En la entrada en vigor del nuevo tarifazo para el acceso a internet móvil en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la medida al sostener que "renunciar a ella sería acelerar el desplome del servicio". Las nuevas tarifas, que elevan el costo promedio mensual a 30 dólares, desataron una ola de críticas en diversos sectores sociales, especialmente el estudiantil, que consideró injustificada la decisión.
El ajuste fue anunciado anoche y ejecutado de inmediato. A través del podcast Desde la presidencia, Díaz-Canel reconoció que no se trató de una decisión deseada, pero sostuvo que el sistema de telecomunicaciones "está al borde del colapso". La única empresa proveedora del servicio, la estatal Etecsa, respaldó el argumento: el deterioro de la infraestructura, sumado a la caída del 77% de los ingresos en divisas desde 2018, haría inviable sostener los servicios sin esta suba.
La reacción estudiantil y la respuesta del régimen
La primera reacción pública llegó desde los colectivos universitarios, que denunciaron la exclusión que generan las nuevas tarifas. El paquete básico de 6 GB pasó a costar 3360 pesos (alrededor de 30 dólares al tipo de cambio oficial para personas físicas), un monto prohibitivo, ya que según Bloomberg, el salario mínimo ronda en los 90 dólares mensuales. Los usuarios advierten que la medida obliga a recurrir a familiares en el extranjero para recargar en divisas.
Aunque Etecsa ofreció una segunda opción de paquete básico a determinados grupos, como estudiantes, la medida fue rechazada por considerarse discriminatoria. La protesta derivó en amagues de paro en algunas universidades, aunque sin materializarse hasta ahora. La Universidad de La Habana, en tanto, advirtió: "Nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes con convocatorias totalmente alejadas del espíritu que ha animado los intercambios".
Díaz-Canel reaccionó con dureza y apuntó a lo que calificó como una "campaña de descrédito" contra el Gobierno. "Esta ofensiva pretende involucrar a los jóvenes cubanos y a nuestros estudiantes, inseparables del alma de la revolución, en una narrativa de odio", expresó.
Etecsa y la denuncia sobre las recargas paralelas
Tania Velázquez, presidenta de Etecsa, también salió a justificar la medida. Afirmó que numerosos equipos se encuentran "en riesgo inminente" de fallar y denunció que el sistema está siendo afectado por la caída de las recargas desde el exterior. Según detalló, este descenso se relaciona con lo que denominó el "secuestro de recargas internacionales": plataformas y particulares que operan con el dólar informal y ofrecen precios inferiores a los del monopolio estatal, que mantiene el tipo de cambio oficial de 120 pesos por dólar.
Velázquez advirtió que de no contar con nuevas inversiones —y estas, aclaró, solo pueden realizarse en divisas— el país enfrentará cortes parciales y potencialmente totales del servicio.
El economista Omar Everleny, profesor de la Universidad de La Habana, afirmó que "esto es casi una política neoliberal, con tarifas en aumento, salarios congelados y jubilaciones estancadas. No es solo cuánto cuesta la recarga, sino que no hay mejoras salariales desde 2021, con una inflación de tres dígitos. La gente ya no tiene dinero", remarcó.
El dilema: ¿sostener el servicio o mantener el acceso?
El Gobierno cubano parece enfrentar un dilema sin salida visible: por un lado, asegura que necesita dólares para evitar el colapso de sus redes de comunicación. Por otro, la presión inflacionaria y la devaluación del peso hacen que el acceso a internet sea cada vez más restringido para los cubanos.
Díaz-Canel, en su defensa pública, insistió: "Ninguna medida que limita beneficios agrada al Ejecutivo. Pero el deber del Gobierno es explicar la situación y actuar". Sin embargo, los sectores populares no parecen convencidos. Mientras las tarifas siguen en alza, el malestar por el acceso a uno de los pocos espacios de expresión en Cuba —el digital— se convierte en un nuevo frente de conflicto.
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