Luego del fracaso de su iniciativa Yasuní-ITT para evitar la extracción de petróleo en la Amazonia ecuatoriana, Rafael Correa dio marcha atrás con su cruzada ambientalista y aprobó por decreto la explotación petrolera en la reserva natural del Parque Nacional Yasuní. La medida desató críticas de grupos ambientalistas y de las principales organizaciones indígenas del país.
En un discurso en cadena nacional, Correa anunció que pedirá a la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene 100 de 130 legisladores, que apruebe el decreto ejecutivo por el que autorizó las actividades de extracción de la petrolera estatal en las zonas protegidas del llamado “bloque 31”, que abarca los campos petroleros de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) y que fue declarado reserva mundial de la biósfera por la Unesco en 1989.
En 2008, Correa había propuesto en las Naciones Unidas dejar el crudo de Yasuní bajo tierra y evitar así las consecuencias de emitir 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases que causan el calentamiento global. A cambio de que el Estado ecuatoriano renunciara a los beneficios económicos de la extracción, el mandatario había solicitado a la comunidad internacional una compensación de 3.600 millones de dólares en 12 años.
De esa indemnización, Ecuador recibió apenas 13,3 millones de dólares en aportes concretos en seis años, lo que equivale al 0,37% del total que aspiraba a recaudar. “El mundo nos ha fallado”, se justificó el mandatario ecuatoriano al comunicar su decisión el jueves por la noche. “El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía”, insistió.
Los tres pozos de Yasuní, limítrofe con Perú, abarcan alrededor de 800 millones de barriles, lo que equivale al 20% de las reservas petroleras de Ecuador. Luego de la recaudación impositiva, el petróleo es la segunda fuente de financiamiento del Estado ecuatoriano. La Constitución de 2008 prohíbe la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas, aunque le otorga la opción al presidente de autorizarla bajo la figura del “interés nacional” y con aprobación del Congreso. Correa apeló a ese interés al asegurar que “el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de 18.292 millones de dólares”.
Correa intentó apaciguar las críticas de los grupos ambientalistas al asegurar que la actividad extractiva, cuyos primeros trabajos estarán a cargo de la estatal Petroamazonas, “no podrá desarrollarse en un área superior al 1% del Parque Nacional Yasuní”, cuya extensión supera el millón de hectáreas. Más tarde, en su perfil de Facebook, el mandatario se corrigió y dijo que había querido decir el 1 por mil.
En el Parque Yasuní, un espacio con altísima biodiversidad, existen 100 mil especies de insectos, 150 de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y 200 de mamíferos. En cuanto a la flora, 2.113 especies fueron identificadas pero se estima que deben existir unas 3.100. Yasuní es además el territorio en el que habitan los indígenas amazónicos waorani y otros clanes que viven en la selva virgen sin contacto con la civilización.
Los pueblos indígenas –que con apoyo de Correa litigan contra la petrolera estadounidense Chevron por daños ambientales en la Amazonia– son los principales opositores a la extracción en Yasuní. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, afirmó que “ahora les toca a todos los ecuatorianos defender Yasuní y a los pueblos (indígenas)”.
La Conaie, el mayor movimiento social del país, pidió convocar a una consulta popular para decidir si poner fin o no a la iniciativa Yasuní-ITT. Esa fue la consigna de una manifestación de ambientalistas que tuvo lugar el jueves frente al Palacio de Gobierno en Quito, mientras el presidente anunciaba su decisión. Cerca de allí, simpatizantes del gobierno defendían, resignados, el giro de Correa.
