El adolescente de 15 años que atentó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, en Colombia, y fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado este miércoles a siete años en un centro de reclusión para menores. Asimismo, la fiscalía informó que no será trasladado a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años.
Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia.
Un tribunal penal especial para estos casos juzgó al menor por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El joven aceptó los cargos a principios de agosto, por lo que “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, según notificaron las autoridades.
"Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor", escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera. "Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo", agregó.
El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de la capital colombiana. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.
Tras su asesinato, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, decidió tomar su lugar como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026. Con 79 años, se medirá en campaña con pesos pesados de su partido, como las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.
Señalan a la guerrilla
Mientras el caso es investigado por la Fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales, las autoridades capturaron a otras cinco personas. Dentro de este grupo se encontraba Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, el supuesto cerebro logístico del ataque.
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Al resto de los acusados, todos mayores de edad, los oficiales les reformularon sus cargos como homicidio agravado. De esta forma, la primera hipótesis de los investigadores señalan como participantes a una disidencia de la extinta guerrilla FARC.
El caso revivió los fantasmas de los peores años de violencia política. De 2016 a 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia, según el centro de investigación Indepaz.
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