“El momento más oscuro de la noche es el que está antes de amanecer”, disparó con tono bíblico Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, en rechazo a la ley que permite el aborto en España y que entró en vigencia hoy. En los albores de su aplicación, 600 personas se concentraron ayer frente al edificio del Tribunal Constitucional exigiendo que la justicia haga lugar a un recurso del Partido Popular (PP) y suspenda la medida.
Las españolas podrán ser intervenidas gratuitamente en un centro de salud público o deberán abonar la operación en uno privado. Las inmigrantes y turistas también podrán acceder a la interrupción de sus embarazos pagando 500 euros en los primeros tres meses de gestación y hasta 5 mil euros si están en estado más avanzado.
La nueva ley permite a las mujeres abortar en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto. Además, las jóvenes de 16 y 17 años deberán informar al menos a uno de sus padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que aleguen que esa comunicación les implique “un peligro cierto de violencia familiar, amenazas y coacciones”.
La nueva ley impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supone una ampliación de la norma aprobada en 1985, que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo sólo si había una violación y hasta 22 semanas en casos de malformaciones en el feto y riesgo para la salud física y mental de la madre.
