El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, lamentó que el presidente catalán, Carles Puigdemont, haya decidido "no responder" al requerimiento sobre si declaró la independencia de Cataluña y le dio tiempo hasta el jueves para evitar una intervención.
El jueves de esta semana a las 10 de la mañana vence el segundo plazo que el Ejecutivo español le dio al líder secesionista catalán para revocar la declaración de independencia, en caso de que se hubiese producido, y volver a la legalidad.
"Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado", aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa. "El gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento”, agregó.
A través de una carta, Puigdemont pidió tener una reunión "lo antes posible" con Rajoy, para tratar de resolver el conflicto político.
"Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta", escribió el independentista catalán en respuesta a la pregunta del gobierno de Rajoy de si declaró o no la separación del gobierno central. "La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo" por lo que "durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazar a dialogar", sostuvo.
En una sesión parlamentaria confusa, el martes pasado, Puigdemont amagó con declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.
El presidente del gobierno español le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia.
Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobece la ley. En caso de que el gobierno catalán no responda a las advertencias del poder Ejecutivo central, Rajoy planea aplicar este artículo y suspender la autonomía de la región.
El polémico referendo de autodeterminación del 1 de octubre, sobre el que se basa Puigdemont, fue declarado inconstitucional por la justicia española. Sin embargo, pese a que no contó con las garantías habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido.
Puigdemont elaboró su respuesta en medio de una tremenda presión política y económica. Del 2 al 11 de octubre, 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.
Además, los más altos dirigentes de la Unión Europea también se pronunciaron contra una secesión unilateral, al igual que varios países latinoamericanos como México, Colombia y Chile.
