La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, integrado entre otros por Juan Grabois y Leonardo Pérez Esquivel, hijo del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunció desde La Paz que el nuevo gobierno, liderado por la senadora Jeanine Áñez e instaurado tras la salida del poder del presidente Evo Morales perpetró delitos de lesa humanidad. En concreto denunciaron "la naturaleza sistemática de estas violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de estado", por lo que la Delegación "considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad".
Advirtieron, sin embargo, que el grupo "no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del ministro de Gobierno Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles". "Anden con cuidado porque los estamos siguiendo", fueron las palabras que el ministro Murillo dijo para amenazar a la delegación argentina de organismos sociales y de Derechos Humanos.
Durante su estancia en Santa Cruz y La Paz, los integrantes de la delegación fueron perseguidos por las nuevas autoridades, según denunciaron el pasado jueves. En el aeropuerto de Santa Cruz fueron retrasados e interrogados por la Policía, y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes afines al líder cívico Luis Fernando Camacho.
En su informe la delegación apunta a "violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos" tras haber corroborado delitos tales como la "desaparición forzosa de personas", "situaciones de tortura en espacios públicos", "violaciones y delitos sexuales" y "falta de garantías procesales para los detenidos", entre otros crímenes que dan cuenta de "la situación de terror" con la que se encontraron.
La misión argentina manifestó contar con material probatorio del "apoyo explícito" de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. "Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho", indicaron. "Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y para desestabilizar al gobierno con mandato constitucional hasta el 22 de enero", agregaron.
A continuación, un resumen del informe de la delegación:
Masacres perpetradas contra población civil:
- Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
- Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.
Desaparición forzada de personas
- "Situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero".
Torturas, violaciones y delitos sexuales
- "Situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad".
- "El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población".
Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares
- "Una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos.
- "Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista".
Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
- "Irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales".
Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa
- "Numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas".
Represión de manifestaciones públicas
- "Diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo".
Restricción manifiesta de la libertad de prensa
- "Medios locales han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro".
Promoción del racismo y los discursos de odio
- "Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala".
Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
- "Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país".
Inacción y encubrimiento del poder judicial
- "El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia".
Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales
- "Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales".
D.S.
