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Un tribunal especializado otorgar permisos puntuales

Escuchas del gobierno de Bush serán controladas

El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, lo admitió en un mensaje enviado al Congreso. Lasescuchasahora deberán ser aprobadas previamente por un juez. El programa de espionaje indiscriminado había comenzado en 2001.

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Washington - El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles que acepta que su programa de escuchas extrajudiciales, autorizado por el presidente George W. Bush para luchar contra el terrorismo, sea controlado por un tribunal especializado.

Un juez del Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera emitió el 10 de enero un dictamen que autoriza al Gobierno la interceptación de las comunicaciones de presuntos terroristas, explicó el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, en un mensaje enviado al Congreso.

Como consecuencia de ello, a partir de ahora y con el aval del Ejecutivo, todas las escuchas serán sometidas a la aprobación de este tribunal especializado en asuntos de espionaje, explica el secretario al Comité de Asuntos Judiciales del Senado.

"Pese a que, como hemos explicado con anterioridad, el programa de Vigilancia Terrorista cumple en forma plena con la ley, las órdenes judiciales que recibió el gobierno permitirán la necesaria velocidad y agilidad al tiempo que proveerá ventajas sustanciales", aclaró Gonzales.

"Bajo estas circunstancias, el presidente ha determinado que no volverá a autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista cuando el mandato actual expire", agregó Gonzales en una carta dirigida al demócrata Patrick Leahy, presidente del comité, y al republicano Arlen Specter.

El Gobierno siempre ha defendido la legalidad del programa de escuchas, que permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) controlar los mensajes telefónicos y electrónicos entre Estados Unidos y el extranjero sin mandato judicial.

El tribunal que supervisará en lo sucesivo las escuchas fue creado en 1978 a través de la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero, con el fin de aplicar las reglas fijadas por el Congreso en materia de espionaje telefónico.

Un juez federal ordenó en agosto la suspensión del programa y reprochó al presidente Bush que haya ignorado esa ley. El gobierno había apelado la resolución judicial. Mientras tanto, grupos de derechos civiles han criticado el programa, el cual fue revelado en la prensa en 2005 y generó una importante controversia.