Cuando Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz, dos emblemas de la última dictadura cívico-militar, solicitaron la prisión domiciliaria por temor a correr riesgo de contraer coronavirus en prisión, despertaron un efecto cascada: con el correr de los días se sumaron al pedido más de medio centenar de exmilitares en todo el país acusados de delitos de lesa humanidad.
En este informe el Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruyó, en exclusiva, cuáles son los exmilitares que quieren volver a sus hogares, en qué argumentos médicos se cimentan sus reclamos y cuál es la situación en las cárceles donde se encuentran recluidos en medio de la cuarentena obligatoria.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, que conduce la abogada María Ángeles Ramos, hubo 55 pedidos ante la Justicia de prisión domiciliaria por parte de exrepresores desde que se inicio la crisis por el coronavirus. Quienes solicitaron este beneficio van desde los más emblemáticos como Astiz y Etchecolatz hasta el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo “Sérpico”, Jorge “Tigre”Acosta hasta Mario “Churrasco” Sandoval, entre otros hasta nombres como Lucio César “Ronco” Nast y Ernesto Vallejo, entre otros.
Hasta el momento hubo respuesta afirmativa de la Justicia en once casos (siete en Mendoza, tres en La Plata y uno en Santa Fe) y seis fueron denegados (tres en Córdoba, dos en Mar del Plata y uno en San Martín, provincia de Buenos Aires). Pero aún se está evaluando el resto, según pudo confirmar el Equipo de Investigación.
Desde que el lunes 16 de marzo, cuatro días antes de que se iniciara la cuarentena obligatoria, se registró la primera tanda de pedidos de represores a la Justicia, hasta el viernes 20 se registraron más de medio centenar de presentaciones. Esto representa casi el 20% de los casi 300 criminales de lesa humanidad que encuentran tras las rejas. Por otra parte, ya hay 608 exmilitares que ya gozaban del beneficio de detención domiciliaria antes de la crisis del coronovirus. Porque 79 de ellos poseen más de 70 años.
Anticipan que pedirán prisión domiciliaria para mayores de 65
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los grupos de mayor riesgo al Coronavirus son los formados por personas de 65 años y aquellas que tengan enfermedades inmunodeprevisivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. Estas causas fueron las que impulsaron a los abogados defensores de los exmilitares a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que argumentan que en las cárceles “no está garantizada la salud” de sus defendidos.
El lunes 16 la defensora general de La Nación, Stella Maris Martínez, solicitó a través de la resolución 285 a las defensoras y defensores públicos penales y federales que presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad. Además le solicitó a Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, la adopción, con carácter urgente, de un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus Covid-19.
Por último, la Defensoría General de la Nación le pidió a los magistrados o funcionarios de todas las instancias a cargo de las Defensorías Públicas Oficiales Federales y en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia.
En ese contexto se produjeron los pedidos de Astiz y Etchecolatz, que terminaron alentando al resto de defensas a solicitar la misma medida. El Equipo de Investigación contactó a grupos de familiares de exrepresores y no descartaban realizar en los próximos días una presentación colectiva que incluya a muchos más acusados.
Según el abogado penalista Gonzalo Miño, defensor de seis exrepresores: “Es fundamental que la sociedad entienda que más allá de lo que pudo haber pasado, hay una cuestión humanitaria y sanitaria ante una pandemia muy grave que está ocurriendo. Cumplir la condena en una cárcel o en una casa hoy puede marcar la diferencia. El Servicio Penitenciario Federal no garantiza las condiciones mínimas ni la atención médica necesaria”.
Coronavirus: ¿quiénes son los más afectados y por qué?
El letrado representa a Lucio César Nast (68 años, en 2014 tuvo neumonía y posee un 30% menos de capacidad respiratoria); Ernesto Vallejo (68 años, hipertensión); Julio Héctor Fermoselle (70 años, cáncer de piel y próstata); ; Miguel Slattery (68 años, hipertensión y problemas cardíacos); Daniel Lucero (71 años, hipertensión y problemas en las tiroides) y a Alberto Jaime (73 años, hipertensión y tuvo Hepatitis E) a quién al cierre de esta nota el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe le brindó el beneficio y ya se encuentra en su domicilio.
Solicitud de prisión domiciliaria de Lucio César Nast
A Nast, Vallejo y Fermoselle se los acusa de secuestro y torturas a militantes políticos cometidos durante la última dictadura como miembro de la Patota de Feced, que operó en el centro clandestino del Servicio de Informaciones ubicado en San Lorenzo y Dorrego. A Jaime lo detuvieron en abril de 2019 por el homicidio de una militante montonera ocurrido en 1976, cuando se desempeñaba al mando de una columna del Destacamento de Inteligencia Militar 122. A Lucero lo condenaron a perpetua por el asesinato de una pareja de militantes y el secuestro y tortura de la hija mayor, una nena de 12 años, que fue ingresada al circuito de centros clandestinos de detención de la dictadura cívico militar y pasó por El Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada.
Solicitud de prisión domiciliaria de Ernesto Vallejo
Los pedidos de los abogados de los exmilitares ante la Justicia se amparan en los siguientes argumentos:
►Pertenecen al grupo de población de mayor riesgo ante el coronavirus.
