La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado a su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Al mismo tiempo, están acusados otros siete exfuncionarios, entre ellos su ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima desde principios de noviembre.
A través de una votación dividida, la condena quedó fijada por dos votos a favor y uno en contra, bajo el argumento de que el entonces mandatario se arrogó facultades que no le correspondían y actuó fuera de los procedimientos constitucionales. De acuerdo con el fallo, fue absuelto de abuso de autoridad y perturbación del orden público por falta de pruebas suficientes para sostener esos cargos en esta instancia judicial.
Desde el inicio de la sentencia, recibió una inhabilitación política de dos años y deberá pagar una reparación civil de 12.000 soles, según resolvió el tribunal competente. Los magistrados consideraron que el delito no llegó a consumarse por completo, lo que redujo el monto final de la sentencia pese al pedido inicial del Ministerio Público.
Lo cierto es que el maestro rural y sindicalista que llegó al poder en 2021, escuchó el fallo con calma junto a su abogado, según mostraron las imágenes oficiales del Poder Judicial. A partir de lo señalado, la Corte indicó que había sido detenido en flagrancia luego de anunciar la disolución del Congreso sin respaldo legal durante aquella jornada crítica.
A partir del juicio declararon exfuncionarios, jefes policiales y miembros de su escolta, quienes describieron las órdenes que recibieron y las circunstancias de la detención. Castillo continúa afrontando otras investigaciones por corrupción.
También, la exprimera ministra Betssy Chávez fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión, junto al ex primer ministro y jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres. La Corte Suprema ordenó una nueva búsqueda y captura, aunque Chávez permanece en la residencia diplomática mexicana mientras el gobierno interino de Perú, encabezado por José Jerí, aún no concede el salvoconducto para que pueda viajar.
Cómo fue el fallido intento de disolver el Congreso que terminó con la caída de Pedro Castillo
El fallido intento de disolver el Congreso se desencadenó el 7 de diciembre de 2022, en un clima de fuerte desgaste político para Castillo, quien enfrentaba su tercer proceso de vacancia presidencial desde que asumió en 2021. A media mañana, cuando el Congreso se preparaba para votar su posible destitución, el mandatario apareció en un mensaje a la nación que sorprendió incluso a su entorno más cercano y alteró totalmente la jornada legislativa.
Siendo las 11:40, anunció la disolución temporal del Congreso, la creación de un “gobierno de excepción” y la intención de gobernar por decretos ley. Justificó la medida afirmando que buscaba “restablecer el estado de derecho” ante lo que describió como un bloqueo institucional permanente. A la par, comunicó la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso constituyente, que tendría un plazo máximo de nueve meses para redactar una nueva Constitución.
Además, dictó toque de queda nocturno y pidió la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía y organismos autónomos.
El anuncio generó un estallido político inmediato: ministros de distintas carteras renunciaron en cadena al considerar ilegal la medida, y figuras de su propio espacio se despegaron públicamente. Allí, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional difundieron un comunicado conjunto en el que informaron que no respaldarían ninguna orden que contraviniera la Constitución, un gesto que dejó al presidente sin apoyo institucional.
Simultáneamente, el Congreso adelantó la sesión que tenía prevista para horas más tarde: 101 votos a favor, aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente”, una figura amplia que ya había sido utilizada en otros procesos contra mandatarios anteriores. La votación, realizada apenas minutos después del anuncio presidencial, selló su salida del cargo.
Acto seguido a la destitución, Castillo intentó dirigirse hacia la embajada de México, adonde buscaba asilo político, pero fue detenido por la Policía en plena vía pública. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, la vicepresidenta Dina Boluarte juró como nueva presidenta constitucional del Perú, marcando el inicio de una etapa que derivaría en extensas protestas.
Raúl Noblecilla: “En Perú la democracia no existe, la derecha rompe los procesos democráticos”
El episodio del 7 de diciembre puso fin a un gobierno que ya venía cargado de inestabilidad interna. En solo 16 meses, Castillo había cambiado más de 60 ministros y reestructurado por completo su gabinete en cinco ocasiones, una rotación inédita que debilitó su capacidad de gestión y alimentó la percepción de desorden institucional.
MV/DCQ
