La nueva y polémica Ley que ha aprobado recientemente el gobierno de Mariano Rajoy en España, comienza a ser aplicada con severidad. La ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como “Ley mordaza”, por considerarse que limita al máximo la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, se ha cobrado la primera víctima.
Se trata de Eduardo Díaz, vecino de una localidad de Tenerife, Canarias, quien no podía creer cuando al abrir la puerta de su casa el pasado 22 de julio se encontró con una pareja de policías que le entregaron una denuncia por haber criticado a la policía local refiriéndose al cuerpo de seguridad como “casta de escaqueados”, a través de Facebook.
A Eduardo, su exabrupto online, le costó una multa cuya sanción varía entre 100 y 600 euros (aprox. entre 1.000 y 6.000 pesos). En la denuncia, se especifica que se contempla como infracción leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones".
El motivo por el que se ha impuesto, según los agentes, es haber "comentarios faltando al respeto y consideración al colectivo de la Policía Local de Güímar (localidad de Tenerife) a través de las redes sociales (Facebook)"
Más polémico aún es el contexto en que se ha vertido el comentario en cuestión, que la policía local considera ofensivo. Eduardo es miembro activo de un grupo que se dedica a criticar noticias locales en tono satírico y había escrito los comentarios presuntamente ofensivos seis horas antes de que la policía se presentara en su casa.
Los comentarios los realizó en el perfil de Facebook de la alcaldesa de la localidad, Carmen Luisa Castro Dorta, que pertenece al partido conservador PP, cuando ésta última anunciaba el traslado de la Policía Local al edificio del Patronato Municipal de Servicios Sociales y de éstos al Ayuntamiento. Una decisión con la que Eduardo decidió mostrar su desacuerdo: "La policía estará en un espacio muy grande, mientras que a Servicios Sociales los relegarán a un cuchitril", según comentó en una conversación al periódico español eldiario.es.
En el comentario que desató la ira del cuerpo de policía, Eduardo opinaba que "lo mejor para controlar a una 'casta' de escaqueados bien acomodados en convenios y estatutos es alejarlos del centro de poder. Sí señor. Qué grandes. Y para bordar la jugada les ponen un kioskito, con caipiriñas, hamacas y una piscina".
Eduardo, licenciado en Historia con Máster en Formación de Profesorado, califica la sanción de "locura" y añadió que suele hacer comentarios de crítica política parecidos, ya que siempre le ha gustado comentar las cosas que ocurren. "Es increíble que piensen que estoy alterando el orden público o poniendo en peligro la seguridad ciudadana, solo he expresado mi opinión" sostuvo.
La alcaldesa, por su parte, se ha limitado a defender a la policía: "El colectivo de la Policía Local ha tramitado la denuncia porque se ha sentido muy ofendido por un comentario hecho por un vecino de Güímar sobre la labor que está realizando", ha sostenido al periódico local.
La polémica ley viene a poner en duda el alcance de los derechos civiles y políticos en el país ibérico. Fue aprobada en solitario por el partido gobernante, el conservador PP, y entró en vigor en medio de múltiples protestas sociales. El pasado 24 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales tras el examen realizado a España, y entre los principales problemas detectados se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que destaca "el efecto disuasorio que puede tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica" e insta al Estado a revisarla.
