Ya nadie con un mínimo de sentido humanitario puede disimular la despiadada masacre que sufre el pueblo de la Franja de Gaza. Un territorio de 363 km2, con una población de entre dos y tres millones de personas, de los cuales casi la mitad son menores de 14 años. Luego de aprobada la partición de Palestina en dos Estados, judío y árabe (ONU, Res 181/47) y tras la guerra árabe-israelí de 1948, el lugar se convirtió en un refugio para los palestinos expulsados o que escaparon de sucesivas guerras.
Ahora Israel continúa su implacable ofensiva militar sobre esa franja, codiciada por los comerciantes inmobiliarios. Jared Kushner, yerno de Donald Trump, elogió el potencial “muy valioso” de las “propiedades costeras” de Gaza (The Guardian, 18/3/24). Lo mismo piensa su suegro entusiasmado con la construcción de hoteles de lujo en esa zona de Medio Oriente, tal como se lo dijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
La familia Trump hace tiempo que considera al Medio Oriente como clave para sus negocios. The Trump Organization, actualmente a cargo de Eric y Donald, dos hijos del magnate, está desarrollando una residencia y complejo de golf en Omán. También tienen proyectos para Arabia Saudita y Dubai, en donde ya poseen un club de golf. Más allá de las inversiones inmobiliarias, ellos colaboran con judíos y sionistas cristianos, creyentes en cumplir con la voluntad de Dios transformando una región que consideran les ha sido dada: “desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates” (Génesis 15,18). Pero una parte significativa del grupo trumpista MAGA no piensa lo mismo; dicen America first, no Israel first.
Mientras esto ocurre, la única iglesia católica en la Franja de Gaza—Sagrada Familia, lugar de oración y refugio—fue atacada el 17 de julio con un saldo de tres muertos y varios heridos. Gabriel Romanelli, sacerdote argentino y párroco de dicha iglesia advirtió que, horas antes de la última ofensiva militar israelí, recibió una orden para evacuar todo el barrio. Al mismo tiempo día a día aumentan los muertos, heridos y la destrucción de la infraestructura al compás de la distribución de tiendas de campaña para reubicar a la población nativa.
La Declaración Balfour fue el comienzo del conflicto palestino-israelí
Tras la matanza de 1.200 israelíes, perpetrada por el grupo islamista Hamas el 7 de octubre de 2023, surgió un plan de Benjamín Netanyahu para ocupar la Franja de Gaza. Las acciones militares han llevado a innumerables ataques contra la población nativa, desoyendo las advertencias internacionales y a la Corte Penal Internacional (CPI). Este organismo emitió órdenes de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Sin embargo, pretender instaurar un derecho internacional humanitario en un mundo que está dominado por la ley primitiva del más fuerte, parece utópico.
La CPI, establecida por el Estatuto de Roma (1998), tiene competencia sobre los crímenes sólo si se cometen en el territorio de un Estado parte. Donald Trump, como presidente de EE.UU, salió en defensa del ministro israelí porque “la CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI”.
Aunque podría tener jurisdicción si es autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, EE. UU, Rusia y China, que no han suscripto el Estatuto. Entonces Netanyahu puede viajar seguro por el mundo sin ser detenido, lo protegen las grandes potencias.
La Guerra del Yom Kipur, bisagra del conflicto actual en Medio Oriente
¿Es posible una solución al conflicto de Gaza con la Autoridad Palestina? Edward Said, profesor y destacado escritor palestino, era muy escéptico, ya en 1998. “La AP es percibida básicamente como garante de la seguridad de Israel y sus colonos, y no como un organismo gubernamental legítimo, preocupado, al servicio de su propio pueblo” (Le Monde diplomatique, mayo 1998). El desprestigio local de la Autoridad Palestina explica porqué Hamas gobernaba en Gaza desde 2007.
Trump defiende a Netanyahu con el argumento de que Israel y EE. UU “son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”. ¿Qué leyes internacionales respetan? La democracia y la prosperidad económica no pueden justificar crímenes de lesa humanidad.
Aquí corresponden las palabras de Benjamin Ferencz, fiscal en los juicios de Nüremberg y artífice de la CPI: “hoy los estadounidenses tenemos que hacer un profundo examen de conciencia. El Estado de derecho está en peligro, al igual que nuestra credibilidad y prestigio en el mundo”.
