El sábado 16 de noviembre, a miembros de una delegación de la Internacional Socialista les fue negado el acceso al recinto penitenciario militar de Ramo Verde, donde buscaban constatar las condiciones de prisión de líderes opositores venezolanos. Entre los prisioneros políticos retenidos en estas instalaciones se encuentra Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero, cuando se entregó a las autoridades del gobierno venezolano.
Ante la negación de ingreso a Ramo Verde, Viera Gallo –miembro de la delegación de la Internacional Socialista– declaró: “Nosotros hemos podido constatar, a pesar de que no nos han permitido entrar al recinto penitenciario, la situación de aislamiento en la que se encuentra Leopoldo López y los demás presos.” A su vez, afirmó que ha intentado comunicar “la preocupación de la Internacional Socialista a las autoridades del Gobierno venezolano” pero que “desgraciadamente, no hemos sido recibidos pese a formular numerosas peticiones al respecto.”
Esta denuncia de aislamiento de los prisioneros políticos se da dos semanas después de otra denuncia por parte de familiares de los presos. En dicha ocasión, se acusó a las autoridades penitenciaras de torturar a los presos arrojándoles heces y orina dentro de las celdas y negándoles agua y medios para higienizarse. En días recientes, Jesús Torrealba (secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática) dirigió una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en la que expresó que el “Poder Judicial en Venezuela no ofrece garantías de independencia. La politización de la justicia (…) se ha traducido en sanciones injustificadas constantemente impuestas a dirigentes de oposición.”
A medida de que las denuncias por violación a los derechos humanos continúan –y el gobierno venezolano hace oídos sordos a las mismas– debemos recordar que la comunidad internacional tiene una responsabilidad. Todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron por medio del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 con el principio de Responsabilidad de Proteger que establece en su primer pilar, la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. El segundo pilar, señala que ante la incapacidad o falta de voluntad de un Estado de proteger a su población, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de emplear todos los medios diplomáticos, humanitarios y pacíficos para ayudar a proteger a esas poblaciones de los crímenes mencionados.
En el caso de los presos políticos venezolanos vemos la encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, tal como describe el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad.
Es por esta razón que la cuestión de los presos políticos en Venezuela, y la persecución de la oposición en ese país, no solo es un problema interno. El gobierno venezolano no está mostrando señales de que vaya a asumir la responsabilidad que tiene ante su población. Es hora de que la comunidad internacional asuma la responsabilidad de exigir que se proteja a la población venezolana de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, y de los que pueden llegar a cometerse en el futuro si no se actúa de forma oportuna y eficaz para detenerlos.
Para ello es de suma importancia que se usen los medios diplomáticos disponibles, empezando por la presión internacional de los países de la región. Brasil, que busca consolidar su liderazgo suramericano no se puede mantener en silencio. Argentina, con su historial de violaciones a los derechos humanos, y sus recientes logros en dicha materia, no puede avalar la conducta del gobierno venezolano. La comunidad internacional debe expresarse de forma inmediata, sin matices ideológicos ni tretas políticas, y exigirle al gobierno venezolano que cumpla con sus responsabilidades.
*Analista internacional especializado en política externa, defensa, seguridad y derechos humanos.
