INTERNACIONAL
Amenaza latente frente a la costa de Somala

España no logra formar una fuerza internacional para proteger a sus barcos de los piratas

A tres meses del secuestro del “Playa de Bakio”, el gobierno español no logra la cooperación internacional que necesita para brindar seguridad a sus atuneros.

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| AFP

Los marineros de los 32 barcos pesqueros españoles que faenan en las cercanías de las costas de Somalía se sienten desprotegidos.

Es que a tres meses del secuestro de la embarcación “Playa de Bakio”, la seguridad en la región sigue brillando por su ausencia, mientras los barcos están a merced de los grupos de piratas que navegan las aguas de este rincón de la Tierra.

Al mar que baña las costas de Somalía la ministra de Defensa española, Carme Chacón, le dice “mar fallido”. Y pese al esfuerzo que puso en lograr que una fuerza internacional patrulle la zona, todavía no se ha logrado nada en este sentido.

En declaraciones a los medios, la Ministra reconoció ayer que pese a que España está haciendo “todo lo posible” para solucionar el problema antes de octubre, cuando finaliza la temporada de pesca, las posibilidades de lograrlo son muy bajas.

“Tres meses es un período corto en la escala de las decisiones internacionales”, advirtió Chacón.

Su homólogo francés, Hervé Morin, descartó que la colaboración entre España y Francia baste para lanzar una iniciativa para cubrir la zona más peligrosa (de alrededor de 3.700 kilómetros de extensión) y consideró que el proyecto no podrá llevarse a cabo sin una cooperación internacional.

Mientras tanto, “el ánimo de los marineros de los 32 barcos pesqueros españoles que faenan cerca de la costa de Somalía es muy bajo”, reconoció Juan Pablo Rodríguez Sahagún, gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores. “ Impera una sensación de desprotección”, agregó.

El barco “Playa de Bakio” fue secuestrado frente a la costa de Somalía el 20 de abril pasado. Los 26 miembros de la tripulación fueron liberados tras casi una semana de cautiverio. El gobierno español se negó a responder si había pagado rescate.