►Según la OMS el 80% de las personas fallecidas por este virus son adultos mayores, y en especial hombres.
►El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la resolución 184/2019 declaró la emergencia carcelaria en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
►El SPF no está en capacidad de poder cumplimentar adecuadamente con los traslados de asistencia médica que requieren los detenidos, por falta de infraestructura como por la falta presupuestaria.
►Dichas unidades carcelarias no poseen los más mínimos elementos de limpieza así como de la obligatoria provisión de alcohol en gel o barbijos.
“He solicitado que a todos ellos que al darle prisión domiciliaria se le conecte el sistema de vigilancia electrónica, la tobillera. Muchos organismos de Derechos Humanos critican que podrían fugarse, por eso si quieren ponerle GPS, mejor”, añadió Miño ante el Equipo de Investigación.
Recomendaciones para adoptar en lugares de detención a raíz de la emergencia sanitaria, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura:
La cantidad de pedidos no sorprendió en el seno de Abuelas de Plaza de Mayo, en medio de la conmemoración de un nuevo aniversario por el 24 de marzo. “Todo esto es paradójico. Dentro de la población carcelaria los genocidas son los que mejor están en cuanto las condiciones de hacinamiento. Obviamente son una población de riesgo, pero el hecho de estar en la cárcel les asegura una protección mayor contra el virus porque no están en contacto con el exterior. Los controles que tendrían en una domiciliarias serían los controles más laxos. No hay personal policial disponible. Tampoco hay tantas tobilleras. No vemos una circunstancia que los exima de estar en la cárcel por los delitos más graves que se pueden cometer. Para los genocidas la cárcel”, aseguró Emanuel Lovelli, abogado de la organización defensora de Derechos Humanos, ante el Equipo de Investigación.
En la actualidad en las cárceles federales hoy hay 13.971 personas alojadas, con una sobrepoblación del 10%, y el grupo de riesgo frente al coronavirus sería entre 1.000 y 1.200 presos, según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por las protestas de reclusos comunes producidas en las cárceles, el SPF se encuentra elaborando un informe que clasifica según edad, condición o estado de salud de la población de riesgo de los detenidos.
Además, se conformó un Comité de Crisis conformado por el titular de la Dirección General de Régimen Correccional, la Dirección de Secretaria General, la Dirección de Sanidad, la dirección de Recursos Humanos, el departamento de informática, la Dirección General de Administración, todas áreas del Servicio Penitenciario Federal.
Damián Matosian, vocero del SPF, aclaró ante el Equipo de Investigación: “Se está dando respuesta a cada autoridad judicial de forma permanente con un término de no más de un día de recibido el pedido de informe. Ya contestamos más de 250 solicitudes de pedidos de domiciliaria de presos comunes”.
Por lo pronto, en el SPF aseguraron al Equipo de Investigación que se recargó a todo el personal de salud, y se cortaron las licencias por descanso anual a quienes son personal de salud. El vocero reconoció que “Hay un poco de deficiencia con el personal. Estamos con una reducción de personal preventiva (de las áreas administrativas) para reducir riesgos. La gente de seguridad, salud, y tratamiento Penitenciario está ciento por ciento abocada al protocolo”.
Por su parte, y en relación a los pedidos realizados por exmilitares, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la posibiliad de que se les otorgue el beneficio y solicitó un trabajo en conjunto y coordinado del Poder Judicial, que incluya al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Cámara de Casación Penal Federal y la Cámara de Casación Nacional, Procuración General ante la Suprema Corte y con la Suprema Corte. “La información que existe hasta el momento es que esta coordinación está resultando muy complicada y solo se trabaja en el caso a caso”, aseguraron desde el CELS para esta investigación.
El fallo de la Justicia en donde se habilitó a Jaime a cumplir prisión domiciliaria:
Las medidas solicitadas por el organismo de derechos humanos tienen tres objetivos en particular: 1) Disminuir la sobrepoblación y proteger a les detenides en riesgo; 2) Prevenir el contagio dentro de unidades penitenciarias y comisarías y 3) Evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos en riesgo.
Hace dos semanas, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, le concedió de manera “provisoria” la prisión domiciliaria a Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco, tres expolicías bonaerenses acusados del crimen del militante de Montoneros Horacio "Chupete" Benavidez. Un equipo de abogados platenses con la firma del periodista y letrado especialista en derechos humanos, Pablo Llonto, que representa a la familia de Benavidez, cuestionaron la decisión y presentaron solicitaron su nulidad.
En el escrito, al que accedió el Equipo de Investigación se advierte: "Es falsa toda argumentación de que no hay medida especial por la situación de hipótesis de riesgo para internos del SPF con edades mayores a 65 años. Las unidades penitenciarias del país han dado respuesta rápida a las medidas de prevención y que hasta ahora no se ha detectado ningún caso de coronavirus ni sospecha en ello en las cárceles argentinas”.
El Equipo de Investigación consultó sobre los motivos de tal decisión a Kreplak, pero el magistrado prefirió no realizar declaraciones. Todos los exprepresores se encontraban en prisión en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
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