Carme Forcadell está en la primera línea de batalla del independentismo. Militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es la presidenta del Parlamento catalán que votó la ley de convocatoria al referéndum de mañana. Por eso, fue imputada por la Justicia por prevaricación y desobediencia, tras incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. —¿Qué margen de participación consideran válido para declarar la independencia si triunfa el Sí? —Los organismos internacionales recomiendan no fijar ningún mínimo de participación, y se celebrará a partir de esta premisa. Aun así, estoy convencida de que va a haber una gran participación, puesto que hay una voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro en un referéndum. —¿Puede un referéndum celebrado en estas condiciones, con catalanes que no puedan votar y un fallo de suspensión del Tribunal Constitucional, darles de hecho la independencia? —Estoy convencida de que el domingo se va a poder votar en el referéndum. Habrá colegios electorales abiertos, urnas, papeletas y, sobre todo, colas de gente para votar. Y, sea cual sea el resultado, los catalanes habrán ganado. Nos hubiera gustado que el referéndum fuera pactado, y hasta 18 veces hemos intentado llegar a un acuerdo con los sucesivos gobiernos españoles, pero la respuesta ha sido siempre no al diálogo. Y los últimos años, además, judicializaron la política, utilizando tribunales politizados como el Constitucional para coartar la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de votar y decidir su futuro. —¿Teme ser encarcelada? —No. Evidentemente, es un escenario que no es nada agradable, pero no lo contemplo, no creo que el Estado español llegue a hacerlo. Y si lo hiciera, tampoco me movería ni un milímetro en la defensa del derecho de autodeterminación, de la libertad de expresión y del derecho de iniciativa de los diputados. Un conflicto político como el catalán se tiene que resolver con las urnas, pacífica y democráticamente. Y frente a esta voluntad, el gobierno español sólo opta por la represión. —Voces independentistas denunciaron “prácticas autoritarias y dictatoriales” del gobierno español. ¿Cree que la administración de Rajoy se asemeja al franquismo? —Lamentablemente, hay actitudes del gobierno español que recuerdan a épocas pasadas. Se están vulnerando derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de reunión. Cinco miembros de la mesa del Parlament estamos querellados por permitir que se debatiera sobre el referéndum. Se han prohibido actos políticos, cerrado cien páginas webs, entrado en redacciones e imprentas, interceptado correspondencia; se han detenido cargos del gobierno. Han lanzado una ofensiva antidemocrática muy grave.
