El escándalo judicial que acosa a la Casa Real preocupa enormemente al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aunque desde la oposición le reclamaron al Palacio de la Zarzuela que no condicione la causa judicial, ambas agrupaciones temen que la investigación judicial contra la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos de Borbón, afecte la estabilidad institucional y a la imagen de España, sumida en una profunda crisis económica y política.
El gobierno y la oposición española temen que el escándalo de la realeza ponga en jaque a una institución que fue garante de la transición democrática española.
Es que el rey Juan Carlos vive sus peores semanas desde que asumió el trono en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Por primera vez, el escándalo judicial protagonizado por su yerno Iñaki Urdangarín roza a alguien de sangre azul. En esta ocasión, la infanta Cristina, hija del monarca y séptima en la línea de sucesión, fue imputada por el juez José Castro por su presunta participación, junto a su esposo, en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude a la administración y malversación. Si prospera la acusación, que fue apelada el viernes por el fiscal Pedro Horrach, la mujer podría afrontar una pena de hasta diez años de prisión.
Aunque en 2011 el monarca había sentenciado que “todos son iguales ante la ley”, cuando Urdangarín era el único investigado por la Justicia, esta semana el Palacio de la Zarzuela expresó su “sorpresa” por la imputación de Cristina. Por el momento, hay 14 indicios que apuntan directamente contra su hija y que sugerirían que, por lo menos, el monarca sabía o sospechaba lo que sucedía en el Instituto Nóos. Según la investigación, Juan Carlos, a través del asesor jurídico real José Manuel Romero, ordenó, recomendó o aconsejó a Urdangarín que “abandonara determinados comportamientos”.
El periodista Javier Castro Villacañas, autor del libro El fracaso de la monarquía, cree que el monarca español enfrentará tiempos difíciles. “La Casa del Rey ha tomado partido en este procedimiento y, de cara a la opinión pública, desde este momento se unen los intereses de la monarquía con el horizonte penal de la infanta”, declaró a PERFIL desde Madrid.
Tanto es así que Juan Carlos consensuó con su hija quiénes serán sus abogados defensores. Para eso, eligió a Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución ibérica y amigo del monarca. “En el último Auto del juez Castro donde imputa a la infanta Cristina, afirma expresamente que las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos no se podrían haber realizado sin la colaboración necesaria de la Familia Real”, completó Castro Villacañas.
A pesar de la proclamada igualdad ante la ley, lo cierto es que la Constitución española protege a la Corona. El artículo 56 reza que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Es decir, no puede ser imputado. Sólo hay dos formas para que Juan Carlos, en caso de ser apuntado por el juez, sea citado: en caso de abdicar o si es inhabilitado por la Cortes Generales.
Por el momento, ese camino parece estar cerrado. Sin embargo, la Corona está sumamente desacreditada por el escándalo judicial del Instituto Nóos, la cacería de elefantes en Bostwana, la polémica asesoría en negocios del Estado de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein –señalada como presunta amante del monarca– y las abultadas cuentas de dinero no declaradas en Suiza
Por ahora, el rey no es requerido por la Justicia. Sin embargo, la crisis económica, política y social que azota a España puede tener consecuencias imprevisibles. De hecho, hace una semana, nadie imaginaba que una de las infantas fuera investigada.
