Como si fuese un credo que alejara los peligros que amenazan a la presidenta, funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff repitieron en las últimas horas que la “estabilidad institucional” está garantizada. Los rumores de una presunta carta de renuncia firmada y guardada en un cajón del Palacio del Planalto y los pedidos de impeachment que tramitan en la Cámara de Diputados alteraron este fin de semana la agenda política brasileña. El escándalo del Petrolao, la crisis económica y el ajuste fiscal son los principales condimentos que ponen a la defensiva al Partido de los Trabajadores (PT), paralizado ante el temor a perder la calle.
Para revertir esa situación, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le pidió a su sucesora que viaje por todo el país para defender su gestión y que haga una reforma en el gabinete. Según publicó ayer el diario Folha de São Paulo, el ex sindicalista quiere incorporar al gobierno políticos “más representativos” de los partidos de la coalición aliada, para influenciar en las bancadas en el Congreso, copadas por los promotores del impeachment a Dilma. Para abordar ese tema, la jefa de Estado convocó hoy a una reunión de la mesa chica de su gobierno, donde evaluaría, a pedido de su vicepresidente Michel Temer, la salida del jefe de gabinete, Aloizio Mercadante.
Pese a que ambas cámaras son controladas por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la coalición oficialista, el gobierno teme que el diputado Eduardo Cunha y el senador Renan Calheiros motoricen los pedidos de juicio político. De ellos, el más peligroso es el primero, que rompió con el Ejecutivo, tras ser acusado por la Justicia por recibir presuntas coimas en el escándalo de Petrobras. “Cunha es un político divisivo y disruptivo. Sólo está interesado en defender sus intereses y los de su grupo político. Utiliza el célebre principio de que la mejor defensa es un buen ataque. Critica a Rodrigo Janot, procurador general de la República, y al gobierno para intentar librarse de las acusaciones de corrupción”, explicó a PERFIL José Álvaro Moisés, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo.
El próximo 16 de agosto la oposición convocó a una marcha para protestar contra la corrupción, que contará con la presencia del ex candidato presidencial Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). La fecha de la manifestación no es casual: el 16 de agosto de 1992 fue la “paseata” de miles de brasileños que sepultó al gobierno de Fernando Collor de Mello. Pese a que Neves confirmó que apoya la protesta, otros líderes del PSDB, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el senador José Serra, se manifestaron en contra del impeachment.
Al banquillo. El Lava Jato apuntó esta semana todos sus cañones contra los políticos acusados por la Justicia. José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, fue detenido y trasladado a Curitiba, acusado de ser el ideólogo del esquema de corrupción en Petrobras. Además, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá este mes si inicia una acción penal contra los 49 diputados y senadores acusados por el juez Sergio Moro. Por tener fueros, no pueden ser juzgados por el magistrado federal de Curitiba, sino que tendrían que ser acusados ante el máximo tribunal.
Independencia. Dilma reconfirmó ayer en su cargo a Janot, quien había cumplido un primer mandato como jefe de los fiscales. Ahora, el pliego del funcionario deberá ser aprobado por el Senado. Así, la mandataria envió una nueva señal de la independencia judicial que impera en Brasil, pese a que Janot acusó a decenas de legisladores oficialistas y opositores por participar del Petrolao.
En sus horas más difíciles, Rousseff evalúa reformar su gabinete y apuesta por la independencia de la justicia.
Qué pasaría sin Rousseff
El debate sobre la caída del gobierno de Dilma Rousseff está instalado en Brasil. Según estipula la Constitución de ese país, si la presidenta fuera destituida por un impeachment, asumiría su vicepresidente, Michel Temer, del PMDB. En caso de que él también fuera enjuiciado por el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, asumiría la primera magistratura. Sin embargo, el legislador no podría cumplir el mandato de Dilma, que se extiende hasta fines de 2018. Tendría que convocar en el plazo de noventa días a nuevas elecciones.
Si Cunha no pudiese ocupar el cargo, sería reemplazado por el presidente del Senado, Renan Calheiros, o por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Paradójicamente, Cunha y Calheiros son investigados por la Justicia por el Petrolao.
Si Dilma renunciara a su cargo, en cambio, no habría nuevos comicios, sino que asumiría Temer, quien estaría facultado para completar el período presidencial.
