El ex presidente del Parlamento Julio Borges, exiliado en Colombia, está con código rojo de Interpol. La medida se oficializó luego de la viralización de un video, difundido por el gobierno de Venezuela, en el que el parlamentario opositor detenido, Juan Requesens, señala que Borges le “pidió el favor” de ingresar al país a uno de los acusados del supuesto atentado contra Nicolás Maduro.
Detención. Requesens fue detenido el pasado martes, mientras el presidente Maduro lo acusaba en los medios masivos de estar involucrado en la explosión de dos drones en un acto que el presidente encabezaba. En una medida controvertida, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) levantó, el miércoles pasado, los fueros a Requesens y a Borges, un acto que rechazó el Parlamento, quien está facultado según la Constitución para allanar inmunidades de los parlamentarios.
“Es el cómplice necesario de la operación Juan Requesens, quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo a órdenes de Julio Borges, es por eso que hemos solicitado código rojo”, anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ya que el diputado se encuentra en Colombia.
En el video, el diputado de la Asamblea Nacional dijo que Borges le “pidió el favor” de ingresar al país a Juan Monasterios, detenido y acusado de coordinar acciones terroristas: “Me contacté con él, a través de la mensajería, yo estaba en San Cristóbal (fronterizo con Colombia) y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron (puso) en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta”, afirma.
El equipo de prensa del diputado denunció que fue sometido a “tratos crueles” para que pronunciara esa declaración. Las imágenes dejan entrever a un Requesens en actitud nerviosa e inquieta, quien añade que nunca tuvo “contacto físico” con Monasterios y que solo hizo, “a través de la mensajería, lo solicitado”.
Tras mostrar el material, el ministro de Comunicación reiteró que Jiménez es un “funcionario de la aduana del extinto gobierno de Juan Manuel Santos” y dijo que tienen registros de “infinidad de reuniones” entre Borges, a quien acusó de ser el autor intelectual del atentado y de querer crear una guerra civil, y el ex presidente colombiano. Asimismo, indicó que demostrarán que Requesens y Borges “están plenamente involucrados en el atentado, el primero como cómplice necesario y el segundo como autor intelectual”.
Denuncia. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el “secuestro” de Requesens. “Hemos entregado ante la representación de la OEA un documento donde denunciamos la violación de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y de Juan Requesens y el secuestro del diputado Juan Requesens”, dijo el legislador opositor Jorge Millán.
Atentado. El sábado pasado explotaron dos drones en un acto que encabezaba Maduro. El gobernante, quien aclaró que se trató de un atentado en su contra, acusó también de estar involucrado al entonces saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El Ministerio Público ya identificó a 19 personas, entre ellas se encontraba Requesens. Otros acusados son el coronel retirado Oswaldo García Palomo, Gregorio Yagua Monje, el funcionario de migración de Colombia Mauricio Jiménez y Gilbert Escalona, quienes estarían en Colombia.
Maduro cerca de perder la petrolera Citgo
Venezuela está a punto de perder a Citgo. Un juez estadounidense autorizó la incautación de la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en el país caribeño.
La decisión tomada por el juez federal Leonard P. Stark, con tribunal en Wilmington (Delaware), es la primera que autoriza la incautación de Citgo.
El fallo, que autoriza la incautación de acciones como paso previo a la venta, es recurrible por parte de PDVSA y los detalles y condiciones de la decisión aún no se han dado a conocer.
Sin embargo, la eventual incautación de Citgo implicaría para el Gobierno de Nicolás Maduro la pérdida de su principal activo en Estados Unidos.
Según apuntó The Wall Street Journal, la pérdida de Citgo pondría en peligro uno de los pocos mercados petroleros que generan beneficios a Venezuela: Estados Unidos.
En 2008, el ex presidente Hugo Chávez retiró las concesiones de Crystallex del yacimiento Las Cristinas, que contiene uno de los depósitos de oro más grandes del mundo, y se hizo cargo de las operaciones de esta y muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente.
La medida judicial agrava aún más la crisis económica de Venezuela.
