La Audiencia de Badajoz condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal consideró probado que fue beneficiado con la creación de un puesto "innecesario y vacío de contenido" en la Diputación de Badajoz.
La sentencia sostiene que David Sánchez y otros diez acusados participaron en un plan destinado a crear una plaza pública específicamente para favorecer su contratación en la Diputación de Badajoz. Según el fallo, el organismo provincial diseñó un procedimiento "ad hoc" que permitió adjudicarle un cargo como coordinador de los conservatorios de la provincia, puesto que posteriormente fue transformado en el de responsable de la Oficina de Artes Escénicas para adecuarlo a su perfil profesional.
Los magistrados señalaron que los criterios de selección fueron definidos cuando ya se conocían los currículums de los aspirantes, favoreciendo especialmente los méritos de David Sánchez y vulnerando los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público.
Por estos hechos, el tribunal condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La misma pena recibieron otros nueve acusados, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado a 18 años de inhabilitación al ser considerado responsable de dos delitos de prevaricación.
“Los acusados conocían la injusticia de la resolución y pusieron en marcha un plan urdido para lograr la contratación administrativa de los acusados como personal directivo. De tal manera diseñó un procedimiento ad hoc, dirigido a crear los puestos —inexistentes hasta entonces en el organigrama administrativo— cuya creación no era ni urgente ni necesaria”, remarca el fallo.
La Sala concluye que los procedimientos y controles fueron “puramente cosméticos” y que tanto la plaza que se adjudicó a David Sánchez como la que posteriormente se dio a Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y que hasta ese momento trabajaba en el Palacio de la Moncloa, se pusieron al servicio de fines particulares. Puestos, añade el fallo, costeados con fondos públicos para que ambos pudieran dedicarse “a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.
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El caso levantó polémica en España, ya que el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna el país, acusó a la oposición conservadora y ultraconservadora de impulsar una acusación contra el hermano de Pedro Sánchez basada en falsedades por motivos políticos.
Las presuntas maniobras para crear el puesto se iniciaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno en 2018 tras una moción de censura. Su hermano estuvo en el cargo al menos hasta principios de 2025.
La condena llega en un momento de creciente presión judicial para Pedro Sánchez, quien ya descartó adelantar las elecciones previstas para 2027. El caso de su hermano se suma a las investigaciones que involucran a dos de los principales dirigentes de su entorno político, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a la causa que enfrenta su esposa, Begoña Gómez, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias.
RM/LT
