El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado que aceptó la renuncia de un ministro y otros funcionarios de su gobierno por el caso relacionado con un pasaporte emitido a un presunto narcotraficante buscado internacionalmente. El golpe que significó para el gobierno el ocultamiento de información a la Justicia puso a la alianza oficialista en una inédita crisis interna, pero también generó un sacudón al sistema político en general.
Tras la renuncia de Francisco Bustillo como titular de la Cancillería, Lacalle Pou dio en la noche del sábado una conferencia de prensa para decir que aceptaba la renuncia del ministro y subsecretario de Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel, y el del asesor presidencial Roberto Lafluf, pedidas durante la semana por el opositor Frente Amplio. Heber, Maciel y Lafluf dejarán sus cargos a partir del lunes, explicó el mandatario.
El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció el miércoles pasado a su cargo, horas después de que se difundieran audios de una llamada realizada en noviembre del 2022, que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache, en los que le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. En los chats también describió a Marset como "un narco muy peligroso y pesado", según informó el medio uruguayo El Observador.
Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que no estaban en su celular.
El senador Guillermo Domenech, del partido derechista Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, consideró "obvio que si las explicaciones no convencen" habrá que "estudiar qué hacer", pero adelantó que la fuerza "está dispuesta a tomar medidas graves". "El juicio político requiere dos tercios del Parlamento. No es fácil obtener esa mayoría, pero el país, y no ya el sistema político, se merece explicaciones sobre lo que ha sucedido", juzgó Domenech.
Antes del regreso del caso Marset —por el que el año pasado Heber y Bustillo debieron ir al Senado, donde defendieron la entrega del pasaporte a Marset y rechazaron eventuales irregularidades y fue destituido un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil— el oficialismo se quedó sin uno de sus hombres claves en el Senado: Gustavo Penadés fue separado de la banca por las denuncias sobre el pago de favores sexuales a menores.
¿Cómo afecta esto a Lacalle Pou?
La investigación indaga en cómo Sebastián Marset, un presunto narcotraficante, recibió un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en los Emiratos Árabes Unidos por documentos falsificados, instancia en la que finalmente lo dejaron ir. Marset es buscado en Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos.
A pesar de su renuncia, Bustillo negó el viernes haber actuado mal y dijo que no sabía quién era Marset cuando se emitió el pasaporte. "Eso es para el Ministerio del Interior", dijo a periodistas, insistiendo en que el Ministerio de Relaciones Exteriores había actuado correctamente al emitir el documento.
Lacalle Pou, quien regresó de Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Biden, dijo que los funcionarios que renunciaron podrían defenderse en los tribunales. "Ese pasaporte debía haberse dado si o si. Nos guste o no", añadió, al afirmar que así lo permiten las leyes. El mandatario agregó que está "convencido de que el ministro del Interior" así como otros dos funcionarios no tienen "responsabilidad legal" por el otorgamiento del pasaporte.
En comunicación con la agencia Télam, el analista político Daniel Chasquetti explicó: “Estamos frente a una crisis política y también institucional. Política, porque afecta al menos a dos ministros, a sus inmediatos colaboradores, a uno de los dos principales asesores del presidente. E institucional, porque una de las acusaciones más graves tiene que ver con una especie de fraude procesal respecto a una investigación administrativa, en la que los ministros de Interior y Exteriores acordaron una estrategia para la interpelación que realizó el Frente Amplio en el Congreso”.
Según Chasquetti, "todo el mundo espera las aclaraciones" de Lacalle Pou, que hasta puede ser objeto de un juicio político. "La evidencia de Ache en la Fiscalía compromete al presidente. Su principal asesor actuó en nombre de él, llamó a una reunión, convocó a los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Interior para destruir pruebas y eso es muy complicado. El presidente estuvo en la reunión y luego se retiró. Y de acuerdo a las declaraciones, el asesor estaba en contacto permanente, llamándolo. Va a tener que explicar esto", remarcó el analista. "No hay que descartar esa hipótesis" del juicio, insistió.
ML / ED
