El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo a la prensa que sigue atentamente la segunda vuelta electoral de Brasil. "No quiero entrar en ese tema, pero estamos monitoreando", dijo ante una pregunta periodística.
Así, evitó expresar un apoyo directo a los contendientes, el actual presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva (Partido de los Trabajadores) y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).
A comienzos de octubre, una investigación del medio británico The Guardian había denunciado la injerencia de Trump en las elecciones brasileñas por medio de fondos para una campaña contra el Supremo Tribunal Federal.
La revelación periodística detalló que el Departamento de Estado de Estados Unidos destinó un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia a un programa denominado "Combate a la censura en Brasil". La Abogacía General de la Unión (AGU), el organismo público encargado de la defensa jurídica y el asesoramiento legal del Estado y del Gobierno Federal de Brasil, denunció que ese dinero financió de forma encubierta a organizaciones civiles locales vinculadas al bolsonarismo.El objetivo de la maniobra, según la presentación judicial, era restar legitimidad al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Tribunal Superior Electoral (TSE), los organismos de justicia que rigen las elecciones.
La Policía Federal de Brasil inició una investigación criminal por violación a la soberanía nacional.
Brasil denunció que Estados Unidos intentó "asfixiarlo" comercialmente
El frente económico también muestra fricciones. Durante este año electoral, la Casa Blanca aplicó aranceles de hasta el 25% a las importaciones de bienes brasileños. El Palacio de Planalto denunció la medida como un intento de asfixia comercial. En paralelo, Washington canceló visados y congeló activos financieros de magistrados del STF, con el foco puesto en Alexandre de Moraes.
Estas represalias llegaron tras el proceso penal que terminó con la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado de 2022. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó esas causas judiciales como una "persecución" de opositores.
La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) entregó un informe técnico a Lula en el que advierte sobre operaciones de interferencia extranjera. El documento identifica a Marco Rubio y a Darren Beattie —asesor de la Casa Blanca en asuntos latinoamericanos— como los planificadores del acoso institucional. Como respuesta, Brasil prohibió el ingreso de Beattie al territorio nacional para interrumpir sus contactos con el comando de campaña de Flávio Bolsonaro.
En el plano digital, el Partido de los Trabajadores acudió al Tribunal Superior Electoral para denunciar restricciones en las redes del grupo Meta. La auditoría partidaria constató que las cuentas de Lula sufrieron bloqueos para emitir pautas publicitarias, mientras que las de su rival funcionaron sin trabas. El TSE exigió explicaciones técnicas a la empresa tecnológica para descartar sesgos artificiales a favor de los intereses estadounidenses.
La política interna de Estados Unidos acusó el impacto de la crisis. Treinta congresistas demócratas y el senador Bernie Sanders enviaron notas de protesta a la Secretaría de Estado por la campaña de presión contra Brasil. La Casa Blanca rechazó los cargos, calificó las acusaciones de conspiración y atribuyó el ascenso de Flávio Bolsonaro al propio peso del electorado conservador local.
MB / VR
