Caracas - El Congreso de Venezuela aprobó aumentar las atribuciones al Presidente de la República en la reforma constitucional en curso, entre nuevos debates sobre la restricción de derechos durante los estados de excepción.
El pleno del Congreso (unicameral) prosigue esta semana la tercera y última discusión del proyecto de 33 artículos presentado en agosto por el presidente Hugo Chávez. (Además de la modificación propuesta por Chávez, el Congreso incrementó a 68 los artículos modificados de un total de 350 con que cuenta la actual Constitución, del año 1999).
El Congreso se propone sancionar esta semana la reforma para someter el nuevo texto constitucional a referendo el 2 de diciembre, en medio de protestas de estudiantes, que este martes salieron nuevamente a las calles.
Entre las nuevas atribuciones presidenciales está: "Crear o suprimir las provincias federales, territorios federales, ciudades federales, distritos funcionales, municipios federales, regiones marítimas, regiones estratégicas y distritos insulares y ciudades comunales" y "designar y remover sus autoridades".
El mandatario podrá además "remover" a su vicepresidente, y también "nombrar" vicepresidentes para gobernar las nuevas regiones que decida crear.
El presidente podrá promover a "oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los grados y jerarquías"; "administrar la Hacienda Pública, las reservas internacionales, así como el establecimiento y regulación de la política monetaria".
El diputado Carlos Escarrá, miembro de la comisión presidencial que diseñó el paquete de reformas de Chávez, dijo que la reforma del artículo 236 sobre las atribuciones presidenciales "permite que el primer mandatario suprima las figuras contempladas a la ordenación del territorio".
Ricardo Gutiérrez, diputado del partido Podemos -que aportó más de 10% de los votos con los que Chávez fue reelecto en diciembre-, denunció que la reforma entrega "un poder desmedido al presidente".
Gutiérrez advirtió que Podemos --acusado por Chávez de "traición"-- considera que el proyecto de reforma "va más allá de los límites que se imponen en cualquier Estado republicano" y alertó que con esta iniciativa el Ejecutivo "subsume al resto de los poderes públicos".
Otra modificación (artículo 299), reza: "El régimen socioeconómico (...) se fundamenta en los principios socialistas, humanistas, de cooperación, de eficiencia, de protección del ambiente y de solidaridad (...) y una justa distribución social de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa, política, económica y de consulta abierta". Varios diputados leales a Chávez saludaron este cambio.
El diputado Regulo Hernández señaló que la reforma de este artículo establece que "ya no será el individualismo el que marcará la pauta en ese sector sino el colectivismo". Mientras, su par Simón Escalona indicó que es "una norma necesaria porque define el modelo de producción socialista".
Otro tema que ahora atrae la atención es la facultad del mandatario para "declarar los estados de excepción y decretar la suspensión o restricción de garantías en los casos previstos" en la Constitución, como los derechos a la información y al debido proceso judicial. Incluso el oficialista Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, se unió a organizaciones pro derechos humanos y solicitó a los diputados mejorar su redacción "atendiendo al principio de preeminencia de los derechos humanos".
Las Academias Nacionales de la Lengua, de Historia, de Medicina, de Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias y de Economía emitieron este martes un texto conjunto para advertor que el "camino legítimo" para una modificación limitada de la estructura y de los principios fundamentales de la Constitución "es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
"De lo contrario, se configura un fraude constitucional", argumentaron los académicos. La propuesta de Chávez "ha acentuado la división que sufre la sociedad venezolana", afirmaron.
Fuente: AFP
