El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a 127 personas a penas que suman 1.916 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Son las mayores penas dictadas en la isla desde el Maleconazo de 1994, que nació y murió en La Habana y derivó en la crisis de los balseros durante ese verano.
Aquellos que enarbolaron ahora el lema Patria y Vida en desmedro del implantado desde la revolución de 1959, Patria o Muerte, fueron acusados de provocar disturbios y actos vandálicos en el fin de desestabilizar el orden público. Sólo dos de los 129 detenidos fueron liberados.
Durante el llamado 11-J, Miguel Díaz-Canel, tercer apéndice de una dictadura tan añeja como la contradicción, convocó a los suyos, “los revolucionarios”, a recuperar algo que creen que les pertenece: la calle. Nada peor para la izquierda que perder ese bastión. La calle, precisamente, estalló en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, por la falta de luz y, cual cortocircuito, hizo detonar la ira que electrizó a toda la isla por la crisis económica y sanitaria y la ausencia de un bien aún más preciado: la libertad.
Las causas que generaron las protestas
La suspensión del turismo por la pandemia y la consecuente inflación y escasez de divisas, alimentos, medicinas, insumos y subsidios empeoraron las cosas. Tanto que, a pesar de la represión emprendida por los boinas negras de la Brigada Especial Nacional y de civiles fieles a la dictadura, ganaron la calle.
La ira contenida subió un escalón respecto del Movimiento San Isidro. En noviembre de 2020, doscientos artistas, intelectuales y activistas se plantaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba contra el desalojo de jóvenes que habían hecho una huelga de hambre por la liberación del rapero Denis Solís.
La nueva generación de “revolucionarios”, la de Díaz-Canel, no tiene las espaldas de Fidel y Raúl ni cuenta con la adhesión internacional de tiempos pretéritos. Apela como resguardo a la prédica permanente contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, reprobado varias veces por la ONU.
Sólo Estados Unidos e Israel apoyan esa medida retrógrada, instaurada por John Kennedy en 1962. En la votación del 23 de junio de 2021, la resolución de condena al embargo obtuvo en la Asamblea General 184 adhesiones y tres abstenciones. Las de Colombia, Brasil y Ucrania. Una obsesión, atenuada con la inhibición de Barack Obama en 2016 por el restablecimiento de las relaciones bilaterales, resultó ser la excusa del régimen durante casi seis décadas para perpetuarse en el poder. Presión y sanciones que, en tiempos pandémicos, vuelcan balanzas como las de Argentina y México hacia la defensa de la oligarquía cubana, al igual que en los casos patéticos de Venezuela y Nicaragua.
El rol de Estados Unidos en el conflicto
La plataforma Archipiélago, liderada por el dramaturgo Yunior García Aguilera, trató de dar continuidad al clamor del 11-J con otra gran protesta, el 15 de noviembre. La policía, con ayuda de los boinas negras, tomó las calles y amedrentó y detuvo a los posibles participantes.
La Cámara Baja de Estados Unidos votó el fin de las relaciones comerciales con Rusia
Aquello que había logrado Barack Obama con su estrategia de apertura diplomática, de la cual participó como su ladero el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, derrapó durante el gobierno de Donald Trump. Tras la muerte de Fidel Castro en 2016 y el posterior retiro de su hermano Raúl como primer secretario del PC en 2021, Díaz-Canel, que ejercía como jefe de Estado desde 2018, tiene cuerda para rato. Hasta 2028, en principio.
En su primer año y monedas en la Casa Blanca, Biden no tuvo en cuenta a Cuba entre sus prioridades. Quizá porque la diáspora de un Estado bisagra, Florida, de peso económico y político, bendijo con el voto a Trump en 2020.
