavirus. El 'gobernador' del cantón es Antonio Hodgers, hijo de un guerrillero argentino del ERP desaparecido durante la última dictadura militar argentina. Desde la sede de la ONU en la ciudad, se multiplican las recomendaciones para reducir la población carcelaria en el mundo, que en la Argentina podrían favorecer a los condenados por delitos de lesa humanidad, que están pidiendo salir en prisión domiciliaria, para terminar de cumplir condenas en sus domicilios,y así escapar del Covid-19, al acecho en los lugares de reclusión, como lo anticipo PERFIL hace unos días.
La flexible autonomía que disponen los 26 cantones suizos, base del Estado-Nación que constituye la Confederación Helvética, ha distinguido a Ginebra por dos de las disposiciones recientes de su ejecutivo, que la diferencian de la mayoría de los demás cantones. La primera es no anular la segunda vuelta de las elecciones municipales de este 5 de abril, no obstante el riesgo de exponer a los votantes a eventualmente contaminarse en los locales para emitir el sufragio, aunque se prioriza el voto por correspondencia. En el escrutinio pueden participar los extranjeros residentes, un dato significativo en Ginebra, donde conviven unas 90 nacionalidades.
La segunda resolución del Consejo de Estado de Ginebra, el órgano colegiado de siete miembros que gobierna el cantón, fue decretar el cierre de las obras en construcción por los riesgos de la pandemia, de común acuerdo con los sindicatos, distanciándose de la recomendación del gobierno federal de mantenerlas activas, siempre y cuando se respetaran las obligaciones sanitarias y de seguridad. Cabe agregar que ese Poder Ejecutivo cantonal es presidido desde el 2018 por el gobernador ecologista Antonio Hodgers, hijo de un guerrillero del ERP argentino desaparecido durante la dictadura militar, naturalizado suizo tras su arribo a Ginebra con su madre en búsqueda de asilo.
Suiza ha entrado en su tercera semana de confinamiento, cuyas exigencias son menos coercitivas que la de los países vecinos, en especial Italia y Francia. El Consejo Federal, los siete “sabios” del ejecutivo federal (cuatro hombres y tres mujeres, elegidos por las cámaras parlamentarias federales), encomiendan lavarse las manos varias veces al día, y aconsejan pero no imponen “quedarse en casa”, sobre todo a los mayores de 65 años y a los enfermos. La gente puede salir de sus domicilios para trabajar, ir al médico o a la farmacia, hacer compras o “visitar a un próximo”.
Mapa del coronavirus en tiempo real: así avanzan los contagios en el mundo
La actividad física al aire libre es tolerada, supuestamente porque favorece el fortalecimiento de la inmunidad, en particular el trote o la bicicleta. Las mudanzas son autorizadas bajo estrictas reglas de higiene. Si es posible el “teletrabajo”, se lo preconiza para la actividad económica de las empresas y de la administración publica, y así liberar personal del trafico urbano y de la concentración en oficinas.
Los transportes colectivos circulan y los conductores manejan sin barbijos. Se difunden por los medios de comunicación las consabidas precauciones personales susceptibles de hacer “barrera” al virus, acompañadas del distanciamiento social, que en veredas y calles no puede ser menor de un metro y medio. Los trabajadores transfronterizos con puestos de trabajo en Suiza procedentes de Alemania, Italia y Francia, cruzan a diario la frontera ida y vuelta. En todo el territorio está prohibido el agrupamiento de más de cinco personas en la vía pública.
De momento, la cantidad de fallecidos en Suiza por el coronavirus supera las 300 personas, en un país de 8,5 millones de habitantes, de los cuales “mas de dos millones” son extranjeros. Hay mas de 15 mil infectados por la pandemia, pero los hospitales han tenido margen para aceptar 22 pacientes franceses en reanimación, a fin de descongestionar las salas de terapia intensiva de los centros de salud franceses. Se han habilitado hasta estacionamientos al aire libre para hacer los exámenes que permitan verificar con exactitud el nivel de contagio de la totalidad de la población, modo de prepararse para una segunda ola de coronavirus, que podría precipitarse hacia de fin de año.
En la sede europea de la ONU en Ginebra, se han suspendido hasta mayo entrante las sesiones de los Comités de Expertos que controlan a los Estados en el cumplimiento de Convenciones y Tratados. De todos modos prosigue a ritmo sostenido el trabajo del personal de logística de las Relatorías y Grupos de Trabajo sobre Derechos Humanos, cuyos responsables viven en sus países de origen.
Se trata de mandatos ad honoren pues no son asalariados de la ONU, que dependen de su propio trabajo. Esa lejanía suele complicar las comunicaciones entre Ginebra y el resto del mundo. Sin embargo, no menguan los comunicados prácticamente cotidianos sobre el respeto de las libertades publicas y derechos individuales en distintos rincones del planeta que atraen la atención de Naciones Unidas.
Al respecto, se ha manifestado el Relator sobre Migrantes, Fernand de Varennes, quien alertó del peligro que el coronavirus “pueda exacerbar la xenofobia, el odio y la exclusión”. Hizo un llamado a brindar asistencia médica a los migrantes sin papeles, y a no excluir a las poblaciones indígenas. “No debe haber distinción de raza, lengua, religión u origen étnico”, subrayó, y agregó que debe favorecerse a “los más vulnerables”.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, integrado por 25 especialistas, que acaba de anular una misión a la Argentina para visitar lugares de detención, lanzó esta semana una serie de “recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19”, que deben observarse “en todo lugar de privación de libertad, incluyendo prisiones, recintos de detención de migraciones, campos de refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos para mitigar los riesgos de salud a raíz” de la pandemia.
Propusieron “la reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados”.
Además, dijern que los “gobiernos tienen que tomar las medidas de precaución necesarias para evitar la expansión del contagio, e implementar medidas de emergencia para asegurar que los detenidos tengan acceso a niveles apropiados de atención médica y puedan mantener el contacto con sus familiares y con el mundo exterior”. Todo esto en línea con el llamado a reducir la población carcelaria encomiado por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michele Bachelet, cuyo impacto podría incluso favorecer el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los condenados por crímenes de lesa humanidad, ante los riesgos de contagio del Covid-19 de lo reclusos dentro de las instituciones penitenciarias.
