El impeachment es en Brasil un trámite parlamentario arduo y exigente, con un procedimiento que será revisado por la Corte Suprema. Si la oposición quiere apartar a Dilma Rousseff de la presidencia, necesitará por lo menos dos mayorías de dos tercios. Hoy por hoy nadie sabe cuántos diputados y senadores permanecerán leales al gobierno y cuántos se cambiarán de bando, como decidió esta semana la cúpula del PMDB.
Incluso en ese partido, las aguas están divididas. Mientras una parte mayoritaria anunció que deja la base aliada, seis ministros pemedebistas conservan sus carteras, liderados por el presidente del Senado, Renan Calheiros. “Para el Partido de los Trabajadores (PT) es fundamental revertir el efecto perjudicial que tiene la salida del PMDB del gobierno. Aunque nadie sabe cuántos son los votos que tienen, se calcula que le estarían faltando entre 40 y 45 votos para evitar que avance el proceso en Diputados”, explicó a PERFIL Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Clacso.
Para conquistar esas adhesiones, Dilma anunciará en las próximas horas una reforma de su gabinete, dándole más carteras y cargos a los partidos más chicos de su coalición, entre ellos el Partido Progresista (PP), de 49 diputados, y el Partido Republicano (PR), con 40 bancas. “Debe hacerlo con prudencia porque podría ser fuente de futuros pedidos de impeachment, si se llegara a comprobar que negoció votos por dinero”, afirmó Gentili.
Procedimiento. El proceso de destitución de la mandataria está en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que mañana tendrá su décima sesión. Luego escuchará la defensa de la jefa de Estado y tras cinco reuniones más emitirá un dictamen. Antes de fin de mes ese documento pasará al pleno, donde deberá tener dos tercios a favor para proseguir su trámite parlamentario. En una Cámara con 513 parlamentarios, la oposición tendría que sumar al menos 342 voluntades.
Si eso sucede, el proceso de impeachment, formalmente abierto, pasará al Senado. Con una mayoría simple –41 senadores sobre un total de 81–, se apartará por 180 días a Dilma del poder, mientras se la investiga. Tras esa investigación, tendrá lugar la votación final, donde sólo una mayoría de dos tercios puede expulsarla del poder.
Justicia. Si perdiese la batalla en el Parlamento, a Dilma aún le quedaría una bala de plata: los tribunales. “Creo que es difícil frenar el impeachment en el Parlamento. La vía que le queda al gobierno es la judicial en el Supremo Tribunal Federal”, agregó el académico desde Río de Janeiro. Allí, el PT cuestionará no sólo vicios del procedimiento en el trámite del juicio político, sino también supuesta la inexistencia de causas, es decir, de un crimen, para iniciar un expediente.
Los juristas oficialistas repiten que el impeachment que pende como espada de Damocles sobre la mandataria no es por la corrupción en Petrobras, sino por presuntas maniobras ilegales para maquillar las cuentas públicas y esconder el déficit fiscal.
Por estas horas, los parlamentarios especulan qué les conviene más: darle la última estocada a Dilma o vender caro su apoyo al gobierno. Por lo pronto, Folha de S. Paulo resumió ayer en el título de su editorial una frase que refleja el hartazgo de la población con la actual clase dirigente: “Ni Dilma ni Temer”.
